No son pocas las campañas de promoción pública del producto de proximidad, ni del campesinado, ni del valor de la tierra. Esta semana misma, el Govern ha presentado el logotipo del producto local. Hay un discurso público a favor del kilómetro cero, del campo y del paisaje, pero la realidad demuestra que no anda en esa dirección.
El campesinado tiene muchos problemas para salir adelante, se queja de exceso de burocracia, de trámites eternos, de ayudas que no llegan y, en los últimos años, de proyectos especulativos que, con el pretexto de conseguir energía limpia, están llenando el campo de placas. Estructuras de hierro que dejan la tierra improductiva y destrozan el paisaje.
Y ahora, un nuevo proyecto amenaza el corazón de la Marjal de sa Pobla. En este caso no son placas solares, sino un tren hasta el Puerto de Alcudia. Una vez más, sus promotores, en este caso el Govern, se aferran con fuerza a la idea del transporte público. ¿Quién puede estar en contra?
Del transporte público no debería estar en contra nadie. Pero sí de las infraestructuras que destrozan la tierra fértil, chapan fincas de pequeños productores y de familias que han defendido el campo y el territorio durante generaciones, que lo aman y, en algunos casos y contra pronóstico, todavía viven allí.
Por tanto, si el Gobierno quiere llegar al Puerto de Alcúdia en tren, debe encontrar la fórmula para hacerlo sin castigar a quienes aguantan la tierra. No deben hacernos elegir entre transporte público y salvar la Marjal. Además, hay proyectos antiguos que no eran tan agresivos y que, según testigos que se pueden leer en este semanario y según admitieron hace años algunos técnicos, se descartaron por haber propietarios 'intocables'. El interés público y general debe estar por encima de todo. En Mallorca y en Baleares, el campo no puede ser sólo un eslogan, sino que hay que defenderlo cada día sin ninguna agresión más. Ya llevamos demasiadas excepciones.
Volviendo al paralelismo con las placas solares, lo que no puede ocurrir es que la Administración acompañe la realidad y los intereses de las grandes empresas en vez de marcar un criterio. El fracaso de forzar la solarización en espacios degradados, aparcamientos y polígonos, porque a los inversores les sale más caro, no puede repetirse en el caso de la Marjal. Los poderes públicos deben proteger lo que es historia, tradición y que, además, preserva la poca agricultura que queda en las Islas.
El reportaje que analiza la situación también cuestiona que ahora de repente se inviertan 1.000 millones en dos nuevas líneas y no se puedan hacer los cambios técnicos para poner más frecuencias a las existentes, donde la gente va literalmente como sardinas. O terminar el tren de Levante, una vergüenza colectiva en un caso en el que las expropiaciones ya las hemos pagado entre todos.
