Educación destituye interinos que sus centros defienden que deberían mantener la plaza

PalmaLa decisión de la Conselleria de Educación sobre qué docentes interinos mantienen las vacantes de hasta tres años y cuáles las pierden ha abierto un nuevo conflicto entre el departamento y diversos centros educativos. El sindicato SIAU, que apoya a los profesores afectados, denuncia que hay "incoherencias" en la aplicación del sistema y asegura que diversos equipos directivos han emitido certificados oficiales que contradicen las resoluciones de Educación. Según estos documentos, algunas plazas habrían sido retiradas a pesar de continuar existiendo en las mismas condiciones, mientras que en otros casos se habría obligado a una docente a mantener una plaza que ya no coincide con las necesidades de la que ocupaba.

Los docentes afectados han presentado recursos potestativos de reposición contra las resoluciones de la Conselleria y reclaman que las adjudicaciones se revisen de acuerdo con la situación real acreditada por los mismos centros. Los expedientes muestran situaciones opuestas: profesores que han perdido el derecho de mantenimiento a pesar de que sus institutos aseguran que la plaza continúa activa sin cambios sustanciales, y una docente que reclama ser destituida porque considera que la plaza que le han asignado ya no es la misma.

Un cambio de adjudicaciones en el IES Calvià

Un ejemplo es el IES Calvià, el conflicto gira en torno a una plaza del departamento de Orientación. El director del centro sostiene que la pérdida de la plaza de tres años no responde a la desaparición del puesto de trabajo, sino a la manera como se distribuyeron dos plazas de este departamento.

En el certificado emitido por el centro se explica que existía una alternativa organizativa que habría permitido mantener a la docente durante tres cursos sin perjudicar a ningún otro profesor. El documento defiende que esta opción habría favorecido "el buen funcionamiento del centro", dado "el conocimiento del alumnado y la continuidad de los casos que trata dentro del departamento de Orientación".

La profesora afectada argumenta en su recurso que "la pérdida del derecho de mantenimiento no deriva de la desaparición de la plaza ni de la modificación de sus características, sino exclusivamente de la forma en que se han efectuado las adjudicaciones internas". También defiende que "existía una alternativa plenamente viable" que permitía conservar la plaza sin afectar las necesidades del servicio.

Una situación similar se produce en el CEIP Son Juny. El equipo directivo certifica que la plaza ocupada por una docente "no ha sufrido ninguna modificación con vistas al curso próximo", "no tiene titular" y "no ha sido ocupada por ningún funcionario o funcionaria con más derechos administrativos (que la interina)". A pesar de esta certificación, la Conselleria incluyó a la profesora dentro de la relación de interinos que perdían la plaza por un supuesto desplazamiento o reorganización del centro.

En el recurso presentado ante Educación, la docente sostiene que "no existe reorganización del centro que afecte la plaza", que "la vacante continúa existiendo exactamente en las mismas condiciones" y que la resolución "incurre en un error de hecho o, subsidiariamente, en una incorrecta apreciación de las circunstancias administrativas de la plaza".

El tercer caso documentado corresponde al IES Porto Cristo. El director del centro certifica que la plaza "responde a la misma necesidad estructural que existía durante el curso escolar anterior", que "las funciones docentes asociadas a la plaza continúan siendo las mismas" y que el instituto "no ha promovido ninguna transformación, reconversión o modificación de esta plaza".

El centro precisa que, aunque se haya modificado el código administrativo de la plaza, este cambio "no comporta, desde el punto de vista organizativo, la creación de un puesto de trabajo diferente". La docente afectada defiende que esta modificación "constituye únicamente una alteración formal o identificativa" que "no puede justificar, por sí sola, la pérdida del derecho de mantenimiento de la plaza".

Sa Serra: una docente quiere perder la plaza

El caso del IES Sa Serra es diferente. En este centro, la docente afectada no reclama mantener la plaza, sino ser destituida porque considera que la plaza que le ha asignado la Conselleria no es la misma que ocupaba. El certificado del centro indica que la plaza "ha experimentado modificaciones en su configuración y asignación". Según el documento, la plaza anterior ha sido adjudicada a un funcionario de carrera y la docente pasaría a ocupar otra plaza adscrita al departamento de Orientación, con nuevas funciones, grupos y un horario de mañana y tarde.

En el recurso, la profesora sostiene que el nuevo puesto modifica "la naturaleza de la plaza, la adscripción departamental, las funciones a desarrollar, los grupos asignados y el régimen horario". Por ello reclama poder participar "en igualdad de condiciones con el resto de aspirantes" en el procedimiento general de adjudicación.

¿Para no estabilizar?

El secretario general de SIAU, Joan Crespí, considera que estos expedientes evidencian problemas en la aplicación del régimen de mantenimiento de las plazas de tres años. "Lo que no se entiende es que, si una plaza no es ocupada por ningún funcionario con más derechos administrativos ni sufre ninguna modificación, se destituya al interino", afirma.

Crespí asegura que "muchos equipos directivos están sorprendidos porque se ha destituido a profesorado interino que funcionaba bien en los centros", mientras que "hay casos de personas que no querían continuar, que debían ser destituidas, y finalmente no lo han sido". Según el dirigente sindical, "la Conselleria de Educación ha actuado de manera unilateral, al margen de los equipos directivos y de la normativa vigente".

El sindicato también apunta que estas decisiones "podrían tener que ver con el hecho de que la Conselleria quiera destituir a los interinos para evitar tener que estabilizarlos y que no se pueda decir que la Administración ha mantenido interinos en fraude de ley durante más de tres años, como también intentar evitar tener que consolidar más plazas públicas". Los recursos presentados por los docentes piden ahora que Educación revise las resoluciones y adapte las adjudicaciones a la realidad de cada plaza, teniendo en cuenta los certificados emitidos por los equipos directivos de los centros.