El PSIB acusa de insolidaridad al Gobierno por el reparto de menores migrantes

PalmaEl PSIB-PSOE ha criticado duramente al Gobierno de Marga Prohens por la negativa a participar en la convocatoria del gobierno español para abordar la situación de los menores migrantes no acompañados. Según ha recogido Efe, los socialistas consideran que este posicionamiento es "irresponsable e insolidario" y advierten que los flujos migratorios están cambiando, por lo que Baleares podría verse afectada en el futuro próximo.

El diputado socialista Omar Lamin ha denunciado que el Ejecutivo autonómico se niega a colaborar por motivos partidistas, aunque probablemente necesitará pronto esa misma solidaridad institucional que ahora rechaza. Según Lamin, el Gobierno "boicotea" los espacios de diálogo impulsados desde el Estado, en un momento en el que la vía migratoria mediterránea gana protagonismo.

El PSIB ha registrado en el Parlament una proposición no de ley para reforzar la lucha contra los discursos de odio y rechazar el plan de deportaciones masivas propuesto por Vox, que podría afectar a ocho millones de personas.

Lamin ha condenado los recientes episodios de acoso y agresiones xenófobas a Torre Pacheco y ha acusado a la ultraderecha de fomentar un clima de odio que la derecha "asume con pasividad".

La formación ha subrayado que estas propuestas de expulsión vulneran derechos fundamentales recogidos en la Constitución y reitera la "más absoluta repulsión" ante cualquier forma de racismo, persecución o señalamiento.

Medidas

Entre las medidas propuestas, los socialistas instan al Parlamento a rechazar el plan de Vox y reivindicar las Islas como una comunidad acogedora. También proponen que IB3 implemente una herramienta de verificación de noticias falsas sobre la migración y otros colectivos vulnerables y refuerce la difusión de contenidos verazes que reflejen la realidad.

El PSIB ha planteado, además, que el Gobierno se persone judicialmente en todos los casos en los que haya agresiones, discursos de odio o cualquier tipo de discriminación contra personas migradas, en defensa del interés público.