El PSIB y MÉS acusan al Gobierno de "invertir" el modelo educativo y priorizar la concertada sobre la pública

PalmaEl PSIB y MÉS per Mallorca han cargado contra el nuevo decreto de centros concertados impulsado por el Govern, que amplía de seis a diez años la duración de los conciertos educativos. Coinciden en considerar que la norma supone un cambio de modelo que sitúa la red concertada por delante de la pública y denuncian que el Ejecutivo del PP destina más recursos a reforzar los centros privados mientras no amplía lo suficiente la red pública.

La candidata del PSIB a la presidencia del Govern, Rosario Sánchez, ha asegurado que el decreto "invierte el modelo" educativo de las Illes y sitúa la enseñanza concertada "por delante" de la pública. En una rueda de prensa en la sede del partido en Palma, Sánchez ha acusado a Prohens de aplicar "el modelo Ayuso", en referencia a la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por apostar, según ha denunciado, por la privatización de servicios públicos como la sanidad y la educación.

Sánchez también ha criticado que el decreto se haya tramitado por la vía de urgencia. Según la dirigente socialista, esta tramitación ha impedido un debate suficiente sobre las consecuencias de la nueva regulación y ha dificultado que la comunidad educativa pudiera conocer y analizar su contenido.

La socialista ha enmarcado el decreto en una línea de actuación que, a su parecer, el Govern mantiene desde el inicio de la legislatura para favorecer la enseñanza privada frente a la pública. En este sentido, ha citado también la libre elección de lengua, que considera que fomenta la segregación entre el alumnado castellanohablante y catalanohablante y debilita la presencia del catalán en el sistema educativo.

Para Sánchez, la nueva regulación "rompe con un modelo" en el que la enseñanza concertada tenía un papel "complementario" respecto a la red pública. La candidata del PSIB ha asegurado que el partido mantiene contactos con sindicatos y representantes de la comunidad educativa y ha afirmado que existe una preocupación compartida por el contenido del decreto, que ha calificado como "la medida más grave en materia educativa" del Govern actual.

Las críticas socialistas también se han centrado en la tramitación de la norma. La candidata del PSIB a la presidencia del Consell de Mallorca, Amanda Fernández, ha denunciado que la vía de urgencia ha limitado el derecho de audiencia y participación de los sindicatos, las familias y otros representantes de la comunidad educativa.

Fernández ha recordado que el Consell Consultiu expresó su "preocupación" por la reducción de los plazos de tramitación y que el Consell Escolar de las Illes Balears solicitó una ampliación del plazo para presentar alegaciones por la extensión del texto, que se acerca al centenar de artículos. También ha lamentado que muchas de las propuestas planteadas no se hayan incorporado finalmente al decreto.

El PSIB cuestiona igualmente que los conciertos pasen a tener una vigencia de diez años. Fernández ha señalado que el mismo decreto justifica el cambio por la alineación con el modelo implantado en la comunidad de Madrid y ha considerado que la medida pretende "blindar" durante una década un modelo que prioriza la concertada frente a la pública.

Los socialistas también han puesto el foco en las medidas económicas que incorpora la norma, como la posibilidad de que los centros concertados destinen remanentes a infraestructuras o que se financien determinadas indemnizaciones del personal con fondos públicos. Fernández ha criticado, además, que el Gobierno priorice la concertación de plazas frente a la creación de nuevas plazas públicas, especialmente en las etapas de 0 a 3 años y de Bachillerato.

MÉS denuncia una "estrategia" para reforzar la privada

MÉS per Mallorca ha coincidido con los socialistas en el diagnóstico, a pesar de poner el acento en la planificación de la red pública. La diputada Maria Ramon ha denunciado que el nuevo decreto es "un nuevo paso" en la consolidación de un modelo educativo privatizado que, según la formación, relega la escuela pública a un papel secundario.

"Cuando un gobierno renuncia a construir una escuela pública allí donde ya existe un centro concertado, lo que dice es que la red pública deja de ser una prioridad", ha afirmado Ramon. La diputada considera que la ampliación de los conciertos hasta los diez años "no es una simple cuestión administrativa", sino "una decisión profundamente política que hipoteca más de dos legislaturas y condiciona la planificación educativa de toda la próxima década".

Ramon ha situado la medida dentro de una estrategia más amplia del Govern. "Primero fue la consolidación del modelo a través de la etapa 0-3; después la concertación de nuevos estudios de Formación Profesional; más tarde la apuesta decidida por las universidades privadas; y ahora llegan los conciertos educativos de diez años", ha enumerado. Según MÉS, "todo responde a un mismo proyecto: reforzar el peso de la educación privada con recursos públicos mientras se debilita la capacidad de crecimiento de la escuela pública".

La formación ecosobiranista también ha cuestionado que el Govern no prevea construir plazas públicas allí donde ya hay oferta concertada. Para Ramon, el debate es si los conciertos deben funcionar como "un instrumento subsidiario para complementar la red pública allí donde sea necesario" o si el Ejecutivo pretende convertir la concertada "en la primera puerta de entrada al sistema educativo". MÉS considera que el PP "ha optado claramente por esta segunda opción".

El coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha reivindicado que "la escuela pública es y debe continuar siendo el eje vertebrador del sistema educativo de las Illes Balears". La formación reclama más plazas públicas, reducción de ratios, más personal, mejores infraestructuras y mejores condiciones laborales.

"No podemos continuar desviando recursos públicos hacia un modelo que consolida la dependencia de la concertada mientras la red pública continúa sufriendo carencias estructurales", ha advertido Apesteguia.

Tanto MÉS como el PSIB coinciden, por tanto, en cuestionar el giro que, según denuncian, implica el nuevo decreto. Mientras los socialistas ponen especialmente el acento en la tramitación de urgencia, la duración de los conciertos y las medidas de financiación a los centros concertados, MÉS centra sus críticas en la planificación de la red pública y en el riesgo de que los conciertos dejen de tener un papel complementario dentro del sistema educativo.