Conciertos de 10 años y despidos pagados con fondos públicos: el nuevo giro del Gobierno hacia la escuela privada

PalmaConciertos garantizados durante diez años, más estabilidad, la posibilidad de destinar recursos de todos a mejorar edificios y que la Administración asuma parte de las indemnizaciones por despidos del profesorado. Estas son algunas de las principales novedades del borrador del nuevo decreto de conciertos educativos que tramita la Conselleria de Educación, al cual ha tenido acceso el ARA Balears, y que consolida el giro del Govern hacia la concertada. Un documento de análisis del PSIB sostiene que buena parte de estos cambios refuerzan la posición de la concertada dentro del sistema educativo y plantea dudas sobre el encaje de algunas medidas con la LOMLOE, la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) y la Ley de Educación de las Illes Balears (LEIB).

De seis a diez años

La modificación más significativa es la ampliación de la duración de los conciertos educativos. El artículo 4 fija que los conciertos de segundo ciclo de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Especial tendrán una vigencia de diez años, cuatro más que los seis previstos en el decreto vigente. Se trata de uno de los principales objetivos del sector de la escuela concertada, que desde hace años reclamaba más estabilidad.

El documento del PSIB, en cambio, sostiene que un concierto de diez años reduce la capacidad de la Administración para adaptar la red educativa a los cambios demográficos. Según este documento, una vez concertadas las unidades durante una década, será más difícil reorganizar la oferta pública si baja la natalidad, si cambian las necesidades de escolarización o si Educación decide reforzar la red pública en un determinado municipio. Los autores consideran que esta previsión podría entrar en tensión con el principio de planificación educativa recogido tanto en la LOMLOE como en la LEIB.

Más estabilidad para la concertada

El borrador también refuerza diversos derechos de los titulares de los centros concertados. Entre otros, regula el derecho a participar en los procesos de admisión en igualdad de condiciones con los centros públicos, a solicitar modificaciones del concierto y a pedir su renovación cuando finalice el periodo de vigencia. El decreto no establece que esta renovación sea automática, pero sí que sistematiza estos derechos dentro de la nueva regulación. Para los socialistas, este conjunto de medidas consolidan la continuidad de los centros concertados dentro de la red sostenida con fondos públicos y refuerzan su peso estructural dentro del sistema. También lamentan que el texto no recuerde expresamente el carácter complementario que la legislación atribuye a la concertada respecto de la red pública.

Otra de las cuestiones más controvertidas es la regulación de las necesidades de escolarización. El decreto permite que la Conselleria autorice nuevas unidades (aulas) concertadas cuando haya una demanda que no se pueda cubrir con las plazas disponibles. Aunque el texto no da preferencia explícita a la concertada frente a la construcción de nuevos centros públicos, el PSIB interpreta que favorece la ampliación de los conciertos para responder al aumento de la demanda, en lugar de priorizar el crecimiento de la red pública, tal como establece la LEIB.

Esta interpretación se enmarca también en la línea política que el Gobierno ha defendido desde el inicio de la legislatura. En diversas intervenciones en el Parlament, el conseller de Educación, Antoni Vera, fijó la posición del Ejecutivo: "No construiremos plazas públicas allí donde haya concertadas", dijo, en una afirmación que generó una fuerte contestación entre sindicatos y entidades en defensa de la escuela pública.

Este posicionamiento también se ha reflejado en otras decisiones adoptadas durante la legislatura, como la concertación masiva de plazas del primer ciclo de educación Infantil (0-3 años). Además, los dos primeros cursos completos del Gobierno del PP (2024-2025 y 2025-2026) han coincidido con una evolución desigual de la matrícula: mientras la red pública ha perdido alumnado (y no poco), la concertada ha ganado. Sin que el decreto lo explicite, este contexto ayuda a entender por qué los defensores de la pública interpretan la reforma como un paso más dentro de una estrategia orientada a consolidar el peso de la concertada.

Recursos públicos para edificios privados

Si la ampliación de los conciertos a diez años es el principal cambio del decreto, el nuevo régimen económico concentra las medidas más polémicas. El texto permite destinar una parte de remanentes y excedentes de los módulos de actividades complementarias al mantenimiento y la mejora de los centros. Las alegaciones alertan de que esto puede revalorizar patrimonio privado con recursos públicos y favorecer formas de lucro indirecto incompatibles con la gratuidad de la enseñanza. Otra de las principales novedades es que, en determinados supuestos, Educación asumirá el coste de las indemnizaciones derivadas de despidos u otras extinciones contractuales del profesorado.

Para los socialistas, esta es una de las concesiones más importantes del decreto. Sostienen que la normativa estatal financia los salarios y los gastos de funcionamiento de los centros, pero no las indemnizaciones por despido. Por eso califican la medida de "socialización de los riesgos empresariales", ya que es el titular del centro quien despide al docente, pero es el Gobierno quien asume el coste. También rechazan que se financie la indemnización cuando sea el mismo trabajador quien extinga el contrato por una modificación sustancial de sus condiciones laborales.

El decreto también introduce modificaciones en la regulación del personal docente. Entre otros aspectos, permite que, de manera excepcional, los centros concertados puedan contratar provisionalmente a profesores que aún no cumplan todos los requisitos académicos exigidos, siempre que acrediten que no es posible cubrir la plaza con un docente que sí los reúna.

Las alegaciones socialistas consideran que esta flexibilización podría entrar en conflicto con la normativa estatal sobre titulaciones del profesorado y generar un trato diferenciado respecto de los centros públicos. También cuestionan las excepciones previstas para los técnicos de educación Infantil y los plazos para acreditar determinados requisitos lingüísticos, porque entienden que rebajan las exigencias aplicables a los centros sostenidos con fondos públicos.

Más allá de aspectos técnicos

Más allá de los cambios concretos, el nuevo decreto refleja la visión que el Gobierno del PP tiene del sistema educativo: una escuela concertada con unos derechos cada vez más equiparables a los de la pública. En derechos, la distancia se ha acortado lo suficiente (más dotaciones, mejoras salariales, declaraciones de interés autonómico para mejoras en centros concertados, etc.). En deberes, sin embargo, la desigualdad es del todo evidente. Son ejemplos las cuotas que muchos concertados cobran como si fueran obligatorias, con precios inasumibles para muchas familias y la obligación de comprar los libros de texto y los uniformes a través del mismo centro, una práctica que la normativa vigente prohíbe. La diferencia en deberes también se hace evidente en la distribución del alumnado recién llegado y extranjero, que tradicionalmente acaba mayoritariamente en la pública.

El futuro decreto de conciertos consolida este modelo y da continuidad a la política educativa desplegada por el Gobierno durante la legislatura. Más que un simple cambio normativo, confirma una apuesta por reforzar el papel de la concertada dentro del sistema educativo. El debate, en el fondo, es de modelo: hasta qué punto los recursos públicos han de continuar reforzando una red privada que, a pesar de estar sostenida con dinero público, no asume las mismas obligaciones que la pública.