Tres políticas lingüísticas
En ese momento en que ningún territorio de los Països Catalans tiene un gobierno soberanista, o al menos con participación soberanista, ¿cuál es el panorama de las respectivas políticas lingüísticas?
El País Valenciano sufre la situación más sangrienta. El PP valenciano siempre ha sido el más groseramente españolista y frenéticamente antivalenciano, y solo le faltó la excusa de Vox –ay, los pactos obligan, ya sabe usted– para lanzarse decididamente a la política lingüicida que siempre había querido perpetrar. La ofensiva es total: cambios normativos para eliminar cualquier requisito de valenciano, agresión permanente contra la Academia Valenciana de la Lengua, cierre de la oficina de derechos lingüísticos para que los valencianos no puedan ni protestar, y una política educativa planificada para desaparecer el valenciano de las aulas. Aquí tuvieron un importante revés con la fallida consulta sobre elección de lengua en la escuela, cuando la sociedad valenciana dio un testimonio sobrecogedor para mostrar que el país existe y resiste. Pero la guerra contra la lengua continúa por tierra, mar y aire, porque el gobierno valenciano-callante de Mazón sólo vive pensando cómo puede hacer más daño. Por supuesto, en esta trágica etapa se ha enterrado cualquier iniciativa de intercambio cultural con las Islas Baleares y Cataluña. El programa Letras Compartidas sobrevive (de momento) porque en la Comunidad Valenciana lo gestiona la Academia Valenciana de la Lengua, pero la Declaración de Palma ya no es más que el bello recuerdo de un no nato. Suerte, una vez más, de la persistencia de la sociedad civil valenciana en defender sus derechos, que gracias a la presión de las entidades revirtió la prohibición de las revistas en catalán que habían ejecutado varios gobiernos municipales del PP-Vox. Esto y el referéndum en educación nos muestran que nunca debemos desfallecer y picar piedra siempre, porque el futuro está difícil, pero no está escrito.
Las Islas Baleares presentan una situación más compleja. La inauguración del gobierno Prohens, de nuevo con el argumento de los pactos con Vox, mostró una hostilidad clara contra los tímidos avances en normalización lingüística que se habían hecho durante la etapa anterior, comenzando por la liquidación de la Dirección General de Política Lingüística, la supresión de cualquier referencia a la defensa de los derechos lingüísticos, y el Plan piloto de valenciano, ha sido contestado por la sociedad de las Islas Baleares con un saludable desprecio. También sufrimos lo suficiente con el sueño húmedo de Vox de crear una oficina de defensa del español, pero aquí Prohens se ha apuntado un punto cada vez que, a cambio de otras concesiones, ha conseguido que Vox no le retiraras el apoyo si no creaba esa oficina. Mientras, el Instituto de Estudios Baleáricos mantiene estructura, personal y programas, y sigue haciendo más o menos lo mismo que hacía con el anterior gobierno. Y, para ser justos y honestos, debemos reconocer que los actuales gestores del IEB son más diligentes y dinámicos que los que rigieron la entidad durante la segunda legislatura de Francina Armengol. Con este equilibrismo, Prohens logra garantizarse la paz con los sectores culturales que se benefician de las ayudas del IEB. En los consejos insulares la estrategia es similar a la del IEB, aunque el de Menorca está capitaneado por el líder del gonellismo más grotesco. Por lo que se refiere a la proyección exterior ya la relación con los demás territorios, la relación con la Comunidad Valenciana es inexistente en lo que ya hemos explicado antes y, en cambio, con las entidades públicas catalanas dedicadas a la lengua se mantienen algunas vías de colaboración. Sin ganas pero sin hostilidad. El PP balear persigue una apariencia de normalidad intentando evitar incendios lingüísticos, mientras que nada hace, o incluso actúa en contra, para garantizar los derechos lingüísticos de los catalanohablantes.
Me he alargado demasiado y no puedo dedicar el espacio que me gustaría a analizar la política de la Generalitat y de todo el ecosistema público catalán de apoyo a la lengua y la cultura. El gobierno Isla se estrenó con dos iniciativas bien vistosas: elevar la Dirección General de Política Lingüística al nivel de Conselleria (al revés de las Islas Baleares) y, ya dentro de este año, presentar el Pacto Nacional por la Lengua. No hay nada, el relato es positivo y la música es agradable. Y justamente esto revela la estrategia: trabajar en positivo por el catalán, pero rehuir cualquier terreno minado y la más mínima confrontación.
En esto, y aquí es donde quería llegar, hay un oscuro paralelismo entre los gobiernos Isla y Prohens. Aunque sus motivaciones sean antitéticas, Cataluña y las Islas Baleares coinciden en evitar el abordaje de los derechos lingüísticos, que es el hueso de una política lingüística con unas mínimas capacidades de hacer frente a la emergencia lingüística. Sin garantizar los derechos lingüísticos, lo que significa enfrentarse a quienes los vulneran, es imposible revertir la desigualdad que las leyes y los jueces españoles no hacen más que apuntalar. Unos porque no creen y otros porque lo temen, el puerto de llegada es el mismo: vamos haciendo cositas amables, con mayor o menor convicción, que la vida ya tiene otros problemas más importantes. Y quien día se calla, año empuja.
