Las familias de Son Sardina emprenderán medidas legales por el caso Miquel Roldán
Desde el inicio de curso no llevan a sus hijos a la escuela porque no quieren que compartan espacio con Roldán, condenado por acoso a menores

PalmaLas familias del CEIP Maria Antònia Salvà de Son Sardina no se rinden. Este lunes es el cuarto día de huelga desde que empezó el curso, por protestar contra la presencia del docente condenado por acoso a menores, Miquel Roldán. La Asociación de Familias ha anunciado que se tomarán medidas legales para garantizar que sus hijos puedan regresar a la escuela y que lo hagan con seguridad. Fuentes cercanas a la entidad aseguran que, por ahora, no quiere precisarse qué estrategia se seguirá. En un primer momento, no se iría contra el docente, pero no se descarta. El pasado viernes las familias reclamaron que este lunes visitaran el centro tanto la presidenta del Govern, Marga Prohens, como el conseller de Educación, Antoni Vera. Por ahora, no han recibido confirmación.
En un comunicado, la AFA cuestiona el comportamiento del docente. "Conoce la alarma social que ha provocado su regreso y, aun así, decide ignorarla, esto hace que las familias implicadas se planteen recurrir a la vía judicial". "Para esto, ya hemos contactado con un despacho de abogados con el fin de evaluar las posibles acciones judiciales", explica.
Las familias insisten en que las medidas adoptadas por la Conselleria "son insuficientes y no protegen al alumnado del centro escolar". Educación ha enviado a un nuevo docente que asumirá la tutoría de sexto de Primaria, mientras que Roldán hará tareas de apoyo. "No se impide que el profesor condenado por acoso tenga contacto con los menores, ya que puede comunicarse con ellos dentro del centro escolar, así como tener acceso a sus datos personales, lo que le permitiría contactar con ellos por otras vías, tal y como ya hizo en el pasado", dicen.
En cursos anteriores, el docente protagonizó hechos "muy desagradables" tanto dentro como fuera de las instalaciones del centro escolar, de los que tiene constancia la inspección educativa y la Conselleria. "Las familias de los menores implicados, en su momento, decidieron proteger a los niños y desistieron acudir a la vía judicial para evitar que tuvieran que someterse al proceso judicial". "La insistencia del docente de volver al CEIP Maria Antònia Salvà es interpretada por las familias "como una provocación clara, que se ve confirmada por las publicaciones aparecidas en las redes sociales, y que causa una gran preocupación a todos los implicados", añade la AFA.
En declaraciones a IB3, el conseller ha remarcado que es Inspección Educativa la que hace un seguimiento del caso y que "los movimientos" que puede realizar la Conselleria "siempre están a instancias de Inspección Educativa". Vera recordó que en febrero remitió cartas a los ministerios de Juventud e Infancia, Educación y Formación Profesional, Hacienda y Función Pública y de Trabajo y Economía Social para exponer la situación y solicitar cambios en la ley, pero "el Ministerio de Educación nos contestó y dijo claramente" que no se modificará y que este docente debe ejercer.
Según ha declarado, la Conselleria debe garantizar que las sentencias judiciales se cumplen y, en este caso, la decisión judicial sobre Roldán no contempla su inhabilitación como docente. "Este caso viene de la legislatura anterior, no es de esta legislatura", ha añadido antes de insistir en que su Conselleria no puede inhabilitarlo y, por ello, han adoptado medidas preventivas, tal y como hicieron durante el curso pasado en el centro de Pòrtol en el que estuvo destinado.