Una ILP para poner fin a la pobreza de las personas pensionistas
En el preámbulo del vigente Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares se declara que "para avanzar hacia una sociedad moderna es imprescindible profundizar y seguir apostando, en valores de cohesión social, paz y justicia, desarrollo sostenible, protección del territorio e igualdad de derechos, especialmente la igualdad entre hombres y mujeres". Bellas palabras que, desgraciadamente, con demasiada frecuencia se convierten en retórica si la sociedad civil organizada, los movimientos sociales de toda la vida y de nueva generación, en definitiva, si los contrapoderes sociales, en comportamiento de resistencia, no actúan para encararse contra los retrocesos desmocratizadores, y si, en actitud propositiva, no aportan alternativas de las cotidianas de justicia social.
Una vez más, contradiciendo la dinámica del sistema de invisibilizar ámbitos de pobreza y de injusticia, la ciudadanía organizada pone luz a la oscuridad de un ángulo muerto de pobreza, al tiempo que articula una propuesta de solución. En este caso, ha sido la Coordinadora Balear por la defensa de las Pensiones Públicas (que agrupa a entidades y colectivos de pensionistas, sindicatos de todas las Baleares y Pitiusas, movimiento vecinal de Palma, entre otros), quien, mediante la presentación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), ha introducido en nuestro debate 01-01-2025, en Baleares un total de 126.138 pensiones contributivas de invalidez permanente, jubilación y viudedad (el 62% del total) tienen un valor inferior a 1.184 €/mes, es decir, una cuantía inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI)8 para 12. Pensiones No Contributivas, lo que eleva el total de pensiones de cuantía inferior al SMI a 134.310.
Ahora bien, esta cifra es de pensiones y no de pensionistas. Para evaluar lo más rigurosamente posible el auténtico y, hasta ahora invisibilizado, pozo de pobreza en el colectivo de pensionistas, la Comisión Promotora de la mencionada ILP ha calculado que hay que descontar de estas más de ciento treinta y cuatro mil pensiones por debajo del SMI, las que corresponden a personas que no hay que considerar (de acuerdo con mínimos' en las pensiones) en situación de necesidad y/o sobrepasan unas cifras no modestas de renta y patrimonio, a las personas que son titulares de una doble pensión, cuya suma supera el SMI. Hechos estos cálculos, emerge una incómoda realidad: En las Islas Baleares existen en torno a noventa y cuatro mil personas pensionistas –la inmensa mayoría, mujeres– que malviven en condiciones de pobreza. Una situación que las convierte en dependientes de familiares o de la caridad y, por tanto, se les niega la garantía de una verdadera libertad para seguir viviendo la vida querida.
Es necesario, pues, denunciar esta situación y, más allá de la incomodidad real de esta injusticia, ofrecer una alternativa realista, posibilista, y de rápida aplicación. De eso va la ILP que los promotores y promotoras hemos denominado "por el derecho de la gente mayor a una vida digna". Verdaderamente no se tiene una vida digna sin tener personalmente las condiciones materiales para vivirla.
La mencionada ILP ya registrada en el Parlamento de las Illes Balears se concreta en la creación del Sistema Balear de Complemento para las Pensiones Públicas de cuantía inferior al SMI, de lo contrario, que toda persona titular de una pensión pública –excepto, por razones obvias, las de orfandad ya favor de familiares– de cuantía inferior al SMI y que cumple otros ingresos...) cobre un complemento autonómico de carácter social hasta llegar al SMI.
Cabe decir que igualar la cuantía de las pensiones mínimas en el SMI no es, al contrario, un capricho. La equiparación con el SMI, siendo modesta, avanza en la dirección de una pensión mínima digna. En este sentido, conviene recordar que en las investigaciones de la OIT y del Foro Económico Mundial (World Economic Forum) sobre equidad, diversidad e inclusión, no existe controversia sobre el hecho de que los salarios mínimos interprofesionales son mínimos necesarios, aunque no suficientes, para una vida digna.
En uno de los documentos registrados en la Mesa del Parlamento se afirma que "la Comisión Promotora [de la ILP] considera que, en los términos propuestos en el texto articulado de esta Iniciativa Legislativa Popular, el coste de la creación del Sistema Balear de Complemento para las Pensiones Públicas, de cuantía inferior al Salario Mínimo Interprofesional". Además, entendemos que es una imprescindible inversión por razones de justicia social, para corregir la gran injusticia social de las pensiones de pobreza. En definitiva, hay sobrantes razones para la aprobación de la ILP presentada”.
