El Gobierno investiga pagos indebidos de hasta 2,4 millones en la renta social garantizada

PalmaEl Gobierno ha detectado posibles pagos indebidos de la Renta Social Garantizada (RESOGA) que podrían situarse entre 1,6 y 2,4 millones de euros, importes que los beneficiarios tendrán que devolver a la Administración. Así lo ha explicado la consejera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, durante la presentación las principales conclusiones de la auditoría interna sobre esta prestación (iniciada en 2023) y de una primera revisión de más de 4.000 expedientes correspondientes al sistema de gestión RESOGA 20. ~BK_S_ la consellera ha recordado que ya se detectaron pagos indebidos por un total de 211.000 euros tras un cribado masivo de datos y la revisión de más de 2.300 expedientes en diciembre de 2022. Fernández ha subrayado que "la gravedad no es que se suspendiera los pagos, sino que no se notifica". así la gestión del anterior equipo de gobierno. También ha puesto en cuestión la figura de la declaración responsable, que considera inadecuada para esta prestación debido a la responsabilidad que implica para colectivos vulnerables, muchos de los cuales desconocen el funcionamiento de la Administración. Según ha dicho, el Gobierno anterior suspendía las ayudas, pero después no revisaba los expedientes y, por tanto, no sabía si era necesario reclamar dinero cobrado de forma indebida por parte de algunos beneficiarios.

Por su parte, el portavoz de MÁS en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha defendido la labor de la exconsejera de Asuntos y Deportes del Pacto, Fina Santiago. Explicó: "Desde el momento en que la persona solicita la ayuda y se evalúan sus requisitos, se le otorga, ya que es necesaria para su subsistencia y no se puede esperar que acaben todos los procedimientos. Posteriormente, se revisa que los requisitos se hayan cumplido correctamente". En algunos casos se pueden detectar disfunciones y proceder al retorno de los importes recibidos indebidamente. El proceso de revisión fue iniciado por Fina Santiago. "Siempre que se hayan concedido ayudas de forma indebida, se debe garantizar la devolución del dinero" ha defendido. Al ser pedida por estas declaraciones, Fernández insistió: "El problema es que no lo revisaban."

Pendientes del final de las auditorías

La consellera ha añadido que todavía no se puede concretar exactamente cuántas personas se verán afectadas, puesto que el titular del expediente no siempre coincide con el número final de beneficiarios. La revisión y notificación de los expedientes irregulares ha sido una de las primeras medidas impulsadas por el departamento después de que el Govern tomara posesión en el verano de 2023, junto con el encargo de una auditoría para analizar la situación tras el "caos" detectado.

Entre las principales conclusiones de la auditoría, Fernández ha señalado irregularidades "estructurales acumuladas durante años", como:

• Gestión informática deficiente y poco adaptada a las necesidades actuales.
• Mala conexión con otras administraciones, que dificultaba el cribado y control de datos.
• Suspensiones de expedientes sin notificación, lo que generaba inseguridad jurídica.
• Pagos indebidos prolongados en el tiempo.
• Cobros fuera de Baleares por falta de control de residencia.
• Pagos a personas sin NIE, detectados ya en un informe de 2021 de la Dirección General del Tesoro.

Para abordar estas deficiencias, el Govern prepara una nueva instrucción general que recoja todas las recomendaciones de la auditoría y clarifique los procesos. También se redactará un manual de gestión integral para el personal y una guía para otras administraciones y entidades, con información clara, fiable y unificada. Antes de fin de año se pondrá en marcha el plan anual de revisión, que hasta ahora no se había ejecutado. Paralelamente, se está desarrollando una nueva aplicación de gestión informática más completa, con más funciones y vinculada a la historia social única, que permitirá un control más eficiente de los expedientes. El Gobierno revisa cada expediente individualmente con un nuevo sistema de control y equipo reforzado de hasta 47 personas dedicadas exclusivamente a la gestión de la prestación, con el objetivo de compensar las deficiencias del sistema informático anterior.

Fernández ha recordado que el Govern tiene la intención de impulsar modificaciones legislativas si obtiene los apoyos necesarios en el Parlament. Entre las propuestas se encuentran volver a los tres años de residencia mínima para acceder a la prestación, eliminar la exigencia de denegación previa del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y clarificar los requisitos de acceso. También se quiere ampliar el plazo de resolución de las solicitudes a seis meses, con el fin de desbloquear la revisión de los expedientes y evitar un colapso del sistema. Por último, la consellera ha anunciado que ha solicitado comparecer en comisión parlamentaria para dar cuenta de la gestión de la prestación y explicar detalladamente las medidas adoptadas para garantizar su correcta administración.