Martínez y su intento de no hacer pisos sociales

PalmaLos políticos deben representar al pueblo. Esta es una máxima tan obvia, que cuando los representantes públicos la ignoran resulta muy desalentador. Resulta que el Gobierno promovió una norma que permite que los suelos urbanizables más grandes de Palma, en manos principalmente de empresas promotoras, puedan hacer un 45% más de pisos sobre una misma parcela de lo que dice el Plan General. Dicho de otra manera, allí donde los terratenientes del suelo urbanizable podían hacer 100 pisos, ahora pueden hacer 145 en nombre de la crisis de vivienda.

El argumento estaba cantado: como faltan pisos, vamos a dejar hacer muchos más a quienes tienen suelo. El pequeño detalle es que estos propietarios compraron el suelo con un plan general que hacía unas previsiones de aprovechamiento y, por tanto, lo pagaron a aquel precio, sin prever un incremento de ni más ni menos que el 45%.

A cambio, como es lógico –porque, si no, estaríamos ante una actuación arbitraria e irregular–, las nuevas promociones resultantes debían tener el 50% de sus pisos protegidos o, como mínimo, a precio limitado. Esta intensificación del uso del territorio, que no gustaba al GOB, ni a diferentes colectivos profesionales ni a la oposición –supone saturar más la ciudad–, tenía un propósito social que para algunos podía justificar la medida.

Los promotores empezaron a refunfuñar y a decir que si era así, no salían las cuentas. Y algunos escribimos “alerta que no quiten el requisito”. Pues el alcalde de Palma, Jaime Martínez, lo ha intentado. Se ha plantado en el Parlament y con la excusa de la ley de capitalidad quería colar esta exención. No hay palabras. En este caso, Martínez no ha representado al pueblo, sino a unos cuantos poderosos.