El gobierno español no cambiará la ley para evitar casos como el de Miquel Roldán

La escuela de Son Sardina sigue vacía como protesta y los padres no han llevado a los niños por segundo día consecutivo

Miquel Roldan en una imagen publicada en su perfil de Facebook
ARA Balears
11/09/2025
3 min

PalmaEl consejero de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha explicado que el gobierno español no prevé cambios legislativos para evitar que un profesor condenado por acoso a un exalumno pueda ejercer. Esta polémica surge después de la problemática que se vive en la escuela Maria Antònia Salvà (Son Sardina)donde Miquel Roldántiene plaza como interino y los padres se han negado a llevar a sus hijos como símbolo de protesta.

Según ha expuesto Vera, el pasado febrero (cuando ya se vivió una polémica similar por el mismo docente en el CEIP Gabriel Janer y Manila) remitió cartas a los ministerios de Juventud e Infancia, Educación y Formación Profesional, Hacienda y Función Pública y de Trabajo y Economía Social para exponer la situación y solicitar cambios en la ley. Hasta el momento, según detalló el conseller en una rueda de prensa, sólo recibieron respuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes donde le aseguran que no contemplan ninguno de los cambios reclamados.

Concretamente, la Conselleria de Educación solicitó una ampliación de los delitos recogidos en la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia para delimitar los requisitos para el acceso a profesiones, oficios o actividades que impliquen contacto habitual con menores. En su respuesta, el Ministerio que dirige Pilar Alegría asegura que comparten la "gravedad" del asunto y entienden la inquietud en la comunidad educativa y las familias, pero no proponen ningún cambio ni modificación para resolver el caso.

Así, apunta que la sentencia no contempla una pena de inhabilitación para ejercer profesiones con menores y, en consecuencia, la legislación vigente "no permite adoptar medidas que impidan al docente continuar con su actividad profesional en este momento".

Sin embargo, Antoni Vera ha detallado que el Ministerio de Educación se ha comprometido a estudiar "con el máximo rigor" este tipo de situaciones, priorizando la protección de los alumnos menores de edad.

La Conselleria de Educación no puede inhabilitarlo

El conseller ha remarcado que la Conselleria "no tiene potestad" para inhabilitar al docente y que "lo único que puede hacer" es implantar medidas preventivas, al igual que se hizo el curso anterior en otro centro. Así, recordó que el docente condenado siempre está acompañado por otro profesor en el aula, que no tiene tareas de tutoría y que Inspección Educativa realiza una visita en el centro cada dos días.

Igualmente, Vera ha señalado que cuando salió la sentencia la Abogacía de la Comunidad Autónoma solicitó al juez la inhabilitación para la labor docente, pero fue denegada.

Por otra parte, ante la preocupación de las familias, la Conselleria activó la mesa paritaria de prevención de riesgos laborales, en la que se debatió el caso concreto y no se obtuvo la mayoría absoluta necesaria para actuar. "Estamos con las manos atadas porque si por un lado la mesa paritaria no nos apoya y, por otro, en el ámbito judicial nos dicen que no podemos inhabilitar, nosotros no tenemos más armas", ha expuesto el conseller.

Hay que recordar que el CEIP Maria Antònia Salvà sigue vacío como protesta y que los padres ya han adelantado que tampoco llevarán a sus hijos a la escuela este viernes. La solución que dio el pasado año la Conselleria de Educación cuando estalló el caso en el CEIP Gabriel Janer y Manila fue contratar otro docente que "vigilaba" a Roldán durante su horario de clase con los menores.

El CEIP Maria Antònia Salvá de Son Sardina (Palma), sin alumnos el primer día de curso por la protesta de los padres

Los padres de la escuela de Son Sardina, sin embargo, han asegurado que "no se conforman" con esta actuación y que no quieren que Miquel Roldán siga ejerciendo la docencia. De hecho, en una carta que remitieron a la Conselleria para denunciar la presencia del profesor, aseguraron que sus hijos tienen "derecho a crecer y aprender en un entorno protegido y libre de riesgos". También añadieron que hay antecedentes judiciales "suficientes" que harían incompatible su labor docente, y remarcaron que consideran que "no es admisible" que una persona con este historial esté en contacto diario con menores en un aula.

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