Isleños: los olvidados de la Corona de Aragón

PalmaLa Corona de Aragón: esta es la historia compartida de siglos que la presidenta del Gobierno balear, Marga Prohens, reivindicó el pasado 15 de octubre, al reunirse, por primera vez en quince años, el patronato del monasterio de Poblet, compartido con Cataluña, el País Valenciano y Aragón y responsable de la gestión de este espacio, panteón de los soberanos comunes. Bueno, sí. ¿O no? Lo cierto es que las Islas Baleares fueron sistemáticamente arrinconadas –¡qué novedad!– a lo largo de su pertenencia a esta confederación, prácticamente durante todo el tiempo que formaron parte de ella.

Fueron tan olvidadas que ni existían. El estadounidense Perry Anderson, profesor de la Universidad de California (UCLA), al referirse al Aragón de finales de la Edad Media, en su estudio de referencia El Estado absolutista, especifica, en una nota a pie de página, que “el reino de Aragón era la unión de tres principados: Aragón, Cataluña y Valencia”. Pero esto no viene de ahora: en 1462, los jurados valencianos –equivalentes a los actuales concejales– se referían a la “nación” común de “todos los naturales de los reinos de Aragón, de Valencia y del Principado de Cataluña”. ¿Islas? ¿Qué islas?

La historia de la Corona de Aragón comenzó con una boda. Hacia 1137, el rey de Aragón, Ramiro el Monje, quería a alguien para dejar en buenas manos su reino y eligió al vecino Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona: lo designó como príncipe regente del territorio y lo comprometió con su hija, Petronila, de solo un año. A partir de entonces, sus descendientes gobernaron sobre ambos ámbitos.

La Corona llegaron a integrarla siete reinos –como en Juego de tronos–: Aragón, Cataluña, Valencia, Mallorca –es decir, las Baleares–, Cerdeña, Sicilia y Nápoles. Una parte de Occitania pertenecía a ella, pero se perdió, y los ducados griegos de Atenas y Neopatria formaron parte de ella a lo largo de unos decenios. Era una confederación: territorios cada uno con su autogobierno y con un monarca común. Algunos formaron parte y después salieron de ella: las Islas y el Rosellón pasaron a formar parte del nuevo lote dispuesto para Jaime II de Mallorca por su padre, Jaime I el Conquistador.

Como es bien sabido, el reino de Mallorca se reintegró definitivamente en la Corona común hacia 1343, cuando el monarca aragonés, Pedro el Ceremonioso, arrebató el Archipiélago a su soberano, Jaime III, que, por cierto, era su cuñado –de ahí, a buen seguro, debe provenir la mala fama de los cuñados. Pero con él no cambió nada: las Islas mantuvieron sus instituciones y los monarcas continuaban ausentes, ahora en la Península; antes en los territorios continentales, sobre todo en Perpiñán.

Ahora bien, como puntualiza Miquel Àngel Casasnovas, el reino de Mallorca nunca sería considerado “en pie de igualdad” con los reinos de Aragón y Valencia y el Principado de Cataluña, “sino como un estado de segunda categoría”. Era un territorio pequeño y periférico y sin cortes propias; se le consideraba como una especie de apéndice de Cataluña, a cuyas cortes, ciertamente, asistieron representantes de las Islas, si bien de manera puntual y sin continuidad.

La humillación de los isleños en Caspe

La prueba más sangrienta de aquella consideración de las Baleares como un territorio de segunda se produjo en 1411, al reunirse las cortes para abordar la sucesión del rey Martín el Humano, fallecido sin sucesión, entre las candidaturas de unos cuantos familiares. Curiosamente, entonces Mallorca se encontraba dividida en dos facciones: la ‘mallorquina’: mercaderes, artesanos y foráneos, y la que, justamente, se llamaba ‘aragonesa’: la nobleza.

Los tres delegados enviados desde las Islas se encontraron con la desagradable sorpresa de que aragoneses, catalanes y valencianos les excluyeron de la toma de decisión. Tal cual como si ahora Salvador Illa, Juan Francisco Pérez Llorca y Jorge Azcón le hubieran cerrado la puerta en las narices a Marga Prohens.

El veredicto se confió a una comisión integrada por tres aragoneses, tres catalanes y tres valencianos –uno de ellos, san Vicente Ferrer y otro, un hermano suyo–: el 24 de junio de 1412, en Caspe, en el Bajo Aragón, eligieron como nuevo rey a Fernando de Castilla, sobrino de Martín, que se convirtió en Fernando I. De ahí el nombre de Compromiso de Caspe con el que se conoce este episodio. Cuatro días más tarde llegaba otro delegado desde el Archipiélago –¡ay, esta impuntualidad isleña!–, ya a toro pasado.

