La calle es mía. Y el patrimonio, también
Es una manera de gobernar: cuando una decisión está tomada, cualquier obstáculo se convierte en una molestia. Los informes técnicos, las advertencias, las recomendaciones de los organismos internacionales… Todo esto puede esperar o se puede apartar. En Menorca, el viaducto construido pegado al poblado de Rafal Rubí es la demostración. El poblado forma parte de la Menorca Talayótica, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco. El entorno más próximo también forma parte del bien que se debe proteger. Y, sin embargo, el Consejo insular, gobernado por el PP, tiró por la calle de en medio y aquella infraestructura parada por las protestas y las objeciones patrimoniales hoy es un viaducto por donde desde hace pocos días ya circulan coches, camiones y motos. La Unesco y el Icomos habían pedido su derribo; el Ministerio de Cultura, también. Ninguna de las advertencias se ha escuchado.
Los criterios de los técnicos de Patrimonio han pesado menos que los del Departamento de Carreteras. La protección de un paisaje cultural milenario ha tenido que ceder ante un paso vial que podía encontrar otras vías. No es solo una obra mal situada, es una manera de hacer política: primero se decide qué se quiere hacer y después se ordena a la Administración para que lo haga posible. Hay un tipo de gobernante al que, cuando quiere sacar adelante una operación, raramente le faltan manos. Siempre encuentra un funcionario, uno, dispuesto a poner la firma; si un técnico no acompaña, se le puede cambiar de sitio y probar con otro; si un cargo puede ser incómodo, se deja vacante. Y si el director gerente del Consorcio de la Menorca Talayótica puede recordar cuáles son las obligaciones de protección, mejor no nombrarlo. No hace falta dar órdenes explícitas cuando todo el mundo entiende qué conviene. Es aquello de “la calle es mía”. La política de la apisonadora, del “porque lo digo yo” y del “ya lo arreglaremos después”. Una manera de gobernar que reaparece cuando el poder confunde tener mayoría con tener carta blanca. Y siempre hay quien sale beneficiado: cuando el interés público queda arrinconado, los intereses particulares de algunos miembros del partido no parecen una sospecha extraña.
No es la primera vez que vemos esta manera de hacer, ni la que hace cien. En Palma, durante años, se han hecho todos los movimientos posibles para evitar el derribo de la Feixina, aunque conservar este monumento franquista representa un agravio inmenso hacia la memoria democrática y vulnera la ley. En Menorca se ha forzado la maquinaria institucional para hacer pasar una carretera por encima de las recomendaciones de los organismos que velan por el patrimonio. Los casos son diferentes, pero comparten una manera de entender el poder, cuando las instituciones no están ahí para garantizar el interés general, sino para ejecutar la voluntad política de quien las gobierna.
¿Qué debe ser, para el actual Consell de Menorca, un Patrimonio Mundial? ¿Una etiqueta para lucir en los folletos turísticos? Si ni siquiera este reconocimiento sirve para frenar un simple viaducto, el mensaje se lee claro y evidente: hay ciertos poderes que cuando quieren pasar, pasan. Aunque sea por encima de la historia.
