La pionera lucha ecologista de Menorca

PalmaLa lucha ciudadana tiene más fuerza de lo que algunos creen. Lo saben bien los menorquines, que en 1973, a finales del franquismo, fueron los primeros en Baleares en alzar la voz contra la destrucción del territorio –cuatro años después, en julio de 1977, en Mallorca, tendría lugar la histórica ocupación de la Dragonera; y en octubre, en Ibiza, 2.000 personas se manifestaron al grito de ‘Salvem ses Salines’. En 1969 Menorca fue la última isla en abrazar el turismo de masas con la inauguración del aeropuerto de Mahón, que sustituía al antiguo aeródromo de Sant Lluís. La historiadora mahonesa Laura Piris Coll explica los motivos de esta incorporación tardía al boom turístico: “Aquí había una importante estructura propia del calzado y la bisutería. El sector ganadero también era bastante rentable. Además, los propietarios estaban muy interesados en mantener las posesiones familiares por un tema de prestigio social. Por otro lado, la dictadura no había invertido nada en infraestructuras en la isla”.

En 1972 Menorca tenía cerca de 50.000 habitantes –ahora tiene casi el doble–, que vieron llegar 110.000 turistas, lo que representaba el 3,1% del conjunto del Archipiélago –en 2025 la isla superó la cifra de los 1,7 millones. Con los nuevos aires de bonanza, los promotores se animaron a comprar solares cerca de la costa para convertirlos en urbanizaciones. Los adquirieron a un precio muy bajo, ya que, como no eran cultivables, eran infravalorados por los mismos menorquines. Una de las zonas más codiciadas por el gran capital sería el sur de la Albufera del Grau, un paraje natural de unas 5.000 hectáreas, situado a 30 kilómetros al norte de Maó. Los terrenos fueron comprados por el holandés Sigfrid Federmann con participación de diferentes sociedades inmobiliarias, algunas de Cataluña.

Evitando ser Mallorca

Aquel proyecto se bautizó con un nombre del todo exótico: Shangri-La. Hacía referencia al paraíso oriental de la novela del británico James Hilton Horizontes perdidos, publicada en 1933 y que en 1937 el director Frank Capra llevó al cine. “Federmann –asegura Piris– insistía en que no quería que Menorca se pareciera a Mallorca, donde la destrucción de la costa había originado el despectivo término de balearización. Tenía la idea de construir un complejo residencial para un turismo selecto en sintonía con estilos arquitectónicos locales y que fuera respetuoso con el paisaje. Tratándose de una macrourbanización era bastante contradictorio. La obra llevaría la firma del arquitecto menorquín Pedro Luis Mercadal”. El Plan parcial, aprobado inicialmente por el Ayuntamiento de Maó en 1972, preveía viales y parcelas edificables alrededor de toda la laguna, con chalés, hoteles y diversas áreas comerciales, un puerto deportivo y un club náutico. El principal reclamo era un campo de golf de primera clase, apto para la celebración de torneos de ámbito internacional.

La sangrante crisis del petróleo de 1973 no fue ningún impedimento para que Shangri-La saliera adelante. “Se hicieron –dice la investigadora– promociones publicitarias en la prensa estatal y extranjera. Incluso se organizaron vuelos chárter desde Londres para que las personas interesadas pudieran ver las parcelas, las cuales se vendieron con facilidades en el pago con diferentes bancos, internacionales incluidos. Al mismo tiempo aparecieron anuncios en los diarios insulares que solicitaban trabajadores para las obras”.

Quien primero alzó la voz ante aquel atentado medioambiental fue la delegación menorquina de la Obra Cultura Balear (OCB). En 1972, la entidad, que había nacido diez años atrás en Palma por iniciativa del filólogo ciudadelense Francesc de Borja Moll, ya había participado en Mallorca en una campaña contra la urbanización de Cabrera, junto con la Societat d’Història Natural de les Illes Balears. A final de aquel año ya se activó la lucha conservacionista en Menorca. Fue a partir de una carta publicada en el diario Menorca, en la que se pedía la necesidad de formar un grupo ‘menorquín’ que velara por la conservación de la naturaleza y los espacios naturales de la isla. La misiva iba firmada por el Grup Menorca del Museu de Zoologia de Barcelona, entre los cuales se encontraban el catalán Josep Congost y el mallorquín Josep Muntaner, entonces estudiantes de Biología.

