No son las pateras. Son las políticas del PP y de Marga Prohens

Las Islas Baleares viven uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. Nunca había sido tan complicado acceder a una vivienda. Nunca tantos jóvenes habían visto tan lejana la posibilidad de emanciparse. Nunca tantas familias habían tenido que destinar una parte tan grande de su sueldo a pagar un alquiler o una hipoteca. Y nunca tantas personas habían sentido que, a pesar de trabajar cada día, vivir dignamente en su propia tierra se está convirtiendo en un privilegio reservado a unos pocos.

Este es el gran problema de las Islas Baleares, pero es el debate que evita el Gobierno de Marga Prohens.

El Partido Popular ha decidido situar la inmigración en el centro de la confrontación política. Nos quiere convencer de que el principal problema de las Islas llega en una patera; que la crisis de la vivienda, la saturación de los servicios públicos y el malestar provocado por la masificación tienen su origen en las personas que llegan huyendo de la guerra, de la pobreza o de la persecución.

Este relato es políticamente útil porque desvía la atención de los problemas que realmente condicionan la vida de la mayoría. Pero es un relato profundamente injusto.

Porque el precio del alquiler no se ha disparado por culpa de una familia que llega buscando protección. Se ha disparado porque el PP sigue apostando por un modelo que confía ciegamente en el mercado mientras rechaza intervenir cuando la especulación expulsa a la población residente de sus barrios y pueblos. Se niega a utilizar todas las herramientas disponibles para contener los precios, ampliar el parque público de vivienda y garantizar que vivir en las Islas no sea un lujo reservado a quien más tiene.

Las listas de espera en la sanidad, en la dependencia o en los servicios públicos tampoco son responsabilidad de las personas migrantes. Son consecuencia de decisiones políticas del PP. De tres años de falta de planificación, de una apuesta insuficiente por los servicios públicos y de un modelo que abre la puerta a la privatización de aquello que debería ser un derecho garantizado para todos.

Cuando un gobierno no refuerza los servicios públicos, no puede buscar después a un colectivo vulnerable para justificar sus carencias.

Por eso sorprende que el PP y Marga Prohens encuentren tanta contundencia cuando hablan de quién llega sin nada y tan poca cuando se trata de afrontar a los especuladores que condicionan el futuro de esta tierra.

Nunca veremos al PP dedicar la misma energía a limitar el poder de los grandes fondos de inversión que acumulan viviendas y contribuyen a encarecer aún más el mercado inmobiliario.

Nunca veremos el mismo entusiasmo por proteger el derecho a la vivienda que por impulsar un modelo que continúa sometiendo el territorio a una fuerte presión urbanística y especulativa.

Nunca veremos la misma determinación por defender a las familias que no pueden pagar un alquiler que por proteger los intereses de los que convierten las Islas Baleares en un producto de lujo.

Esta es la gran contradicción del Partido Popular y la falta de humanismo.

Es mucho más fácil señalar a quien llega con una mochila que a quien llega con un fondo de inversión.

Es mucho más sencillo alimentar el miedo que regular la especulación.

Es mucho más cómodo dividir la sociedad que plantar cara a los intereses económicos que acumulan más poder.

Mientras el PP señala las pateras, miles de personas migrantes sostienen buena parte de los sectores esenciales de nuestra economía. Trabajan en la hostelería, en el campo, en la construcción, en el comercio, en la limpieza y, especialmente, en los cuidados. Cuidan a nuestros mayores, pagan impuestos, cotizan y contribuyen cada día al sostenimiento de los servicios públicos y de nuestro estado del bienestar.

Defender esta realidad no significa negar que la política migratoria necesita orden, planificación y recursos. Significa rechazar que la inmigración se convierta en una cortina de humo para ocultar los fracasos de un gobierno.

Porque que hoy sea cada vez más difícil vivir en las Islas Baleares no es culpa de las pateras.

Es consecuencia de unas decisiones políticas.

Es consecuencia de un gobierno que ha sido incapaz de garantizar el acceso a la vivienda, que se ha negado a actuar ante la escalada de los alquileres, que no ha reforzado suficientemente los servicios públicos y que prefiere buscar culpables antes que asumir responsabilidades.

Desde el PSIB defendemos otro camino. Unas Islas Baleares donde la vivienda vuelva a ser un derecho y no un negocio; donde el territorio se proteja para que no se venda palmo a palmo al mejor postor; donde los servicios públicos sean la mejor garantía de igualdad de oportunidades; y donde la política deje de dividir la sociedad para empezar a resolver sus problemas.

La política no consiste en fabricar enemigos entre los más vulnerables.

Consiste en tener el coraje de enfrentar los problemas reales, aunque eso implique incomodar a quienes siempre han acumulado más poder y eso es lo que nunca hará ni el PP ni Marga Prohens.