El Gobierno impugna el traslado de un menor no acompañado de Canarias a Baleares

Se trata de la tercera propuesta de traslado de un menor no acompañado a Baleares a la que la Abogacía ha interpuesto un recurso

Menores migrantes rescatados de una patera en Canarias.
ARA Balears
19/12/2025
3 min

PalmaLa Abogacía de Baleares interpondrá un recurso contencioso administrativo ante un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria contra la resolución por la que se acuerda el traslado y reubicación de un menor extranjero no acompañado en Baleares. Así se ha aprobado en el Consejo de Gobierno de este viernes, según ha informado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior.

Se trata de la tercera propuesta de traslado de un menor no acompañado en Baleares a que la Abogacía ha interpuesto un recurso. De momento, ha dicho el portavoz, no ha llegado ninguno de los tres menores.

El recurso se ha interpuesto contra la resolución de 4 de diciembre de 2025 del delegado del gobierno en Canarias por la que se acuerda el traslado y reubicación de un menor extranjero no acompañado en las Islas. Esta resolución establece que los servicios de protección de la comunidad autónoma asuman su tutela y custodia en aplicación del Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, y el Real Decreto 658/2025, de 22 de julio, relativos a la gestión de situaciones de contingencia migratoria extraordinaria.

Hay que recordar que la Abogacía de la comunidad autónoma de Baleares ha impugnado ambas normas, con la autorización del Consejo de Gobierno. Según la Abogacía, la resolución del delegado del Gobierno "no motiva adecuadamente" la desestimación de las alegaciones presentadas por la comunidad autónoma durante el período de audiencia.

En este sentido, se advierte la "vulneración" del procedimiento establecido para el traslado y la reubicación de menores, especialmente por la falta del acuerdo previo de la correspondiente conferencia sectorial.

Además, subrayan, la resolución "no tiene en cuenta" el nivel de empleo de los centros de atención especializada a menores extranjeros no acompañados en las Islas ni tampoco la situación de emergencia migratoria que el Govern ha reiterado en varias ocasiones que sufre la comunidad autónoma.

El sistema de protección atiende a un total de 745 menores

Fuentes del Ejecutivo han señalado que el sistema de protección y tutela de Baleares atiende a un total de 745 menores extranjeros no acompañados, una cifra "muy superior" a la capacidad ordinaria asignada.

En este contexto, el Gobierno también ha puesto de manifiesto las "deficiencias" del Real decreto que fija la capacidad ordinaria del sistema de protección de cada comunidad autónoma y asigna a Baleares una capacidad de 406 menores.

Según la Abogacía, esta asignación se fundamenta en criterios "insuficientemente justificados", con una aplicación "opaca y arbitraria" que "genera desequilibrios territoriales y vulnera el principio constitucional de solidaridad interterritorial".

Fondos estatales para las Islas

Paralelamente, el Consejo de Gobierno ha autorizado la distribución entre los cuatro consejos insulares de los créditos estatales destinados a la financiación de la atención a menores migrantes no acompañados. La distribución se realizará en base a un convenio suscrito entre el Gobierno y cada uno de los consejos. El crédito se deriva de las transferencias del Ministerio de Juventud e Infancia por importe de 100 millones de euros para todas las comunidades autónomas para cubrir los costes ocasionados por la sobreocupación y acogimiento de menores, y que preveía 4,6 millones de euros para Baleares.

A este importe se añaden los 35 millones distribuidos en las Islas Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares, territorios que el Ministerio reconoce que son "afectados por una mayor presión migratoria que otros territorios del Estado español por ser un punto de acceso preferente de las rutas migratorias con destino a Europa". Según este criterio, Baleares recibe 3,2 millones de euros, lo que asciende al total a 7,8 millones de euros para la comunidad, que se distribuirán entre los consejos teniendo en cuenta la acogida y la sobreocupación de sus respectivos servicios de atención al menor.

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