Las Islas Baleares han duplicado a su población en sólo cuarenta años, un crecimiento acelerado y sostenido que no tiene precedentes. Un fenómeno que, según los expertos, no es el resultado de un proceso natural, ni inevitable, ni neutro. Se trata, como han denunciado diferentes entidades y organizaciones, entre ellas la Obra Cultural Balear, de un descalabro demográfico planificado y promovido, activamente, por intereses económicos que ven el territorio como una mercancía y la sociedad como una mano de obra a explotar. Un descalabro resultado de un modelo económico basado en la depredación del territorio, la expansión ilimitada del modelo turístico y la construcción masiva de viviendas para alimentar la especulación.
Con la nueva ley urbanística pactada por el Partido Popular y la extrema derecha, este modelo llega a límites inasumibles; una ley que permitirá la creación de un millón de nuevas plazas residenciales en las Islas Baleares: ¡un millón! Y quieren hacerlo mediante un cambio legal que otorga derechos edificables de forma automática, como ya se ha manifestado desde la oposición política y las organizaciones ecologistas, sin ninguna planificación territorial, ni social, ni de recursos, ni de servicios. Esta ley es una amenaza directa contra nuestro futuro colectivo y el resultado puede ser crisis social, ambiental y cultural de proporciones históricas. Estamos ante el cambio de modelo territorial más importante de las últimas décadas; un cambio que significará una auténtica bomba demográfica, que disparará a la población, incrementará la presión sobre los recursos naturales, provocará una mayor segregación social, hará aún más difícil acceder a una vivienda digna y agravará el proceso de sustitución lingüística y cultural.
La ley del PP y Vox es una apuesta irresponsable y temeraria que hipoteca el futuro de nuestras islas, supone una ruptura absoluta con cualquier idea de sostenibilidad y desacredita cualquier discurso político que utilice este término. ¿Dónde queda el objetivo de la Mesa para el Pacto por la Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental de las Islas Baleares, cuando esta ley se basa en una premisa devastadora: generar derechos edificables de forma automática y generalizada, sin ningún análisis de las consecuencias sociales, ambientales ni culturales?
Es más que evidente que la tramitación de esta norma no responde a ninguna necesidad objetiva de la población residente, no pretende resolver el gravísimo problema de vivienda que sufren las Islas Baleares, sólo responde a la voluntad política de defender los intereses de una minoría que quiere seguir haciendo negocio a costa del bienestar colectivo.
Como pueblo que ama Mallorca, tenemos el deber de defender el territorio, la cohesión social y la continuidad de la lengua y la cultura propias. Por eso, desde la Obra Cultural Balear nos sumamos a la convocatoria del GOB y de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma y llamamos a toda la ciudadanía a participar en la concentración del lunes, día 7, ante el Parlamento de las Islas Baleares. ¡Si ama esta tierra, ven a decir lo suficiente!
