Los coches ya invaden el entorno de Rafal Rubí, patrimonio de la Menorca Talayótica

CiudadelaDe nada han servido las advertencias, ni el miedo a perder el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad que la Unesco otorgó en 2023 al valioso legado arqueológico de Menorca. El gobierno del Partido Popular en el Consejo insular ha desobedecido a la Unesco y al Ministerio de Cultura y ha seguido adelante con las obras del viaducto sobre las navetas prehistóricas de Rafal Rubí, uno de los yacimientos incluidos dentro de la candidatura universal. En lugar de derribar la estructura, como se le reclamaba, la ha mantenido y ha trazado sobre el viaducto el nuevo paso de la carretera general entre Mahón y Alayor. Política de hechos consumados.

Hacía 12 años, desde 2014, que el puente se encontraba a medio construir. Exactamente, desde que las desavenencias con la primera empresa adjudicataria de la obra y la importante movilización ciudadana contra los cuatro viaductos –el exgeneral Luis Alejandre, reconvertido en consejero, los proyectó en un tramo de solo 10 kilómetros– paralizaron los trabajos en la zona. Nadie había vuelto a actuar allí, hasta que el actual gobierno del Consejo se amparó en el informe interno favorable del departamento de Carreteras para desatender todos los demás pronunciamientos técnicos e institucionales y encargar la ejecución de las obras por 6,5 millones de euros.

Queja formal del Ministerio

Hace pocos días pasaban los primeros coches por el puente. El mismo día, el representante del Ministerio de Cultura en el Consejo Rector de la Menorca Talayótica, Pablo Eduardo Jiménez Díaz, formuló una queja formal por el hecho de que el gobierno insular del PP haya seguido adelante con las obras a pesar de las repetidas advertencias de la Unesco y de Icomos. Y también del Ministerio, que es el único interlocutor válido en España ante estos organismos internacionales. Lo dejó también patente el mismo ministro Ernest Urtasun en una carta remitida nada más empezar las obras, pero todas sus advertencias y peticiones públicas al Consejo han sido desatendidas por su presidente, Adolfo Vilafranca.

Tampoco se ha escuchado a los especialistas. En diciembre hará un año que un centenar de expertos en Arqueología y Paisaje de todo el Estado hicieron público un comunicado donde advirtieron al Consejo insular del “grave error” que suponía querer terminar la rotonda de doble nivel de Rafal Rubí y enfrentarse así a los criterios de la Unesco. El organismo internacional amparó su queja, como también el Ministerio, pero no así el Consejo.

“Las entidades –explica Miquel Camps, del GOB– no podemos hacer más que esperar los pasos que den las instituciones implicadas. El pronunciamiento de la Unesco demostró que nuestras tesis tenían fundamento”, remarca. Pero “la política de hechos consumados” del gobierno del Consejo las ha frustrado, al menos por ahora.

El consejero de Cultura y portavoz del gobierno en la institución, Joan Pons Torres, ya dejó claro meses atrás que el Consejo no se replantearía la obra. Criticó al Ministerio por no haber enviado toda la documentación a la Unesco y se agarró al informe jurídico contrario a derribar el puente para justificar que las obras siguieran adelante. “No se puede tirar porque, si un día hay un accidente grave y no se ha terminado, se podrán reclamar responsabilidades patrimoniales”, afirmó. También insistió en hacer valer el parecer del departamento de Carreteras por encima del de Patrimonio para defender que la reforma de la carretera se llevaría a cabo tal como se había previsto “para así velar por la seguridad de todos los menorquines”.

El expresidente de la delegación menorquina del Colegio de Arquitectos, Enric Taltavull, no se da por vencido y, aunque todavía espera una intervención del Ministerio de Cultura, busca la manera de interponer un contencioso en los tribunales contra el Consejo. “El problema es que se me pueda considerar parte legitimada para poder hacer esta acción en los juzgados”, explica.

Taltavull, que el mes de abril ya advirtió legalmente al Consell de que podría incurrir en prevaricación si no modificaba el proyecto, admite estar “desconcertado ante la actitud del gobierno insular”: “Sorprende que, pese al riesgo de que la Unesco nos quite la declaración de Patrimonio Mundial, haya persistido en terminar las obras y dar al entorno de Rafal Rubí el mismo nivel de protección que a cualquier otro yacimiento que no esté incluido dentro de la Menorca Talayótica. Si en la mayoría tan solo se permite la actividad agraria en el entorno, en este caso se ha dejado levantar un viaducto que, lo más fuerte, no conduce a ningún núcleo habitado”.

Su sospecha es que la decisión “responde a intereses económicos con el fin de favorecer a los gestores de las visitas a Rafal Rubí”. Alude a la sociedad Menorca Natura Turisme i Cultura, compartida entre Rafel Duran, exportavoz del PP en Palma que dimitió por su imputación en el caso Palma Arena, y el exsecretario general del PP de Menorca, Salvador Botella, que es propietario de la estación de servicio más cercana a Rafal Rubí. Duran también gestiona Pendent Serveis i Gestió SL, encargada de gestionar la fortaleza de La Mola.

El arquitecto Enric Taltavull insiste en que el Consell debería haber modificado este enlace de la misma manera que lo hizo en el entorno del centro de reciclaje de residuos de Biniaiet, donde ha acabado proyectando una solución a nivel. “No es un tema técnico, sino político. El proyecto de la carretera ya no puede ser el mismo que hace 12 años, cuando el conseller Alejandre y su equipo hicieron el primer diseño, ya que ahora somos Patrimonio Mundial, pero el Consell ha pasado por encima de todo”, se queja. El viaducto de Rafal Rubí quedará así, dice, “como el monumento a la ignorancia del Consell, que ha hecho un puente para solucionar una intersección que no lleva a ninguna parte”.

La nulidad del proceso invocada por Més per Menorca tampoco ha sido atendida por la secretaria del Consell y el recurso planteado en el mismo sentido por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Menorca continúa sin respuesta. “Hemos dejado bien claro que había alternativa a lo que han hecho y que el Consell no ha dado cumplimiento al mandato de la Unesco”, dice el coordinador de Més per Menorca, Esteve Barceló. “Así que las consecuencias que se puedan derivar serán solo responsabilidad del actual gobierno del Consell”.