El poder (político) de los holgazanes y los vagos de Formentera

PalmaUna tumbona puede parecer un objeto insignificante para hacer tambalear un gobierno. En Formentera, no. Hace más de 20 años que las tumbonas y los chiringuitos son capaces de enfrentar a técnicos, empresarios, administraciones y partidos e, incluso, marcar el resultado electoral en la isla.

La primera que tuvo que afrontarlo directamente fue Margalida Rosselló, consejera de Medio Ambiente de los Verdes durante el primer Pacte de Progrés. Dos décadas después, otro consejero, Juan Manuel Lafuente, con quien tiene muy poco en común, se encuentra en una situación similar. Pero el consejero del Mar y del Ciclo del Agua del Govern de Marga Prohens ha quedado retratado, porque ha pasado de defender los criterios técnicos que justificaban la reducción del número de tumbonas y sombrillas, a propuesta de la directora general de Costas, Maria Joaquina Ferrer, a destituirla y ampliar la cantidad que se pueden instalar en el litoral de Formentera.

Ahora es Lafuente quien está entre las cuerdas. PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unides Podem han reclamado una comparecencia urgente para que explique el cese de Ferrer y las presuntas injerencias políticas en los expedientes de Costas. Hay un hecho bastante significativo y que no se había producido nunca en las Baleares: 21 funcionarios del departamento firmaron una carta en defensa de la directora destituida y de los criterios técnicos aplicados durante su etapa. Y el diputado de Formentera que contribuyó con su voto a investir a Prohens, Llorenç Córdoba, reclama la reprobación del conseller.

El primer incendio fue en 2003

La primavera de 2003, a finales del primer Pacto de Progreso, Medio Ambiente decidió eliminar 2.280 tumbonas y 1.157 sombrillas en las playas de las Baleares. La medida respondía, según Rosselló, a los informes técnicos y a la necesidad de disminuir la presión sobre el litoral y los espacios naturales.

Formentera fue la isla más afectada. A pesar de ser la más pequeña del Archipiélago, debía perder 966 tumbonas y 513 sombrillas, más del 40% de toda la reducción prevista en las Baleares. En Llevant se planteaba eliminarlas todas. La reacción fue furibunda. Más de un centenar de concesionarios protestaron contra Rosselló. Incluso sectores del Pacto en las Pitiusas cuestionaron a la consellera. Rosselló no rectificó.

El PP entendió la dimensión política de aquel conflicto. Prometió a los concesionarios revertir la situación y, después de las elecciones de mayo de 2003, el nuevo presidente popular del Consell formenterense, Pere Palau, anunció que pediría al Govern de Matas recuperar las concesiones. Aquellas elecciones tuvieron una consecuencia simbólica: el escaño de Formentera pasó de la izquierda a la derecha.

23 años después, las tumbonas y los chiringuitos han vuelto al centro de la escena política. Pero ya venía de atrás. Por el camino ha habido polémicas como la delimitación (la delimitación del dominio público que el Estado hizo sobre el terreno con aplicación de la Ley de costas) y otros conflictos que se pueden resumir de manera sencilla: el conflicto entre explotar turísticamente la costa de una isla tan pequeña y combinarlo con el derecho de quienes quieren disfrute sin mercantilización y la preservación del medio natural.

El mismo conflicto

La Dirección General de Costas redujo esta primavera las instalaciones temporales solicitadas por el Consell de Formentera para el período 2026-2029. La decisión volvió a afectar a tumbonas y sombrillas y generó una respuesta inmediata de los concesionarios y del gobierno insular. El debate no era exclusivo de Formentera. En Ibiza y otros lugares, empresarios y ciudadanos admiten que, de tumbonas y sombrillas, las había habido "toda la vida", pero ahora hay sitios donde no quedaba espacio "para la toalla". Detrás de esta queja se esconde un problema que las Baleares no resuelven: ¿qué porcentaje de una playa pública puede ser ocupado por una actividad económica?

Los concesionarios defienden unos servicios consolidados durante décadas y vinculados al modelo turístico. Los conservacionistas recuerdan que se trata de dominio público, que las playas soportan una presión muy superior a la de hace décadas y que el espacio libre también debe protegerse. Inicialmente, Lafuente no dudó. En mayo defendió su reducción. Pero la presión de los empresarios y de los representantes del Consell de Formentera continuó.

