El combustible lleva al sector primario y a las familias de Baleares al límite

PalmaEn enero de este año, Joan Gaià, secretario general de Unió de Pagesos (UP) y empresario, pagaba de media 0,90 euros por litro de gasóleo agrícola. Era prácticamente el mismo precio que en agosto de 2025. En mayo, sin embargo, ya eran 1,24 euros. Esta semana la cifra ha llegado a 1,70 euros. En nueve meses, uno de los costes imprescindibles para hacer funcionar una explotación agraria se ha encarecido un 89%. Solo desde mayo, el incremento es de cerca de un 37%. “Esto es una estocada muy grande para los que todavía creemos en el campo”, lamenta Gaià.

“Proveemos de alimentos, todo el mundo nos da la enhorabuena, pero ahora mismo hemos llegado a una situación insostenible. No podemos continuar así, y parece que lo dices y no pasa nada. Las administraciones no pueden consentir que el sector primario se hunda más”, explica el secretario general de UP. La Consejería de Agricultura ha aprobado una partida de 750.000 euros que compensa con diez céntimos por litro el gasóleo agrícola adquirido entre el 1 de marzo y el 30 de junio. La convocatoria está financiada íntegramente con fondos autonómicos.

El problema es el calendario. La compensación cubre un periodo anterior a una parte de la subida que más preocupa ahora a los productores. Desde junio, los carburantes se han vuelto a disparar.

En el mar, la historia es muy parecida. El gasóleo profesional pesquero ha llegado esta semana a 1,40 euros el litro en las Baleares y ya representa más de la mitad de los costes operativos directos de algunas embarcaciones, según ha advertido la Federación Balear de Cofradías de Pescadores. La dificultad añadida es que buena parte de la flota no puede trasladar directamente el encarecimiento al cliente: el pescado se vende en subasta y “es el mercado el que acaba fijando el precio”, asegura Miquel Alemany, secretario de la cofradía del Puerto de Andratx. Agradecen las ayudas estatales, “que pueden haber supuesto entre 2.000 y 2.500 euros por barco”, y las autonómicas, pero “cada vez se complica más el sector de la pesca profesional por los costes”, advierte.

El Ejecutivo ha aprobado también una línea específica de 750.000 euros para el gasóleo pesquero, destinada a los armadores que tuvieron actividad entre el 9 de marzo y el 14 de junio. El Gobierno argumenta que la ayuda intenta compensar el incremento extraordinario del combustible derivado de la crisis internacional. Una crisis que “se alarga demasiado, ahora mismo sin ninguna esperanza de cambio a corto plazo”, dice Alemany, que recuerda que “en junio se empezó a notar una primera bajada después de meses terroríficos y, claro está, acabó la ayuda autonómica”. “Pero ahora, a partir de agosto, ha sido un desastre. Ya superamos 1,40 euros el litro, a pesar de tener el precio protegido”, lamenta. El precio más alto que ha pagado nunca el sector.

Medidas insuficientes

El secretario de la cofradía remarca que tanto el director general de Pesca, Toni Grau, como el patrón mayor, Domingo Bonnín, se han movido para buscar fórmulas que compensen al sector. La Federación Balear de Cofradías valora las medidas adoptadas hasta ahora, pero considera que resultan insuficientes ante los costes actuales y reclama mecanismos de compensación nuevos o medidas fiscales.

La particularidad de la pesca hace, además, que la factura acabe afectando directamente al salario. En muchas embarcaciones, explica Alemany, armador y marineros trabajan con un sistema en el que se comparten ingresos y determinados gastos. Cuando la barca gasta más para salir, queda menos para repartir.

En Andratx hay actualmente cuatro barcas de arrastre y seis de artes menores, según la cofradía. Una cifra que no ha hecho más que bajar en los últimos 20 años. Las tripulaciones pueden llegar a las cuatro de la madrugada para preparar la embarcación, salir hacia las cinco y volver más de doce horas después. Aún queda limpiar, preparar el pescado y transportarlo. “Es muy difícil que así encontremos gente que quiera tomar el relevo y salir a pescar. Ahora mismo, subsistimos”, dice Alemany.

