La política entra en bucle: quizás sería divertido si no afectara a la gente

PalmaRegularización, migración, la gente de aquí, efecto llamada, padrón, residencia, derechos, colapso, trabas, boicot... Estas palabras –y algunas más– monopolizan el debate político desde hace semanas, en un bucle que ya no disimula hacia dónde gira y que nos arrastra hacia zonas ideológicas cada vez más oscuras. Mientras tanto, se va consolidando una idea tan simple como incómoda: el color de la piel, el lugar de nacimiento y la religión que se practique determinan los derechos de una persona en las Islas Baleares. ¿Cuál es la excusa? Que para ser un ciudadano de pleno derecho hay que acumular años de residencia.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, retreía a la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, el uso que hace la extrema derecha del concepto de ‘prioridad nacional’ en el pleno del Parlament del martes. Pero la misma Cañadas remarcó que el Ejecutivo exige años de residencia para acceder a las ayudas sociales, cuando buena parte de los que más las necesitan son precisamente los migrantes. “Sí que se han de tener en cuenta el arraigo y la residencia legal para las ayudas, para evitar fomentar el efecto llamada y el crecimiento poblacional”, sacó pecho Prohens, como si eso no fuera lo mismo que aplicar la prioridad nacional.

El Consell discrimina nacionales

Las ayudas para paliar los efectos de la guerra de Irán que ha puesto en marcha el Consell de Mallorca, presidido por Llorenç Galmés, son una prueba de cómo está la situación. El requisito de haber de acreditar cinco años de residencia continuada ha provocado que el objetivo de Vox de dejar fuera a los migrantes haya derivado en una paradoja: los menorquines, ibicencos y formenterenses, y el resto de españoles –tan importantes para la extrema derecha– que viven en Mallorca desde hace menos de cinco años, no tienen derecho a recibir las ayudas de la institución insular; en cambio, los inmigrantes que hayan superado los cinco años de residencia sí que las pueden recibir. También tendrán ayudas los caballos, porque el paquete incluye 500.000 euros para el Institut de l’Esport Hípic de Mallorca, un órgano que depende del vicepresidente de Vox del Consell, Pedro Bestard.

Vox se mostró satisfecho por haber “condicionado” las ayudas de esta manera. Bestard defendió que la exigencia de años de residencia responde al principio de “prioridad nacional”, que beneficia “a los españoles”. Quizás convendría que alguien le explicase que no es del todo así. La rumorología apunta al cansancio del PP en el Consell de Mallorca por tener que lidiar con la extrema derecha y con políticos que, más allá del coche oficial y de las buenas comidas, no tienen altura de miras ni la formación política necesaria para el cargo. Ahora bien, el sufrimiento no debe ser tan grande si todo el mundo se agarra fuerte a la silla y mantiene la alianza.

El racismo institucional de Cort

El Ayuntamiento de Palma también sirve como ejemplo de lo que puede provocar el racismo institucional. La OAC (Oficina de Atención a la Ciudadanía) Social ha colapsado porque el equipo de gobierno municipal decidió no reforzarla para hacer frente a la regularización extraordinaria de migrantes decretada por el gobierno español. Esto, a pesar de que los técnicos habían preparado medidas de refuerzo para dar una atención adecuada a los solicitantes del certificado de vulnerabilidad, uno de los documentos que se exigen. “Se han recibido instrucciones políticas de no reforzar el servicio”, denunciaron los funcionarios.

De esta manera, la gran pregunta en el pleno de Cort del jueves fue: ¿quién dio esta instrucción política para dificultar el proceso y poner en peligro la regularización de personas que viven y trabajan en Palma?

El alcalde, Jaime Martínez, no decepcionó e hizo un despliegue de risas, bromas y silencios. El tono del pleno fue subiendo y la portavoz de Podem, Lucía Muñoz, preguntó reiteradamente quién había dado órdenes de obstaculizar el servicio municipal a los migrantes. Durante las intervenciones de entidades ciudadanas, el activista mallorquín de origen senegalés Mahécor Mbengue recordó lo más elemental, que es precisamente lo que han olvidado la derecha y la extrema derecha: “Palma es su gente. Entre esta gente hay miles de personas que trabajan, cuidan, limpian, sostienen y contribuyen a la ciudad. No son una amenaza, son vecinos de Palma. Una ciudad democrática no puede tratar como invisibles a aquellas personas que forman parte de su vida cotidiana”. Ahora bien, Martínez no lo pudo escuchar, porque se ausentó de la sala de plenos durante las intervenciones de la ciudadanía. “Código rojo” fue su respuesta entre risas cuando la oposición exigió saber qué tenía más importante que hacer que escuchar a los ciudadanos. Por si alguien no entiende la broma, un código rojo es un protocolo de emergencia ante una amenaza inminente a la vida o la seguridad y que requiere acción inmediata. De modo que acciones como merendar o dar una vuelta no entrarían en este protocolo.

De aquí se desprende la conclusión de que votar cada cuatro años no es ninguna garantía de calidad democrática y que habrá que elevar el nivel de exigencia para evitar derivas que atentan contra los derechos humanos, aunque sea de manera sibilina. La oposición en bloque pidió la dimisión de la concejala de Servicios Sociales, Lourdes Roca, que recibió el apoyo explícito del equipo de gobierno de boca de la concejala de Hacienda, Mercedes Celeste.

Cal dedicar un capítulo aparte al concejal de Cultura,

Javier Bonet, que se niega a crear un premio municipal que lleve el nombre del último alcalde republicano de Palma, Emili Darder, asesinado por los franquistas. Su elaborado argumento fue que “las instituciones no deben dividir la sociedad” y que el mandato de Darder fue “breve, en un contexto inestable”. Por este motivo, “la acción de gobierno [de Darder] no es evaluable en toda su dimensión”. “No votamos en contra desde la confrontación, sino desde la convicción de que las instituciones deben representar a todos los ciudadanos”. Idó.