Los muchos motivos por los que no podemos salvar las casas de los abuelos

PalmaLa pregunta que una joven se hizo después de ver cómo la casa de su abuela, en Son Espanyolet, era derribada para hacer una nueva construcción en manos ajenas es, en realidad, una pregunta colectiva, de país. “¿Por qué no he podido salvar la casa de la abuela?”, se preguntaba. Su lamento podría ser el de miles de personas de otros barrios y de muchos pueblos y ciudades de las Islas. ¿Por qué cada vez más familias no pueden conservar las casas que han formado parte de su historia?

La respuesta no es simple ni única. Es multifactorial. Es cierto que las Islas reciben una enorme cantidad de capital extranjero dispuesto a invertir en vivienda o a comprarse una parte del paraíso. Es un factor importante, a menudo determinante, pero no basta para explicar lo que pasa. Ha habido una escalada desbocada de los precios de la vivienda. Especialmente con la expansión del alquiler turístico, las casas han dejado de ser un lugar donde vivir para ser un negocio. Y quien necesita una vivienda para vivir queda expulsado de un mercado cada vez más inaccesible.

A este fenómeno se añade una realidad generacional. Las parejas que pudieron comprar las casas surgidas de la gran expansión urbanística de los años 60 y 70 se van muriendo. Los hijos, a menudo dos, tres o más, tienen que repartirse la herencia, el patrimonio familiar. Pero con los precios disparados, demasiadas veces ningún miembro de la familia puede asumir el coste de comprar la parte de los otros. Y la casa se acaba vendiendo.

Aún hay otro elemento: la desprotección patrimonial. Muchas casas con un cierto valor arquitectónico –también las humildes– no han sido nunca incluidas en catálogos municipales de protección, si es que existe este catálogo.

Todos estos y muchos otros son factores que nos definen como sociedad. El cambio de manos de las casas familiares siempre ha existido, lo que nunca había pasado era que después no se pudiera acceder a otra vivienda. Pero, en todo caso, los factores no son fruto del azar, sino de decisiones políticas, económicas y urbanísticas acumuladas durante décadas. Por eso mismo, la regulación pública es ahora tan necesaria. El Gobierno de Marga Prohens debería declarar las Baleares zona tensionada. Lo es. Esta figura permitiría empezar a aplicar medidas para limitar, al menos, la escalada de los alquileres. El problema, sin embargo, supera también el ámbito autonómico. El Estado y la Unión Europea deben entender la dimensión de la emergencia de vivienda que viven las Islas. También deberían reconocer sus singularidades: la desproporción extrema entre sueldos y precios de la vivienda y la presión inmobiliaria global.

El gran riesgo ahora es acabar asumiendo como normal que las Islas sean un lugar excelente para invertir, pero que cada vez sea más difícil vivir en ellas.