Los informes ponen contra las cuerdas el proyecto de macrogranja en Manacor

PalmaEl proyecto de la macrogranja de gallinas de Avícola Son Perot que aspira a producir 26,5 millones de huevos anualmente en la finca manacorina de Son Brau presenta incumplimientos urbanísticos y carencias graves en materia ambiental. Así lo advierten los informes preceptivos emitidos por el Ayuntamiento de Manacor a los cuales ha tenido acceso el ARA Balears. Todos los departamentos municipales que han tenido que intervenir en el procedimiento administrativo han informado desfavorablemente este proyecto polémico que acumula opositores. La trayectoria de la empresa, involucrada en múltiples denuncias de maltrato animal y en materia sanitaria, ha puesto en pie de guerra a los vecinos de la zona.

La producción de más de la mitad de los huevos de gallina de las Baleares se encuentra bajo sospecha. Las explotaciones de Avícola Ballester y Avícola Son Perot, vinculadas al mismo grupo empresarial y conocidas entre los colectivos animalistas como las “granjas del horror”, acumulan denuncias por las condiciones en las que mantienen a miles de gallinas. Solo una de las explotaciones, Es Caparó, en Manacor, tiene una capacidad productiva equivalente a cerca del 60% de todos los huevos de gallina que se producen anualmente en las Islas. Un sector que, en un contexto de demanda creciente del producto, podría ser un ejemplo de agroindustria local de kilómetro cero y que se ha convertido en un foco recurrente de conflictos por el bienestar animal, las condiciones higienicosanitarias y las molestias que las explotaciones generan a los vecinos.

Sin embargo, y a pesar de este historial de controversias, la empresa aspira ahora a ampliar el negocio con una nueva granja de 80.000 gallinas en la finca de Son Brau, en Manacor. Todo ello dibuja una situación preocupante para el futuro de la producción alimentaria de proximidad, agravada por las deficiencias de algunas infraestructuras públicas. Los problemas sanitarios y los cierres de los mataderos municipales, especialmente en Inca y Manacor, han contribuido a una situación en la que una parte de las aves criadas en Mallorca han tenido que ser trasladadas a la Península para ser sacrificadas.

Ahora bien, mientras las instituciones reivindican el producto local, una parte de la cadena alimentaria continúa marcada por las denuncias por carencias sanitarias y deficiencias estructurales.

Las entidades animalistas ARDE y Satya Animal han denunciado esta semana ante la Fiscalía las condiciones de la explotación de la granja de Mirabò, también de Avícola Ballester, en Manacor.

Llucmajor, también ante la Fiscalía

La denuncia ha vuelto a poner el foco en una empresa que tiene otra investigación penal abierta por el Ministerio Público relativa a la granja de la empresa en Llucmajor. Esta explotación, también de Avícola Son Perot, acumulaba quejas vecinales desde hacía años por malos olores y proliferación de insectos, además de denuncias de animalistas por las malas condiciones de las gallinas.

Tras inspeccionar la granja en mayo de 2025, la Consejería de Agricultura ordenó el cierre de una nave y en junio propuso una sanción de 200.000 euros por diversas infracciones. El escándalo supuso incluso la retirada de los huevos de Avícola Ballester de diversas cadenas de supermercados. El caso llegó al pleno del Ayuntamiento de Llucmajor, que aprobó una moción que reclamaba el cierre de la granja.

Aunque la causa penal por posible maltrato animal se archivó, en abril la Audiencia Provincial admitió a trámite el recurso de apelación contra el archivo de la plataforma STOP Macrogranja Llucmajor. Sense Olor ni Mosques, junto con organizaciones animalistas como Satya y CREMA, y la causa continúa viva.

Es por este motivo que, a pesar de la propuesta de sanción de 200.000 euros por parte de Agricultura, este procedimiento se encuentra paralizado hasta que no se resuelva la vía penal, indican fuentes de la Consejería.

