Un centenar de personas se concentran en Palma contra el desahucio de Maricarmen: "Mañana puedes ser tú"

PalmaUn centenar de personas se han concentrado este miércoles por la tarde en Mallorca para mostrar la solidaridad con Maricarmen, la vecina de Madrid de 87 años que este miércoles ha sido desahuciada de la vivienda donde vivía desde hacía siete décadas. La protesta ha sido convocada con carácter urgente por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) Mallorca, el Sindicato de Inquilinas de Mallorca y Menos Turismo Más Vida a raíz del desalojo de la mujer.

Los convocantes han querido denunciar la situación de Maricarmen y mostrar su apoyo después de lo que consideran un "deplorable" desahucio. La mujer, que se desplaza en silla de ruedas, ha sido expulsada de su casa después de tres intentos anteriores de desalojo. Los asistentes han lanzado consignas como "hoy es Maricarmen, mañana puedes ser tú".

El caso de Maricarmen ha generado una fuerte movilización en Madrid. Desde el martes por la tarde cientos de vecinos y miembros del Sindicato de Inquilinas de Madrid se habían concentrado ante el edificio con el objetivo de impedir que la mujer fuera desahuciada. Finalmente, los antidisturbios de la Policía Nacional han ejecutado la resolución judicial este miércoles.

La actuación policial ha provocado momentos de tensión. El Sindicato de Inquilinas ha denunciado el uso de “violencia” por parte de los agentes y ha asegurado que algunos de los manifestantes habrían recibido golpes en la cabeza, además de denunciar el uso de gas pimienta durante el operativo.

El magistrado Juan Pedro Yllanes cuestiona la interpretación judicial que ha dejado a Maricarmen en la calle

Por su parte, el magistrado y exvicepresidente del Gobierno balear Juan Pedro Yllanes ha cuestionado este miércoles la resolución judicial que ha acabado con el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que vivía desde hacía siete décadas en la misma vivienda de Madrid. En un vídeo difundido este miércoles a través de las redes de Sumar en las Islas, Yllanes considera que una interpretación entendiendo el contexto en el cual se firmó el contrato de arrendamiento que firmó el padre de la mujer desahuciada en el año 1956 habría podido evitar que acabara en la calle.

El exjuez y quien también fue diputado de Podemos en el Parlamento balear ha puesto el foco en el artículo 3.1 del Código Civil, que establece que las normas se deben interpretar “según el sentido propio de las palabras”, pero también teniendo en cuenta el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y “la realidad social del tiempo en el que han de ser aplicadas", además del espíritu y la finalidad de las normas.

A su parecer, si esta disposición se hubiera aplicado atendiendo al contexto social del año 1956, Maricarmen probablemente todavía estaría en su casa y no se habrían producido los “lamentables hechos” de este miércoles durante la ejecución del desahucio.

Una subrogación que lo cambia todo

La clave del caso se encuentra en la interpretación de las subrogaciones del contrato de alquiler. El padre de Maricarmen firmó el arrendamiento en el año 1956, durante el franquismo, en un momento en que las mujeres tenían una capacidad jurídica y unos derechos mucho más limitados que en la actualidad. Según la interpretación que defiende Yllanes, el contrato se debería entender como un acuerdo suscrito por el padre en representación de la unidad familiar.

Cuando el padre murió, la madre de Maricarmen pasó a ser la titular del contrato. Esta transmisión se consideró una primera subrogación. Posteriormente, cuando murió la madre, la permanencia de Maricarmen en la vivienda se interpretó como una segunda subrogación. Esta segunda subrogación es la que ha acabado permitiendo que la propiedad reclamara el desahucio.

Yllanes considera, sin embargo, que había otra interpretación posible y más coherente con el contexto en que se firmó el contrato. Si el padre de Maricarmen actuó en 1956 en nombre de la unidad familiar, argumenta, esta unidad familiar habría continuado siendo la misma después de su muerte, primero con la madre y posteriormente con la hija. Por lo tanto, entender que el cambio de titularidad a favor de la madre ya constituía una primera subrogación habría sido, según el exvicepresidente, una interpretación restrictiva de los derechos de la arrendataria.

En este sentido, el juez considera que los tribunales habrían podido aplicar el artículo 3.1 del Código Civil para tener en cuenta las circunstancias históricas y sociales en que se formalizó el contrato, especialmente el papel jurídico de las mujeres durante el franquismo.

El conflicto tiene su origen en la situación contractual de la vivienda. La propiedad del inmueble, el fondo de inversión Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, planteaba elevar el alquiler hasta los 1.650 euros mensuales, una cantidad que Maricarmen no podía asumir. La mujer cobra una pensión de 1.350 euros y hasta ahora pagaba 500 euros al mes gracias al contrato de renta antigua.

A pesar de los intentos de negociación, las partes no han llegado a un acuerdo y el procedimiento ha acabado con la ejecución del desahucio. Ahora, Maricarmen se encuentra sin saber dónde irá a vivir. De momento, el Ayuntamiento de Madrid ha asegurado que dispone de una “plaza de emergencia” para ella en una residencia.