El fenómeno natural no discrimina; las administraciones no deben hacerlo
El eclipse total de Sol del 12 de agosto es un fenómeno extraordinario. También lo es la expectación que ha despertado. Hace más de un año que astrónomos, aficionados y medios especializados advertían que las Baleares, y con más medida Mallorca, serían uno de los lugares más codiciados del mundo para observarlo, si las condiciones meteorológicas lo permiten.
En el momento de escribir este editorial, todo apunta a que miles y miles de personas querrán concentrarse en los puntos privilegiados de la costa para contemplar un espectáculo que se prevé irrepetible. Ante esta perspectiva, las restricciones de acceso no solo son comprensibles sino imprescindibles. Nadie discute que hay que evitar el colapso circulatorio, proteger los espacios naturales y garantizar que, si se produce una emergencia, se pueda actuar pronto. Es una cuestión de seguridad colectiva.
Pero una cosa es restringir el acceso y otra decidir quién puede llegar y quién no. El dispositivo previsto permite la entrada a los que tienen casa con vistas al mar o una reserva en determinados hoteles o restaurantes, mientras deja fuera a muchos residentes que querrían observar un fenómeno natural desde uno de los mejores lugares de su propia isla. Es difícil no ver una desigualdad. El Sol se pondrá igual para todos. El eclipse no distinguirá entre propietarios, visitantes, clientes de un hotel o vecinos de la isla. Las administraciones tampoco deberían hacerlo. Cuando las excepciones coinciden casi siempre con quien puede pagarlas, el mensaje que se transmite es que hay ciudadanos que tienen más derecho que otros a disfrutar de un bien que es de todos.
La situación era, además, del todo previsible. Mientras los alojamientos y los restaurantes de las zonas más cotizadas veían cómo las reservas se llenaban con meses o un año de antelación y los precios alcanzaban cifras inéditas, el Gobierno tenía el mismo tiempo para preparar un dispositivo ordenado y más equitativo. Se podrían haber habilitado sistemas de reserva pública, aparcamientos disuasorios, autobuses lanzadera u otras fórmulas que distribuyeran las oportunidades de acceso con transparencia.
La respuesta institucional ha llegado tarde y refuerza la percepción, cada vez más extendida en las Islas, de que el espacio, el paisaje e incluso las experiencias más excepcionales son más accesibles para quien tiene más recursos que para los residentes. Y esto ocurre en un momento de máxima tensión social, tras las movilizaciones contra la masificación turística y contra un modelo que muchos consideran pensado antes para satisfacer a los visitantes que a los habitantes.
Las restricciones son necesarias. La discriminación, no. Cuando un fenómeno natural es universal, las administraciones deben procurar que el acceso a contemplarlo también responda, tanto como sea posible, a los principios de igualdad, previsión e interés general.
