Un juzgado de Manacor investiga las naves comerciales en rústico que el Ayuntamiento de Campos consintió

PalmaEl Juzgado de Instrucción número 1 de Manacor investiga desde hace meses el caso de las naves comerciales e industriales que durante años operaron en Campos sin la preceptiva licencia. Algunas de estas naves se encontraban en suelo rústico o en terrenos no calificados para uso industrial, en contra de la normativa urbanística municipal y autonómica. Aún así, abrieron durante años sin que el Ayuntamiento de Campos actuara para poner orden.

Por este motivo, la Fiscalía Anticorrupción formuló una querella tras estudiar el caso durante más de un año y apreciar "indicios de delito". Ahora, la justicia intentará averiguar si realmente existía una trama y, sobre todo, si Campos miraba hacia otro lado en vez de tramitar las correspondientes denuncias por el uso comercial de infraestructuras en suelo rústico.

El caso llegó a la Fiscalía procedente de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Islas Baleares (OAIB), que la estudiaba desde 2022, tal y como explicó el ARA Baleares. En un informe demoledor, la OAIB aseguraba que el Ayuntamiento de Campos no había actuado y había consentido la proliferación de naves en rústico en la entrada del pueblo y que operaban como establecimientos comerciales, una actividad que la normativa prohíbe específicamente.

Al menos 18 establecimientos operaban sin autorización y dos talleres habían hecho ampliaciones ilegales. Sin embargo, las inspecciones municipales previas indicaron, al parecer falsamente según las informaciones de la OAIB, que se trataba de almacenes sin actividad comercial, una contradicción que levantó sospechas de falsedad documental y prevaricación urbanística.

Aunque, cuando se conoció el caso, todas las miradas apuntaron a Sebastià Sureda, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Campos entre 2015 y 2019, quien tuvo que dimitir como director general de Emergencias del Gobierno al estallar el escándalo, de momento. La Oficina le vinculaba a la trama para permitir o no impedir que las naves funcionaran sin licencia. Para justificar su inacción, l'Ayuntamiento de Campos admitió que había consentido estas prácticas de algún modo. Anticorrupción reclamó información a varios técnicos municipales y exconcejales, pero, de momento, lo único que figura como investigado formalmente es un policía local de Campos.

Hay que recordar que el Gobierno del PP, con el apoyo de Vox, promovió el cierre de la Oficina Anticorrupción por considerar que no era una prioridad y que su labor suponía una duplicidad. La decisión se tomó, precisamente, cuando ese caso apareció en los medios de comunicación.

El caso ocurre en la Fiscalía en 2023

El caso se remitió en 2023 a la Fiscalía Anticorrupción de Baleares por diligencias preprocesales —este organismo confirmó en abril de 2024 que la investigación seguía abierta. Mientras, el pleno del Ayuntamiento de Campos aprobó en mayo de 2024 una modificación puntual de las normas subsidiarias para avanzar la regularización de las naves y del suelo, que fue aprobada por la Comisión Insular de Ordenación del Territorio en junio siguiente. Esta medida suscitó mucha polémica, ya que el grupo socialista acusó a PP y Vox de "urbanismo a la carta" para legalizar actividades previamente irregulares.

Según juristas consultados por el ARA Baleares, este caso pone de relieve "la importancia de controlar correctamente las actividades industriales y comerciales", ya que el formato de nave agrícola ha sido un "colador" de actividades en diferentes términos municipales, en cuyo marco también "se han consentido infinidad de chalets construidos en 3 años que está en la administración municipal.

Ahora, en función de lo que se pueda acreditar judicialmente, se esclarecerá si finalmente hubo algún trato de favor a empresarios por parte del Ayuntamiento de Campos o si, en todo caso, hubo una dejadez intencionada de funciones. Sobre todo, se averiguará si algún funcionario o político municipal debe responder de estos hechos.