Manacor no quiere ninguna granja nueva

El 28 de mayo, en Manacor, se encendieron todas las alarmas. Tras el proyecto fallido de Sineu, donde Avícola Son Perot había proyectado una macrogranja para 750.000 gallinas que suscitó una fortísima oposición vecinal en 2025 y que el Ayuntamiento rechazó, el Gobierno aprobó un decreto ley para limitar la dimensión y la ubicación de las nuevas explotaciones avícolas intensivas. El Parlamento aprobó la Ley 2/2025, que prohíbe nuevas explotaciones de más de 160.000 gallinas ponedoras y fija distancias mínimas respecto del suelo urbano residencial: dos kilómetros para explotaciones de más de 20.000 gallinas; cuatro kilómetros para las de más de 40.000; y seis kilómetros para las de más de 80.000; y mantiene la obligación de cumplir el resto de requisitos ambientales y ganaderos.

En este contexto, la empresa avícola presentó el nuevo proyecto para Son Brau, en principio, cumpliendo los preceptos de la nueva norma: 80.000 gallinas y lejos del núcleo urbano de Manacor. Con todo, los vecinos de la zona reaccionaron pronto con reuniones informativas, recogida de firmas y una concentración ante el pleno del Ayuntamiento, con pancartas y gritos de ‘Macrogranja no’. El pleno aprobó en julio una moción contra el proyecto, con los votos de todos los grupos excepto el de Vox. El proyecto prevé dos naves de 40.000 gallinas cada una, una nave para empaquetar los huevos, un estercolero cubierto y otras instalaciones, con un consumo de agua estimado de 9.600 metros cúbicos.

Este proyecto continúa hoy en tramitación ambiental, sin embargo el Ayuntamiento ya ha trasladado al Gobierno informes desfavorables de diversos servicios municipales.

El informe de Urbanismo señala que las naves y el estercolero superan el volumen máximo por edificio y advierte que hay construcciones preexistentes sin licencia, hecho que no permite conceder nuevas autorizaciones. Asimismo, el informe municipal de Medio Ambiente cuestiona la falta de alternativas de emplazamiento, ya que el proyecto se sitúa a solo 300 metros de la protegida zona de especial conservación de Na Borges y considera insuficiente la evaluación de los efectos sobre el acuífero de Son Talent, la gestión de residuos como la gallinaza y los lixiviados, el consumo de agua, los olores y el tráfico. El Ayuntamiento también pone trabas en relación con la movilidad y advierte que el camino de acceso no se considera apto para soportar vehículos de gran tonelaje. En este sentido, la Policía Local de Manacor describe un camino rural de unos 2,5 metros de anchura y advierte que no es adecuado para un incremento significativo del tráfico de mercancías. En julio, el ingeniero municipal de caminos también informó desfavorablemente el uso del camino para los vehículos pesados asociados a la construcción y la explotación de la granja.

El Ayuntamiento remitió los informes al Gobierno este verano y también ha pedido al Consejo de Mallorca que valore el incremento del volumen de tráfico en el camino de acceso al cruce con la Ma-3322, conocida también como el camino de Conies.

Las nuevas denuncias de Satya y ARDE contra dos de las granjas de Avícola Son Perot en Manacor llegan en un momento crucial en el que el Gobierno debe emitir la autorización definitiva. Con todo, los informes desfavorables del Ayuntamiento podrían dificultar su luz verde. La empresa ve las últimas denuncias de los animalistas como “una estrategia de presión de cara a Son Brau”, y señalan a “personas con poder adquisitivo que financian a estos grupos”.

Una autorización en un contexto convulso

La fotografía oficial de las explotaciones avícolas en Mallorca es la de un registro con miles de explotaciones, aunque casi todas son de autoconsumo. De las 3.847 explotaciones, solo 33 son de producción y reproducción de gallinas. De los 59 expedientes de control oficial en materia de ganadería que tiene abiertos ahora mismo la Consejería de Agricultura, 39 constan como cerrados, 5 figuran como expedientes con sanción y otros 15 continúan en tramitación.

Las entidades ARDE y Satya hicieron llegar el viernes 50.000 firmas al Gobierno contra el nuevo proyecto de la polémica empresa. Piden al consejero de Agricultura que se posicione, pero Joan Simonet defiende que las denuncias y el proyecto de Son Brau son procedimientos diferentes y que la autorización se tiene que resolver de acuerdo con los informes y la tramitación, porque no hacerlo “sería prevaricación”. En este contexto convulso, Son Brau espera la autorización ambiental.