Hay decisiones políticas que se pueden explicar de manera impecable con el articulado de una ley, pero, aun así, son incomprensibles desde el sentido común. La reciente aprobación de la Ley ómnibus del Gobierno balear tiene entre sus puntos polémicos la posibilidad de que las personas jurídicas, es decir, empresas y fondos de inversión, puedan adquirir viviendas protegidas de precio tasado. Justamente la modalidad más asequible dentro de la vivienda protegida.
Es difícil de entender, porque si existe una escala de protección pública, aquello que es más accesible debería estar reservado a quien más protección necesita. Es de una lógica casi infantil, pero parece que hemos llegado a un punto en que el mercado, tampoco el Gobierno, ya no aceptan ni siquiera esta obviedad.
Se dice que no pasa nada porque el precio está fijado y, por lo tanto, no se puede especular. Quizás sea cierto. O quizás lo es hoy. Pero la experiencia nos ha enseñado que, cuando se trata de vivienda, las grietas acaban apareciendo. Hace unos años era impensable que hubiera quien pagara porque se delatara a personas mayores sin herederos que tienen casas susceptibles de salir al mercado. También era inimaginable comprar viviendas ocupadas o adelantar mucho dinero para asegurar futuras operaciones. La creatividad del negocio inmobiliario es proporcional a la rentabilidad que se ve venir.
En un contexto de emergencia habitacional como el actual, todo interesa. Todo se puede convertir en oportunidad. También las viviendas protegidas de precio fijado. Y ya se puede repetir que particulares y empresas competirán en igualdad de condiciones. No es verdad. No compite igual quien necesita un techo para vivir que quien tiene estructuras, asesores y capacidad financiera. Tampoco accede en igualdad de condiciones a muchas subvenciones quien tiene que rellenar los papeles solo que quien tiene gestores que conocen los requisitos y cómo justificarlos. Es una igualdad formal que esconde una desigualdad profunda.
También es cierto que es demasiado cómodo convertir los fondos de inversión en los únicos malos de esta historia. Ellos hacen aquello que se supone que deben hacer: buscar rentabilidad. Quizás lo que debemos preguntarnos es por qué nosotros, como sociedad, hemos aceptado que un bien de primera necesidad sea gobernado por esta lógica. Por qué hemos normalizado que la vivienda sea antes un activo que un hogar.
Quizás la responsabilidad es compartida: de los gobiernos que legislan, del mercado que presiona y también de una sociedad que durante demasiado tiempo ha considerado que tener viviendas era una inversión segura y envidiable. Pero, en todo caso, un punto de lo más significativo es cuando incluso el más barato de los viviendas protegidas deja de estar pensado primero para los más vulnerables, porque entonces alguna cosa esencial se ha trastocado. Porque ya no discutimos solo sobre una ley, sino sobre qué idea de comunidad queremos defender. Si no somos capaces de aceptar que hay derechos que deben pesar más que las oportunidades de negocio, la protección pública acaba siendo una herramienta más para proteger a los más fuertes.
