Como dos gotas de agua (de porte)
Estoy bastante perplejo ante el espectáculo de reproches entre PSOE y PP por la política portuaria en las Islas Baleares, porque esta guerra de acusaciones mutuas sólo está consiguiendo mostrar que la política portuaria de unos y otros es exactamente la misma. Cada nuevo titular que generan con sus rencillas pone luz sobre las vergüenzas de una gestión idénticamente nefasta, antítesis flagrante de lo que deben ser las políticas públicas en cualquier ámbito: velar por el interés general evitando que los bienes públicos, en este caso los puertos y la acera del mar, se conviertan en un casino.
Empecemos. Un diputado socialista pide la comparecencia del actual consejero de puertos para que informe sobre unas obras en el puerto de Fornells. Obras que se hicieron... cuando el diputado socialista era el consejero de puertos. Perfecto: esta petición tenía un efecto boomerang asegurado. Como era previsible, la auditoría del Govern muestra lo que sucedió: que estas obras, proyectadas y ejecutadas por el gobierno anterior, de espaldas a la comunidad local, han acabado provocando un sensacional problema en el alcantarillado de Fornells. La mierda sale a la superficie, y no es ninguna metáfora.
Parece que con esta embestida quería aprovecharse la tribuna para acusar al actual consejero de tener un conflicto de intereses con la tramitación de la ley de puertos, porque su familia se dedica a los negocios náuticos. Ahora se entiende algo mejor. La defensa de los populares fue echando a patética, arguyendo que la modificación de la ley de puertos ha sido una iniciativa para el sector náutico, no del partido del gobierno. Vamos. Como si no supiéramos que las connivencias y garbanzos no se cocinan con luz y taquígrafos sino con discreción, es decir, con la opacidad con que se hacen estas cositas.
Entonces aparece la polémica de la marina de Cala en Busquets, en Ciutadella. De nuevo un proyecto iniciado por el anterior Gobierno de las Islas Baleares en contra de los vecinos y al margen del ayuntamiento. Pero cuando se produce el cambio de gobierno, el nuevo equipo de Ports de les Illes Balears, ahora dirigido por los populares, decide salir adelante con el mismo proyecto. Una operación que, tanto en tiempos de los socialistas como ahora, está diseñada para poner más barcas sobre el mar, incrementar la presión náutica y dar negocio a unos concesionarios que, como siempre, subirán los precios para hacerse de oro y expulsarán a los amarristas locales.
¿Y si hablamos de las famosas casitas de acera? Cuando los populares estaban en la oposición se rasgaban los trajes cada vez que Costas (Madrid, gobierno socialista) amenazaba con la demolición de una caseta o un varadero. Ahora que las competencias de Costas son del Govern balear, la nueva administración costera mantiene la misma voracidad sobre la gente que, quizás desde hace generaciones, tiene una casita de acera, con una avidez enfermiza. Me cuenta el concesionario de una pequeña casita de barca de la costa norte de Menorca que ahora le obligan a demoler un pedazo de la edificación porque la barca es pequeña y no necesita todo el espacio. Siempre es lo mismo: ultravigilancia y presión sobre los pequeños, y grandes facilidades para los grandes negocios —siempre los mismos, tanto si gobiernan unos como otros.
Todo ello tiene un denominador común: hace demasiados años que las autoridades portuarias, tanto la de titularidad estatal (APB) como la autonómica (Ports de les Illes Balears), con independencia del color del gobierno de turno, han dejado de funcionar como empresas públicas cuyo control político democrático asegure el interés general. Las entidades portuarias se han convertido en unas corporaciones que van por libre y practican sin miramientos el expolio del dominio público portuario. La acera del mar es de todos los ciudadanos, pero las autoridades portuarias se han apoderado de ellas y la venden al mejor postor, generando unas plusvalías bestiales para unas empresas náuticas que sólo buscan maximizar su beneficio, expulsando a los residentes que sólo quieren tener una barquita, y ejecutando proyectos con impactos ambientales que hacen edad. Van a su pasante de los Ayto., de los vecinos, de los amarres, de los clubes deportivos náuticos, de las asociaciones de embarcaciones tradicionales. Hacen cajón y tratan el patrimonio público como si fuera un área privada de caza. En sus consejos de administración se sientan políticos electos, pero parecen tener otros quebraderos de cabeza que les hacen estar poco atentos a lo que se cocina. Gobiernen unos u otros, su política portuaria se asemeja como dos gotas de agua. De agua de porte: turbia, aceitosa y de salubridad dudosa.
Puede que todo el teatro de las acusaciones mutuas entre los antiguos y los nuevos gestores de puertos sea solo una pieza más de su juego preferido: trasladar a la escena balear las trifulcas y la polarización tóxica de la política que se hace en Madrid, ciegos ante el daño que causan a los ciudadanos que los únicos para los residentes y no sean un club de vips.