Con este ‘sin embargo...’ y ‘qué le vamos a hacer’ que siempre ha caracterizado a los isleños –¿quizás ahora no tanto, o sí?–, se aceptó sin decir ni pío el veredicte, en el cual las Islas no habían tomado ni arte ni parte. No solo eso: se celebró la proclamación del nuevo monarca y fueron enviados a la coronación en Zaragoza los mismos tres embajadores que habían intentado intervenir en las conversaciones para elegir al nuevo rey, hasta que les habían echado.

A finales de la Edad Media, como recoge Antoni Riera i Melis, las ciudades cabecera de los respectivos territorios se repartían los papeles, por decirlo así: “Barcelona asumía el rol de centro dirigente, asegurador y financiero; Valencia y la Ciudad de Mallorca actuaban, en el frente marítimo, como plazas comerciales”; y Zaragoza hacía un papel similar a estas dos, pero por el tránsito por tierra. No todo fue siempre tan armonioso: los mallorquines lucharon contra los catalanes cuando estos se rebelaron contra el rey Juan sin Fe; mientras que Ciutadella y Mahón –todo un clásico– se decantaron la primera por el monarca y la segunda, por los rebeldes.

Con la integración dentro de la monarquía hispánica tampoco cambiaron mucho las cosas. Se creó una entidad específica para ocuparse de los asuntos de estos territorios: el Consejo de Aragón. Sus competencias no eran poca cosa. Proponía al monarca los candidatos a virrey de Mallorca, que siempre procedían del resto de territorios de la vieja Corona: catalanes, valencianos o aragoneses, y hacía de correa de transmisión entre el virrey y el soberano. También servía de tribunal de apelación de la Audiencia de Mallorca. Dos de los jueces de esta debían ser mallorquines, y otros dos, del resto de los territorios de la confederación.

Un consejo de la Corona sin isleños

Está claro que, como las Islas seguían sin pintar nada, tampoco podían ejercer ninguna influencia en el Consejo de Aragón, porque en este no había representantes de las Islas. El peso del Archipiélago era mínimo. A modo de ejemplo, cuando el primer ministro Olivares quiso establecer una aportación de los diferentes reinos al ejército, a la Corona de Aragón le habrían correspondido 38.000; de estos, 2.000 a las Islas, apenas un 5% del total.

La vieja Corona de Aragón vivió su canto del cisne cuando se acabó la dinastía de los Austrias y, por una carambola genealógica, le correspondió el trono español a Felipe de Borbón, un nieto del rey francés Luis XIV. Existía en estos estados, como observa Casasnovas, un “sentimiento antifrancés”, sobre todo en los espacios fronterizos; un recelo hacia “una monarquía más identificada con los intereses castellanos”, y una justificada desconfianza hacia “los antecedentes centralizadores” borbónicos.

Fue así como aragoneses, catalanes, valencianos e isleños hicieron un frente común, en favor de otro candidato a la Corona: el archiduque Carlos, en contra del nuevo rey, Felipe V. Aquello ya sabemos cómo acabó: los rebeldes fueron derrotados y, como castigo, en los cuatro territorios, en virtud de los decretos de Nueva Planta, fueron abolidas las instituciones propias, salvo en Menorca, donde se mantuvieron unas décadas.

El Consejo de Aragón también fue suprimido y sus funciones las asumió el Consejo de Castilla: quizás le habrían podido cambiar el nombre y ponerle Consejo de España, para disimular un poco, pero no. Las cuatro capitales de los cuatro territorios: Zaragoza, Barcelona, Valencia y Palma, en un gesto que quizás quería ser de magnanimidad, fueron agraciadas con sendos escaños en las Cortes de Castilla, que, de todas formas, tampoco servían para gran cosa. Al reunirse en 1724 en Madrid –¿dónde, si no?–, sus representantes fueron situados en la última fila. Por si no se habían enterado de que habían perdido una guerra.

Fueron los diputados de estas mismas cuatro ciudades los que, en 1760, presentaron a Carlos III un Memorial de Agravios –había pasado ya casi medio siglo desde la Nueva Planta–, en el cual criticaban la uniformización, la castellanización y que se hubiera quitado la normativa que reservaba a los naturales de cada territorio los cargos en las instituciones, fueron sustituidos aragoneses, catalanes, valencianos e isleños por castellanos. Por supuesto, sin mucho éxito.

Sería un cambio de régimen, con la expulsión –temporal– de los Borbones, lo cual propiciaría un fugaz reencuentro: el pacto de Tortosa, en 1869, que compartieron aragoneses, catalanes, valencianos e isleños, a favor de una república federal, y que fue apodado como “Coronilla de Aragón”. Desde entonces, la conexión aragonesa prácticamente desapareció de la perspectiva del Archipiélago... Hasta ahora.

Información elaborada a partir de textos de Miquel Àngel Casasnovas, Álvaro Santamaría, Antoni Mas i Forners, Antoni Riera i Melis, Pere Xamena Fiol, Pere Salas Vives, Josep M. Salrach y Anton M. Espadaler, Gabriel Ensenyat Pujol y Ernest Belenguer.