En qué cabeza cabe lo que cabe dentro de esta cabeza
“No me cabe en la cabeza que un mallorquín no se pueda comprar una segunda residencia en otro municipio”, exclamó el portavoz del grupo parlamentario del Partido Popular, Sebastià Sagreras, en una frase que ha recibido merecida crítica por todas partes. La frase destila un desconocimiento de la realidad, un menosprecio hacia la mayoría de los ciudadanos (de Mallorca y de las Baleares) y un clasismo aún peor, porque ni siquiera saben que lo son. Ciertamente, la cabeza de Peixet no tiene cabida para muchas cosas, si hemos de hacer caso de la calidad de sus exposiciones públicas. Pero eso no lo convierte en ninguna excepción dentro del actual Gobierno balear, más bien lo reafirma como un arquetipo plausible de la media de nuestros actuales dirigentes.
Obviamente, lo que nos tiene que interesar no es el cubicaje de la cabeza de Sebastià Sagreras, sino la visión de Mallorca, y de la realidad, que expresan sus palabras. Como le han hecho notar numerosos comentarios en redes, lo que es preocupante no es que un mallorquín no se pueda comprar una segunda residencia en otro municipio, sino que muchos –la mayoría– no pueden comprar una primera residencia, ni en su municipio ni en ningún otro. No pueden comprarla y en muchos casos tampoco alquilarla, debido a los precios abusivos, inaceptables, que ha alcanzado la vivienda en Mallorca. Muchos mallorquines no se pueden permitir ni siquiera soñar en un lugar propio para vivir, si no quieren exponerse a la frustración de no poder después conseguirla. La segunda residencia les pilla un poco lejos, por mucho que Sagreras, y el PP, proclamen la libertad de tener segundas residencias. Es la habitual libertad de pago de los seguidores que tiene esparcidos Ayuso por las diferentes provincias de las Españas.
La Comisión Europea no es una institución precisamente contraria al libre mercado, al comercio ni al capitalismo. A pesar de ello, ha detectado que la vivienda, y en particular la especulación con la vivienda, se ha convertido en un problema prioritario a una escala supraestatal, es decir, europea. A partir de esta constatación, la Comisión Europea ha sacado adelante una propuesta de normativa sobre la vivienda, que entre otras medidas recomienda la penalización de la tenencia de pisos vacíos y pone trabas a la compra de segundas residencias, especialmente fuera del territorio donde vive cada ciudadano. La propuesta ha hecho reaccionar a buena parte de la derecha europea, y en particular a la mallorquina, como si les hubiera picado un escorpena. Que una de las impulsoras de esta propuesta de normativa sea la pérfida socialista Teresa Ribera evidentemente anima a la buena gente del PP a poner el grito en el cielo. Pero también hay una cuestión de principios ideológicos, que tienen que ver con el capitalismo entendido como degradación del liberalismo. De acuerdo con esta ideología corrompida, todo puede ser comprado con dinero una vez se ha fijado el precio, cuanto más inflado mejor. El dinero es el argumento final, y cuando el dinero ha hablado, ya no hay nada más que decir.
No es así, por supuesto. El argumento final en una democracia es el bien común, el respeto por los derechos y las libertades de los ciudadanos. El derecho a la vivienda es un derecho social básico en todas partes, y en el estado español, en concreto, es un derecho constitucional que prevalece por encima del derecho a comerciar. Sobre todo, cuando el comercio se plantea en su versión aberrante, la especulación. Que un mallorquín tenga o no tenga segunda residencia es irrelevante, pero todo mallorquín tiene derecho –por ley– a una vivienda digna. Y este derecho es indiscutible e innegociable.
