Los 'rent a car' plantan cara al límite de vehículos en Mallorca y piden la intervención de Competencia
La patronal de las empresas de alquiler de vehículos de las Islas Baleares presenta 22 enmiendas a la ley de Galmés y alerta que las cuotas pueden vulnerar el libre mercado
PalmaLa proposición de ley del Consell de Mallorca de regulación de la afluencia de vehículos en la isla de Mallorca ya ha encontrado el primer escollo: la patronal de los vehículos rent a car, Baleval. La Asociación Balear de Vehículos con y sin conductor agrupa a operadores grandes, medianos y pequeños que desarrollan la actividad en las Islas. En un contundente documento registrado en el Parlamento el 17 de septiembre, Baleval ha presentado 22 enmiendas a la iniciativa que promete limitar la entrada de vehículos de alquiler en Mallorca con el objetivo de frenar el colapso circulatorio y la saturación.Baleval considera que la proposición de ley impulsada por el ejecutivo de Llorenç Galmés restringe el acceso a una actividad económica sin demostrar que los vehículos de alquiler sean la causa específica y principal del problema: “La ley parte de una atribución de responsabilidad singular al sector del alquiler de vehículos que no aparece suficientemente acreditada en el expediente legislativo”. Por ello, si no se acredita esta responsabilidad, consideran que la ley puede resultar arbitraria o discriminatoria. Creen que la proposición de ley no incorpora un análisis suficiente de alternativas regulatorias menos restrictivas ni acredita por qué la limitación específica de los vehículos de alquiler es la medida más adecuada. La patronal sostiene que limitar flotas y repartir cuotas de vehículos es una “intervención intensa” del mercado que necesita datos sólidos, una justificación detallada y el estudio de alternativas menos restrictivas.
La patronal del rent a car considera que las limitaciones que promueve el Consell presentan “dudas serias de compatibilidad con el ordenamiento jurídico español”. Defienden que la norma vulneraría la libertad de empresa, la unidad de mercado, la libre competencia y el libre acceso a la actividad económica.
En este sentido, alertan de los efectos negativos de la norma sobre los precios y la competencia, ya que creen que los techos y las cuotas podrían crear barreras de entrada, favorecer a algunas empresas, impedir el crecimiento de otras y encarecer los servicios. “La reducción artificial de la oferta de vehículos puede provocar incrementos de precios, dificultar la entrada de nuevos operadores, reducir los incentivos para intervenir en la renovación de flota y limitar la capacidad de adaptación de la oferta a la demanda real”, expone el documento registrado en el Parlamento de las Islas Baleares. Esto no es todo: advierten que las restricciones también podrían afectar especialmente a los residentes, trabajadores y visitantes de zonas que no disponen de alternativas adecuadas de transporte público.
Intervención de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
Ante todo esto, Baleval reclama la intervención de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. En primer lugar, pide al Parlamento que valore solicitar un informe a la CNMC en relación con la totalidad de la ley, pero la enmienda 11 va más allá y propone introducir dentro del texto normativo la obligación de que el Consell pida un informe al organismo estatal antes de aprobar los criterios de adjudicación, de acuerdo con “los principios de libre competencia, acceso al mercado y ausencia de discriminación entre operadores”.
Según la propuesta de las empresas de coches de alquiler, la CNMC debería examinar si las cuotas están justificadas por datos objetivos, si hay alternativas menos restrictivas, si el sistema prevé realmente la entrada de nuevos operadores, si favorece a empresas ya implantadas, y si las exenciones por tamaño de flota son discriminatorias, entre otros. En definitiva, si los instrumentos fijados por el Consell restringen la competencia más de lo necesario.
El documento también considera problemático que la ley deje elementos esenciales como el techo, las cuotas y los criterios de distribución a acuerdos posteriores del Consell de Mallorca. Por eso Baleval pide conocer las reglas del juego con antelación: que las cuotas se adjudiquen con un año de margen y que la motivación sea “suficiente, transparente y verificable”.
Los antecedentes de Ibiza y Formentera
Baleval recuerda que la CNMC ya ha cuestionado, mediante recursos, “determinados criterios de asignación” de los sistemas de limitación de vehículos aplicados primero a Formentera e después a Ibiza. Señalan estos precedentes como muestra de que los sistemas de cuotas podrían favorecer a determinados operadores y limitar “injustificadamente” el acceso o el crecimiento empresarial.
El organismo estatal ha instado al Consell de Ibiza a revisar el sistema de reparto, dado que lo considera potencialmente perjudicial para las grandes empresas, y ha advertido de emprender acciones judiciales.
“No somos los principales responsables de la congestión”
La patronal del rent a car admite que Mallorca sufre problemas de congestión en las carreteras, pero rechaza que los vehículos de alquiler sean la causa principal. Baleval asegura que los estudios no acreditan que el sector del alquiler sea el principal responsable de la saturación viaria. “Ni el estudio de carga de la red viaria de 2024 ni el estudio de impacto de los vehículos de alquiler de 2017 permiten concluir que los vehículos de alquiler constituyan la principal causa de los problemas de congestión existentes en Mallorca”, apuntan.
La asociación empresarial sostiene que el colapso circulatorio se explica sobre todo por el crecimiento demográfico, la dependencia del vehículo privado, la insuficiencia del transporte público y la concentración del tráfico en puntos concretos.
El Consell confía en la tramitación parlamentaria
Fuentes del Consell de Mallorca han asegurado al ARA Balears que confían en la tramitación parlamentaria y que todas las enmiendas que se presenten serán consensuadas con todos los grupos parlamentarios que apoyan la ley. Por eso, sostienen que de ella saldrá “una ley con el máximo consenso político y ciudadano”.