La política de bloques ante lo que todo el mundo entiende como un plebiscito

Los partidos políticos entienden que las elecciones generales del 29-N son sobre todo un plebiscito. La polarización que vive la sociedad entre los que están en contra de las políticas de Pedro Sánchez y los que o bien están a favor o bien las consideran el mal menor, es la misma polarización que se reflejará en las urnas. Más que un debate entre proyectos, la campaña se plantea como una pugna entre dos bloques que aspiran a concentrar suficiente fuerza para gobernar.

En esta lógica, las diferencias ideológicas pasan a un segundo plano. El PP y Vox han pactado en el Senado: Vox no presentará candidatura en las Islas y el PP incorporará a un candidato de la formación de Abascal en un puesto destacado. A la izquierda, el PSIB, Ara Més y Front Ampli han buscado fórmulas para evitar la dispersión del voto. En el Congreso, Ara Més-Front Ampli incorpora a Podemos; en el Senado, las fuerzas progresistas han acordado listas unitarias para disputar la mayoría a la derecha. Pactar en el Senado no es una cuestión menor, ya que es la cámara de representación territorial: participa en la revisión de las leyes, enmienda los textos que le remite el Congreso y controla la acción del gobierno. También interviene en la aplicación del artículo 155 y en la designación de miembros de órganos constitucionales. Por ello, los partidos no quieren dejar su control en manos de una mayoría conservadora y mucho menos ultraconservadora.

La suma de la izquierda responde, sobre todo, a la voluntad de impedir que el PP y Vox amplíen su poder institucional, más que a un aval sin matices a Sánchez. Pero esta operación tiene un precio. Sin ir más lejos, Ara Més, una fuerza soberanista, comparte estrategia con partidos de ámbito estatal y centralistas. Lo hace porque considera que la fragmentación sería más perjudicial que la renuncia a una parte de su singularidad.

A la derecha, la contradicción es especialmente incómoda para el PP. Marga Prohens ha procurado durante la legislatura mantener a Vox a una cierta distancia y presentar a su Gobierno como moderado. Ahora, sin embargo, el PP se alía con una formación que cuestiona los derechos de las personas LGTBI y niega la violencia machista y el cambio climático. También defiende una concepción uniformadora del Estado y de la lengua, contrarias a la tradición regionalista del PP balear. No es poca cosa para el partido que aprobó dos leyes como la de espacios naturales (1991) y la de normalización lingüística (1986), leyes que Vox derogaría, si pudiera.

En cualquier caso, son pactos forzados por las circunstancias y la aritmética electoral. Cada bloque ve en ello una necesidad: la izquierda, frenar a la derecha y a la extrema derecha; el PP, acercarse a una mayoría que le permita volver al gobierno del Estado. Pero cuando la táctica relega principios fundacionales, los partidos deben explicar qué ganan con ello y qué están dispuestos a perder. Porque el 29-N no se votará solo quién debe gobernar, sino también qué precio político se está dispuesto a pagar para llegar al poder.