Curiosamente, la reducción de los días de pesca de arrastre impuesta durante los últimos años por la regulación europea tiene una lectura diferente en este nuevo escenario. En un principio el sector se opuso porque en el caso de las Islas ya se había producido un abandono importante de la actividad. “Ahora nos falta poco para celebrar cada recorte de días”, dice con ironía Alemany. Si salir al mar es cada vez más caro, concentrar la actividad y conseguir que la captura obtenga un precio mejor puede resultar más rentable que acumular jornadas con márgenes mínimos.

Un encarecimiento que afecta a todos

El encarecimiento del combustible y las materias primas afectan de manera transversal a todos los sectores productivos. Matías Pomar, propietario de la pastelería Can Pomar, explica que en la empresa acumula años de encarecimientos generalizados. “Hemos sufrido unos incrementos acumulados de los precios de la energía y combustible muy grandes, y ahora los conflictos internacionales nos acaban de complicar mucho la situación”. Can Pomar tiene cuatro puntos de venta en Mallorca. Pomar asegura que este año todavía no han subido los precios para compensar la última escalada. “Nos lo estamos comiendo nosotros, pero si no baja el combustible será imposible mantener los precios actuales”.

A los costes energéticos se añade el incremento salarial derivado del nuevo convenio. Según Pomar, las dos cosas son en realidad caras de la misma moneda. “Es lógico. El personal pide más salario porque se enfrenta a unos costes insoportables”, admite. Cuando compara la situación con la de hace diez años, habla de un cambio más profundo que una subida puntual de la factura. Recuerda que su padre “pudo hacer crecer el negocio, invertir en él y obtener un cierto rendimiento”. “Ahora nosotros nos dedicamos solo a resistir y aguantar”, explica.

Los cuatro establecimientos están abiertos actualmente de las siete de la mañana a las ocho de la tarde. El año que viene, explica, podrían empezar a cerrar durante algunas franjas horarias. La decisión no responde únicamente a los costes. También falta personal. “No encontramos gente local para atender al público, pero tampoco hay gente que venga a hacer la temporada. No les sale a cuenta”.

La inflación de las Baleares llegó en agosto al 4,4% interanual, cinco décimas más que el mes anterior y el nivel más elevado desde abril de 2023. El transporte es un 5,3% más caro que hace un año, los alimentos y las bebidas no alcohólicas han subido un 3,2% y la restauración y los alojamientos, un 8,2%. El INE señala precisamente a los combustibles como uno de los principales responsables de la aceleración de los precios durante agosto.

Esta vorágine de encarecimiento de la vida lleva a las familias al límite. Marga Moll vive con su marido y sus dos hijas en la calle de Aragón de Palma. Ambos trabajan y tienen el piso en propiedad. Cuando oye hablar de las dificultades de la restauración, dice, piensa inevitablemente en el presupuesto de su casa. “Cuando los de los restaurantes se quejan, yo pienso: pero ¿ellos se han planteado que si yo voy a cenar con las dos niñas y mi marido gastamos 120 euros sin pedir ni postres? Con los sueldos que hay, ¿qué quieren, que vayamos?”.

Moll reconoce que su familia parte de una situación relativamente favorable. “Nosotros tenemos el piso en propiedad y trabajamos los dos. Y si no fuera porque no pagamos piso, directamente no podríamos vivir en Mallorca”. A la dañada economía familiar se le añaden “las actividades de las hijas, los recibos habituales y cualquier gasto imprevisto. “Te llega el día de ir al dentista y tiemblas. No lo sé, vivir así es muy triste”.

Movilizaciones

Los gobiernos estatal y autonómico han intentado aliviar el golpe a quienes últimamente están sufriendo más la escalada de costes del combustible, el sector agrario y el pesquero, y han anunciado más ayudas. Pero el malestar es enorme y las principales organizaciones agrarias del Estado Asaja, COAG y UPA volverán a salir a la calle por todas partes ante un encarecimiento del gasóleo agrícola, que sitúan en el 48% interanual. Asaja Baleares asegura que esta cifra todavía es más alta en las Islas, y ha advertido que “la situación afecta directamente a la rentabilidad de las explotaciones agrarias”.