Las Islas Baleares, y en particular Mallorca, afrontan un momento clave para definir su presente y su futuro energético y territorial. La transición energética es un reto inaplazable, sí, pero lo que debería ser una oportunidad para democratizar la energía, reducir emisiones y proteger el territorio, se está convirtiendo en una amenaza para ese mismo territorio que dicen querer preservar. Un ataque, en definitiva, que viene a sumarse a la desfiguración del suelo rústico que, vía amnistías y reclasificaciones, se valora más como un solar para realizar inversiones que como un activo ecológico vital, que es lo que es. La propuesta de delimitación de las Zonas de Desarrollo Prioritario (ZDP) por parte del Consell de Mallorca es una muestra clara de ello: una planificación irracional, desconectada de la realidad energética, territorial y ambiental de la isla.
La plataforma Renovables sí, ¡pero así NO! llevamos años denunciando que no se puede impulsar la implantación masiva de renovables sin una planificación territorial que responda, además de los criterios energéticos, también a los sociales, agrarios, ambientales y climáticos. Lejos de ello, nos encontramos ante una zonificación hecha con prisas, orientada a la disposición masiva de centrales fotovoltaicas sobre suelo rústico, mientras se obvia la posibilidad –y la obligación– de aprovechar zonas antropizadas, tejados, naves industriales, infraestructuras públicas o zonas urbanas y degradadas.
El Plan Territorial de Mallorca, en su modificación número cuatro, propone más de 16.000 hectáreas de suelo rústico como ZDP para fotovoltaica, y deben añadirse más de 24.000 hectáreas para eólica, un tema que no ha estado presente ni en el debate energético, ni en el político, ni en el social. Una superficie de más de 40.000 hectáreas del territorio insular rústico que pretende considerarse prioritaria para la implantación de renovables, cuando lo prioritario debería ser su preservación, la del rústico, para usos primarios, no para usos industriales, que son las centrales fotovoltaicas. Porque una central no es una infraestructura con un uso acondicionado o que requiera una declaración de interés general. Una central es una central energética y, como resultado, una actividad industrial en suelo rústico, actividad, por tanto, históricamente prohibida en suelo rústico. ¿Por qué si no, por otra vía, se declaran estos proyectos como industriales estratégicos? Si son industria, la ordenación territorial deja claro que no pueden implementarse en el suelo rústico, y si no es industria, entonces no tiene sentido declararlas proyectos industriales estratégicos. ¿No?
La propuesta del Consejo, competente en ordenación territorial, ignora esta determinación, marcando sobre un mapa zonas ubicadas exclusivamente en rústico para ser consideradas prioritarias para el desarrollo. Desde la plataforma hemos manifestado reiteradamente que la ubicación en el suelo rústico debería ser la última de las opciones: ni la prioritaria, ni la estratégica.
La Ley 10/2019 de cambio climático y transición energética establece criterios claros para la delimitación de las ZDP: deben priorizarse zonas ya transformadas, tener en cuenta la capacidad de red y las necesidades energéticas reales, proteger el paisaje, la biodiversidad y el suelo agrario. Ninguno de estos criterios se ha respetado. Por el contrario, la propuesta del Consell sitúa a las ZDP lejos de las zonas de consumo –como Palma y las áreas turísticas– y las concentra en el Pla y el Raiguer, pueblos con menor demanda energética, pero con suelo rústico más disponible y menos resistencia social. El resultado es una fragmentación del territorio, una afectación directa a espacios de alto valor agrario, ecológico y paisajístico, y una absoluta marginación de las comunidades locales. Se renuncia a un modelo descentralizado y participativo, basado en el autoconsumo y las comunidades energéticas, para ceder todo el protagonismo a grandes operadores industriales, que por una u otra vía acaban teniendo todas las facilidades para situarse en el suelo rústico. Un suelo donde se ponen todas las intenciones políticas para acabar de trincharlo, pervertir sus usos propios y sustituirlos por otros: turísticos, residenciales, energéticos…
¿Cómo puede que no se incluyan ni siquiera los tejados de los polígonos industriales, de los aparcamientos públicos, de los centros educativos o sanitarios como zonas de desarrollo prioritario? ¿Por qué sólo se considera el suelo rústico como un espacio útil para la generación energética, mientras se dejan intactas zonas urbanas de gran consumo que podrían liderar la autosuficiencia energética? ¿Por qué la normativa facilita la tramitación de macroproyectos, pero bloquea los de autoconsumo que relegan al planeamiento municipal?
La protección del suelo rústico debería ser una prioridad insular. Este suelo no es sólo paisaje o tierra de cultivo: es capacidad de resiliencia, soberanía alimentaria, conectividad ecológica… Reducirlo a superficie disponible para negocios energéticos, turísticos, inmobiliarios o residencial es un error estratégico gravísimo. Nos dirigimos hacia una supuesta descarbonización mientras destruimos los ecosistemas que justamente nos protegen del cambio climático.
Las renovables deberían ser parte de la solución, pero si se implantan de esta forma, se convierten en una parte más grave y significativa del problema. La transición energética sólo será justa si respeta la tierra que debe sostenerla. Y en Mallorca, la tierra es un bien escaso, finito y cargado de valores que no pueden ser hipotecados por el beneficio inmediato vinculado al negocio de la transición energética. La lucha por las renovables no puede ser incompatible con la defensa del territorio. Al contrario: deben ir de la mano.
