Trabajar y no llegar a fin de mes: el fracaso que no podemos normalizar

Nos habían prometido que si estudiábamos, trabajábamos y hacíamos las cosas 'bien', saldríamos adelante. Que viviríamos con una cierta seguridad. Pero esta promesa hace tiempo se rompió. Y hoy, en las Illes Balears, ya no hablamos solo de precariedad: hablamos de un empobrecimiento generalizado.

Este 1.º de mayo llega con una realidad que incomoda: trabajar ya no garantiza vivir dignamente. Y no solo afecta a los más vulnerables, sino también a una clase media que se ve arrastrada hacia abajo, atrapada entre salarios que no crecen y un coste de la vida que no deja de subir.

La palabra que lo explica todo es encarecimiento. Las familias destinan hasta un 65% de sus ingresos a necesidades básicas, y la vivienda se ha convertido en el gran motor de desigualdad: el alquiler se ha disparado un 77,6% en una década. Este es el núcleo del problema: no es que la gente no trabaje, ni siquiera que no haya trabajo. Es que trabajar ya no basta.

La fractura social es cada vez más evidente: los que viven de su trabajo, tanto asalariados como trabajadores por cuenta propia, y los que viven del trabajo de los demás. La mayoría pierde poder adquisitivo año tras año; una minoría acumula rentas y patrimonio a gran velocidad.

Los directivos de grandes empresas cobran más de 100 veces el salario medio de sus trabajadores, y esta brecha no deja de crecer: en 2025 los sueldos de los directores generales aumentaron 20 veces más rápido que los de los trabajadores.

Al mismo tiempo y íntimamente ligado a esto, el 15% de las compraventas de viviendas en las Baleares las realizan empresas o personas jurídicas, uno de los porcentajes más altos del estado español. Además, la acumulación de inmuebles crece entre los que ya tienen patrimonio, mientras que el acceso a la propiedad para los hogares medios se dificulta. El espejismo de los abuelos que trabajan toda una vida y pueden comprarse una casa forma parte del pasado.

Esto no es solo desigualdad, es un cambio de modelo. Un modelo donde la riqueza se concentra cada vez más, de forma más especulativa y poco productiva, mientras el valor del trabajo se diluye. Y en las Illes Balears esto se agrava por una realidad propia: el monocultivo turístico, que presiona los precios de la vivienda, estacionaliza la ocupación y concentra beneficios en pocas manos.

No es casualidad tener récords de ocupación y, al mismo tiempo, gente que no puede pagar el alquiler. Ni que crezca la economía mientras aumentan los trabajadores pobres. No es una disfunción puntual: es el resultado de un modelo que prioriza el volumen por encima del bienestar.

Por eso, hablar de salarios es imprescindible pero insuficiente. Necesitamos un salario mínimo adaptado a la realidad de las Islas y capaz de compensar el coste de la vida. Pero, sobre todo, necesitamos poder decidirlo.

Porque el salario mínimo isleño no es solo una cuestión económica, sino democrática. Fijarlo desde una realidad centralista ignora una evidencia: vivir aquí es mucho más caro. Cuando el coste de la vida es estructuralmente superior, un salario mínimo uniforme no es neutral, es profundamente injusto.

Los datos lo dejan claro: en 2023 el salario medio bruto anual era de 24.313 € (con un 10% por debajo de los 2/3 de esta cifra), mientras que, según CCOO, cubrir necesidades básicas supone 27.066,65 € en Mallorca, cifra que se dispara hasta los 34.585,36 € en Ibiza y los 36.850,79 € en Formentera. Trabajar y no llegar: esta es la contradicción central.

Un salario mínimo propio permitiría empezar a corregir esta distorsión: adaptar salarios a la realidad insular y garantizar que el trabajo sirva para vivir. Y también tiene un efecto de arrastre: cuando sube el suelo, sube todo. No es solo una medida social, es una herramienta de transformación económica.

Porque también es esto: una cuestión de modelo productivo. Apostar por salarios más altos es apostar por una economía que no compita en precariedad, sino en calidad. Es exigir más valor, más responsabilidad y menos dependencia de los bajos costes.

No se trata solo de repartir mejor, sino de decidir mejor.

Necesitamos, en definitiva, soberanía para garantizar dignidad. Porque lo que está en juego no es solo la economía, es el modelo de sociedad. O continuamos aceptando una realidad donde trabajar no basta y la desigualdad crece, o asumimos que esto no es inevitable.

Porque no lo es.

Es una consecuencia de decisiones. Y, por tanto, solo se puede revertir con decisiones.

Y la primera es dejar de normalizar el fracaso.