Cort inicia el desalojo de la acampada por la vivienda a pesar del amparo del derecho de reunión defendido por Delegación

PalmaLa Policía Local de Palma ha iniciado este miércoles cerca de las 21 h el desalojo de la acampada por la vivienda de la plaza de España, a pesar de que la Delegación del gobierno español en las Baleares defiende que la protesta está amparada por el derecho de reunión y manifestación. La intervención se produce después de varios días de tensión entre la voluntad del Ayuntamiento de Palma por desalojar la acampada y la negativa de los participantes a abandonar el campamento, que ha sido amparada por el derecho de reunión reiterado en diversas ocasiones por la Delegación del gobierno de España.

La intervención se produce pocas horas después de que los participantes reiteraran que no tenían intención de abandonar el espacio y un día después de que la Policía Local identificara a varios acampados y que operarios de Emaya retiraran vallas, palets y otros elementos que delimitaban el campamento.

La actuación municipal del martes provocó la respuesta de la Plataforma Antidesahucios de Palma, que acusa al Ayuntamiento y a la Policía Local de vulnerar el derecho de reunión y de manifestación pacífica. El colectivo denuncia que la retirada de las estructuras que protegían la acampada deja a los participantes más expuestos a posibles provocaciones y agresiones. Por ello, ha anunciado que pedirá responsabilidades tanto a los responsables municipales como a los agentes que ejecutaron la orden.

Joan Segura, portavoz de la plataforma y miembro de la acampada, ha asegurado que disponen de un listado con los nombres de 18 agentes de la Policía Local que habrían participado en la intervención del martes. Según ha advertido, la instrucción que ejecutaron es «manifiestamente ilegal» y puede comportar responsabilidades individuales, además de las que atribuye al Ayuntamiento. "No solo hay responsabilidad municipal, también responsabilidades individuales de los agentes en más de un aspecto", ha afirmado.

En este sentido, ha vinculado la retirada de las protecciones con las tensiones vividas en la plaza de España después del mitin de Vox con Santiago Abascal, cuando un grupo de jóvenes simpatizantes del partido se presentó ante el campamento. También ha mencionado las amenazas que, según su versión, se produjeron durante la movilización de la red Blocus. «El Ayuntamiento de Palma es cómplice de los ataques fascistas», ha denunciado.

Sanciones a la espera

La intervención de la Policía Local llega pocas horas después de que el alcalde de Palma, Jaime Martínez, haya asegurado que el Ayuntamiento esperará a que la Delegación del gobierno español en Baleares decida sobre el desalojo antes de estudiar si abre expedientes sancionadores a los participantes por un posible incumplimiento de las ordenanzas municipales.

Martínez ha vuelto a defender que los acampados incumplen las ordenanzas de convivencia cívica y de ocupación de la vía pública, aunque ha matizado que se trata de su "opinión". El alcalde ha recordado que fue la Delegación del gobierno quien autorizó la concentración sine die y que, por tanto, es esta administración la que debe determinar si continúa amparada por el derecho de manifestación y si corresponde ponerle fin. A pesar de todo, esta afirmación ha caído horas después, ya que a estas alturas los agentes municipales de Palma están echando a las personas acampadas a la fuerza.