“Desde el principio –afirma Piris–, Muntaner y Congost se implicaron en la defensa de la albufera, aportaron muchos datos relacionados con su importancia medioambiental y al mismo tiempo diagnosticaron las consecuencias que la explotación turística podía tener para la avifauna. La Sección de Ciencias Naturales del Ateneo de Maó también dijo la suya. Para concienciar a la población, se impulsaron conferencias, mesas redondas, exposiciones...”. En 1977 ya se abrió en Menorca una delegación del Grup Ornitològic Balear (GOB), nacido en Palma en 1973. La formación ecologista se implicaría en la protección de otros espacios amenazados como Macarella, Cala en Turqueta y Trebalúger.

Arquitectos contra el descontrol

Los medios de comunicación fueron el principal vehículo de difusión de la campaña proteccionista de la Albufera del Grau. A escala insular, el diario Menorca fue el que más eco se hizo con artículos de especialistas y de cartas al director, muchas de las cuales estaban firmadas con un seudónimo. Miembros de la OCB también se preocuparon de enviar información a Diario de Mallorca y a cabeceras de la Península como El Correo Catalán, Tele/eXpres, Destino, Diario de Barcelona e incluso al británico Daily Telegraph. En 1974 Eliseo Bayo publicaba en Sábado Gráfico un punzante reportaje titulado Menorca, entre el silencio y la destrucción.

Aquella campaña en prensa disgustó mucho a Fomento de Turismo de Menorca, que, en un comunicado, la calificaría de perjudicial para la imagen de la isla en el exterior. Mientras tanto el movimiento en contra de Shangri-La no paraba de sumar apoyos desde el mundo científico y universitario de Cataluña y del resto del Estado. Entre los nombres destacados estuvo la ferrerenca Maria Àngels Cardona Florit, catedrática de Biología Vegetal de la Universidad Autónoma de Barcelona. Teniendo el aval de la comunidad académica, las entidades conservacionistas hicieron el seguimiento, por la vía administrativa, del expediente de la urbanización de la albufera de acuerdo con la planificación urbanística del municipio de Maó. Presentaron alegaciones, recursos y peticiones a las autoridades correspondientes.

Ni siquiera el Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y Baleares se mojó en aquella lucha ecologista. “En enero de 1974 –recalca la historiadora– envió un escrito al consistorio mahonés y al gobernador civil de Baleares. Les pedía la paralización de las obras y les advertía de la inexistencia de un planteamiento urbanístico aprobado que previera las posibilidades de desarrollo urbanístico de la zona”. A partir de este momento el caso comenzó a trascender y se trasladó al Ministerio de la Vivienda y a otros organismos como el Instituto para la Conservación de la Naturaleza (Icona), que enviaron delegados a conocer in situ el estado de la cuestión. Fruto de aquellas visitas, en febrero de 1974 las obras de Shangri-La quedaban oficialmente paralizadas. Por aquellos años, en Valldemossa (Mallorca), sí se haría realidad otra urbanización con el mismo nombre evocador de un paraíso oriental.

Final exitoso

Al cabo de siete años, en noviembre de 1981, la Audiencia Nacional ya dictaba sentencia a favor de la protección de la Albufera del Grau. En 1984 el Tribunal Supremo ratificó la resolución. Sin embargo, todavía no se podía cantar victoria. En 1985 el Plan general de ordenación de Mahón volvió a calificar los terrenos como urbanizables. El 22 de diciembre de aquel año el GOB presionó con una manifestación con el lema ‘Salvem s’Albufera des Grau’. Finalmente, en 1986, ante el alud de alegaciones presentadas, el Ayuntamiento optó por proteger el humedal de manera definitiva. Entonces invertiría 500 millones de pesetas para expropiar las parcelas y derribar casi todas las viviendas ya construidas –hoy todavía quedan algunas, pendientes de que finalice el proceso de amortización. “Hubo inversores –apunta Piris– que perdieron mucho dinero”.

En 1986 el Parlament balear aprobó la declaración de l’Albufera del Grau como Área Natural de Especial Interés (ANEI). En 1988 se aprobó el Plan especial de protección, y en mayo de 1995, después de dos décadas de movilizaciones, se convertiría en Parque Natural. Dos años atrás la Unesco ya había otorgado a Menorca la distinción de Reserva de Biosfera. “El éxito final de este caso –concluye la historiadora– puso de manifiesto la potencialidad de unas luchas ciudadanas en defensa del paisaje, que fueron todo un desafío al final del franquismo, cuando todavía la libertad de expresión estaba limitada. Además, desde entonces el territorio fue visto como un rasgo de la identidad de Menorca”.