Los pisos contra la crisis de la vivienda no llegarán antes de cinco años

Palma4.500 viviendas destinadas a los residentes solamente en Palma y una cifra similar en el resto de las Baleares. Estas son las previsiones del Ayuntamiento de Palma y del Gobierno para hacer frente a la emergencia habitacional que sufren los ciudadanos. Estas medidas derivan principalmente de la legislación impulsada por Prohens, basada en la promoción de proyectos residenciales estratégicos. Se trata de una cifra que el sector considera razonable, pero con una matización clave: la mayoría de estas viviendas no se construirán antes de cinco años.

La complejidad de acelerar las tramitaciones urbanísticas, a pesar de la simplificación administrativa aprobada, además de la preocupación de algunos promotores por la falta de agua en Palma, hacen que aquella afirmación de un alto cargo popular –“tiene que haber grúas antes de las elecciones”– quede descartada. Según ha podido saber el ARA Balears, algunos promotores quieren asegurarse de que, cuando presenten los proyectos, la disponibilidad hídrica esté garantizada. Sin embargo, según los informes del Plan general de Palma, esto no se cumple en todos los casos.

Los gobernantes tienen encima la enorme presión de una ciudadanía que ve cómo el acceso a la vivienda se complica cada vez más, y por eso quieren actuaciones masivas, con promociones de gran formato, que, además, podrán beneficiarse de una edificabilidad un 45% superior a la prevista inicialmente en el Plan general. A pesar de las críticas por la saturación que esto supondrá y por la falta de garantía de disponibilidad de agua en todos los casos, Cort y Govern han apretado a fondo para acelerar las grandes promociones, que tienen nombre y apellidos: Son Ximelis, Cas Pastors, Son Güells, Son Puigdorfila y Son Cladera Nord.

Los promotores admiten que “se ha reducido muchísimo la tramitación, que en un urbanizable podía ser de hasta 15 años”. “Ahora hablamos de cinco. Estos tiempos no se pueden reducir más, porque son grandes transformaciones y no se pueden hacer de la noche a la mañana”, explica el presidente de los promotores, Óscar Carreras.

Las actuaciones de proyectos residenciales estratégicos totalizan “unos 4.000 viviendas nuevas, aunque se trata de una estimación, porque todavía se deben presentar los proyectos por parte de los promotores, y esta cifra puede variar”, señalan fuentes del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma. A esta cifra hay que añadir las 500 viviendas de Son Bordoy.

De esta manera, se prevé poner 4.500 pisos al alcance de los ciudadanos. En el caso de los proyectos residenciales estratégicos, deberán destinar el 50% a vivienda protegida o de precio limitado. Una cifra que permitirá poner en el mercado más de 2.000 pisos a un precio accesible. “Son cifras muy significativas y que demuestran una tarea legislativa importante, pero venimos de una situación especialmente farragosa en el ámbito normativo, y de falta de actuación en materia de vivienda. Por eso, los grandes resultados todavía se ven lejanos”, admite el director general de Vivienda del Govern, José Francisco Reynés.

“En las anteriores legislaturas no se había asumido la realidad de crisis de la vivienda y no se actuó en ella. Los resultados no son automáticos, sino que irán llegando poco a poco. Pero ya vemos que los frutos son de las medidas que han permitido aprovechar mejor los edificios existentes”, continúa el director general. Reynés hace referencia a la Ley de medidas urgentes en materia de vivienda (2024), que totalizan más de 2.000 pisos nuevos –o en trámite. Estas actuaciones incluyen la conversión de locales en viviendas, con 372 pisos; el incremento de altura de edificios, que ha generado 140 hogares nuevos; la división de viviendas existentes, con 115 pisos más, y el aprovechamiento de locales antiguos, que suma 139 unidades.

A pesar de estos avances, el grueso de la oferta futura continúa dependiendo de proyectos de gran escala que aún se encuentran en fases iniciales y que suponen transformaciones urbanísticas complejas. Además, algunos promotores han manifestado que la obligación de dedicar al menos el 50% a viviendas protegidas o a precios limitados hace que los márgenes empresariales sean muy estrechos. Con la previsible escalada de precios por la guerra, esta situación se puede complicar. “Estudiamos de qué manera podemos intervenir, al menos en el caso de las viviendas públicas que saldrán a licitación”, apunta Reynés. “Es importante asegurarnos de que las licitaciones no queden desiertas porque la demanda de pisos protegidos es enorme”, añade.

Críticas de la oposición

La normativa del Gobierno y la actuación del Ayuntamiento de Palma a la hora de intensificar el uso del suelo para generar pisos y apaciguar la crisis de la vivienda no han gustado a la oposición. La concejala de MÉS per Palma Neus Truyol acusa al PP “de utilizar la crisis de la vivienda para justificar una liberalización urbanística que favorece los grandes intereses inmobiliarios”. Según denuncia, las medidas impulsadas por el Ejecutivo y Cort “implican una intensificación de los aprovechamientos urbanísticos y del suelo disponible muy delicada”, ya que aceleran el consumo de suelo y pueden saturar zonas de la ciudad sin estudios previos sobre movilidad, servicios y equipamientos.

En la misma línea, el portavoz socialista en el Parlament, Iago Negueruela, criticó que este proceso de más aprovechamiento de los terrenos urbanizables implica “convertir la vivienda en un activo para especular”, en lugar de defenderla como un derecho de la ciudadanía. Negueruela considera que las medidas legislativas, como la que regula los proyectos estratégicos residenciales –permite aumentar hasta un 45% el número de pisos que se pueden autorizar respecto a lo que figura en el Plan general–, son una “pilotada urbanística que solo beneficia intereses de promotores”.

En cualquier caso, la maquinaria administrativa continúa y los propietarios de los terrenos que se beneficiarán de este mayor aprovechamiento mueven ficha. Las últimas semanas se han ido aprobando los estatutos y las bases de actuación de las juntas de compensación de Son Güells y Son Puigdorfila, dos zonas clave del crecimiento residencial proyectado en Palma. Esta situación confirma que el momento en que los terrenos se conviertan en pisos está lejos todavía. “Ahora se inicia un proceso administrativo, después viene la urbanización y, finalmente, la construcción, si bien es cierto que ahora se pueden simultanear más los procesos. Pero es imposible que se materialice nada antes de cinco años”, confirma un técnico de Urbanismo de Palma que pide el anonimato.

En opinión del presidente de los promotores, por mucho que ahora mismo parezca que los pisos de las grandes operaciones quedan lejos, el cambio se ha notado: “Las obras de urbanización de estos ámbitos comenzarán de aquí a 12 o máximo 18 meses. Pero hay que tener en cuenta que antes tardaban tres o cuatro años”, explica.