Alertaba hace pocos días a Cedro, la entidad de gestión que trabaja por los derechos de los autores y la sostenibilidad de la cultura escrita: la inteligencia artificial generativa podría estar utilizando obras robadas o pirateadas de unos 41.000 autores literarios del Estado. Esta información parte de un informe publicado por la Danish Rights Alliance, según el cual modelos de IAG desarrollados por empresas como Meta u OpenAI habrían utilizado un sitio web pirata, Libgen, como fuente de contenidos para su entrenamiento.
El problema parece ser nuevo, pero en realidad ya corre el riesgo de enquistarse. La inteligencia artificial ha irrumpido en nuestras vidas con la velocidad de los cambios que marcan una nueva era: hay quien la compara con la implementación de Internet o bien con avances técnicos a los que hoy en modo alguno querríamos renunciar. Sin embargo, ocurre que todo progreso debería ir acompañado de una protección de la ciudadanía a través de un marco legislativo adecuado, y ahora mismo nos encontramos en un contexto en el que quien goza de esta protección parecen ser más las empresas tecnológicas que los ciudadanos y los creadores.
En Europa la ley está hecha, y con ella también la trampa. Si en junio del año pasado el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa aprobaban el reglamento sobre IA de la Unión Europea, todo este último año ha servido para constatar la falta de protección que éste supone para los titulares de propiedad intelectual: escritores, traductores, ilustradores, compositores… La ley, que se centra más en temas como la protección de datos o el derecho de autor. Y es por eso que la Comisión Europea puso en marcha, el pasado otoño, la redacción participativa de un Código Ético sobre IA que, a pesar de no ser necesariamente vinculante, quería remediar esta carencia. Pero ¡ay!, este proceso participativo, abierto a los titulares de derechos de autor interesados, pero también a los desarrolladores, ha sido fagocitado u ocupado prácticamente por completo por las empresas tecnológicas, que han impedido que se hiciera ningún avance en este sentido a prácticamente ningún grupo de trabajo. El texto es insuficiente y ya ha sido rechazado por organizaciones de creadores de todo el continente, por lo que su publicación, programada en junio, se ha retrasado.
Mientras, en España, el gobierno parece querer dar pasos hacia una transposición más garantista del reglamento europeo, pero más allá de las turbulencias políticas que vive el Ejecutivo estas semanas, la falta de acuerdo en las visiones del Ministerio de Cultura y el de Transformación Digital hace que cueste creer que la nueva ley, si es que llega a puerto durante esta legislatura, será remuneración y transparencia exigibles. Aunque la esperanza, ¿y? El tiempo (o la insondable incapacidad humana de proteger nuestro tesoro más preciado y al mismo tiempo maltrecho, que es la cultura) nos lo dirá.
