El consejero de Turismo, sobre la petición de reunión del GOB y Terraferida con Prohens: "Las agendas son complicadas"

PalmaEl consejero de Turismo, Jaume Bauzà, ha hecho referencia este miércoles a la queja del GOB y Terraferida, que pidieron una reunión con la presidenta del Govern, Marga Prohens, el 27 de julio y todavía no han recibido ningún tipo de respuesta. "Las agendas son complicadas", ha señalado en un acto en la biblioteca de Can Sales, además de señalar que se atenderá a las entidades en algún momento, según ha informado Europa Press.

Bauzà ha defendido la política de "contención turística" del Ejecutivo y ha asegurado que tiene un "respeto total hacia las demandas del GOB y Terraferida". "Lo que pasa es que nosotros, desde el primer día que entramos en el Govern, ya sabíamos cuál era la problemática y empezamos a tomar medidas", ha continuado. El consejero ha remarcado que la Conselleria ha tomado iniciativas en materia turística y ha subrayado la lucha contra la oferta ilegal y la prohibición de nuevas plazas turísticas en pisos, sin reducir las que hay en la actualidad. "El trabajo que hemos hecho es la contención de la oferta legal y la lucha enérgica y con muchos recursos contra la oferta turística ilegal", ha insistido.

En cuanto a la reducción de plazas que reclaman las entidades, ha indicado que implicaría "revocar derechos" a personas que tienen plazas turísticas y pagar indemnizaciones. "Cancelar plazas implicaría para la Comunidad Autónoma una responsabilidad patrimonial astronómica que nuestra manera de gobernar no nos permite", ha sentenciado.

El GOB y Terraferida han hecho públicas las medidas concretes que piden después de que 70.000 personas reclamaran límites a la turistificación en la manifestación del 26 de julio y han lamentado que no han recibido "ninguna respuesta" por parte de Prohens –también han solicitado una reunión con Llorenç Galmés. "No pararemos. Recién hemos empezado", aseguró el martes Antonina Siquier, del GOB, además de remarcar que Prohens y Galmés son "las dos únicas personas que pueden tomar medidas contra la masificación".

Las dos entidades reclaman que se ponga fin al alquiler turístico y que se recuperen viviendas para uso residencial a precio asequible; que se detenga la urbanización del suelo rústico y que se decrete una moratoria a la construcción de piscinas nuevas; que se ponga fin a las políticas de desprotección del territorio; que se establezca un límite máximo de vehículos que pueden circular en Mallorca y que se potencie el transporte público; y que se garantice la seguridad climática.