Y el Consulado no ha estado parado. Ha impulsado –como avanzó el ARA Balears– que la Ley ómnibus flexibilice las restricciones autonómicas a las instalaciones de temporada en el litoral. Entre otras cosas, afecta dimensiones y distancias de los establecimientos desmontables. La paradoja política es que la regulación más exigente la aprobó el PP en el año 2013, cuando Gabriel Company era consejero de Agricultura y Medio Ambiente.

Según voces conocedoras, el cambio normativo que ha propiciado Prohens estaba pensado sobre todo para los xibius de Formentera. En este contexto, el Govern ha terminado una ley de costas que intenta flexibilizar la normativa estatal y que trata las edificaciones litorales como elementos singulares y patrimoniales. Una maniobra que ya ha intentado el PP en el País Valenciano y que ha implicado un fracaso importante, porque el Estado ha ganado el primer asalto de la batalla judicial y no permite descafeinar la ley de costas y los reglamentos derivados.

El Govern destituyó a Maria Joaquina Ferrer y no desvinculó esta decisión de la situación en Formentera. El vicepresidente Antoni Costa resumió el problema explicando que quien iba a una playa de la isla y quería alquilar una tumbona no encontraba ninguna.

El sustituto de Ferrer, el exalcalde de Llucmajor Joan Jaume Mulet, ha llegado con un perfil que el Govern calificó de dialogante y municipalista. Solo 11 días después de su estreno en el cargo ya había una nueva resolución que ampliaba las instalaciones autorizadas. “Es lo que habíamos pedido”, ha dicho la consellera de Movilidad y Medio Ambiente de Formentera, Verónica Castelló, quien había tenido enfrentamientos duros con la exdirectora general.

Ante la destitución de Ferrer, la oposición ha exigido los expedientes y Llorenç Córdoba exige comparar las dos resoluciones y los informes que las sustentan para saber qué cambió entre una decisión y la otra. La pregunta del diputado de Formentera es: “¿Cambió el criterio de Costas o se cambió a la directora para que cambiase el criterio?” Córdoba admite que no se puede afirmar sin pruebas que “hubiera órdenes o presiones ilegítimas”, pero considera difícil desvincular el cese de la voluntad política de obtener un resultado diferente.

Una pieza política importante

El diputado por Formentera solo es uno de los 59 del Parlament, pero las mayorías ajustadas lo han convertido en una pieza política más importante de lo que corresponde al peso demográfico de la isla. Esta legislatura ha sido determinante. Llorenç Córdoba –elegido por Sa Unió– pactó con el PP 20 puntos a cambio de votar la investidura de Prohens. Su voto era decisivo porque los populares habían acordado la abstención de Vox.

Desde el comienzo, Costas ha sido una de las cuestiones que ha definido la relación de Córdoba con el Govern. El diputado ha defendido una adaptación de la política litoral a las particularidades de Formentera y ha presionado al Ejecutivo para que resuelva los problemas de los propietarios, concesionarios y actividades afectados por la normativa.

Córdoba se mostraba satisfecho esta primavera con el grado de cumplimiento del pacto de investidura de 2023. Pero la relación política con el PP y con Sa Unió se ha deteriorado profundamente. Ahora, Córdoba reclama la reprobación de Lafuente y exige que se hagan públicos los informes, las reuniones y las gestiones políticas que precedieron el cese de Ferrer como la nueva resolución.

Antes de que estallara la guerra de las hamacas, Costas ya había elaborado un informe sobre las concesiones de los quioscos de Formentera –en noviembre de 2025. Estos bares son una mina para los explotadores. La situación era más grave que una discrepancia sobre cuántas instalaciones caben en una playa: los técnicos consideraban que existían suficientes indicios de incumplimientos de condiciones esenciales de las concesiones para incoar su caducidad, como no desmontar en invierno las instalaciones como dicta la ley.

La directora general defendió el criterio técnico, y su propuesta de promover la caducidad no gustó a los actuales concesionarios. Sí a los anteriores, que pidieron que se cumpliera la normativa y se escuchara a los técnicos. Estos empresarios han presionado a Lafuente por el cese de la directora general: ¿por qué se destituye a alguien que intenta aplicar los criterios técnicos? La Ley de Costas es clara: si se incumplen las condiciones, la Administración debe actuar.

Como cada cierto tiempo, en Formentera se han vuelto a movilizar concesionarios y políticos. Las acusaciones y las presiones van y vienen, como también los posicionamientos, las filias y los apoyos, de acuerdo con si se gana o se pierde la concesión. Los cargos públicos saben bien que el negocio en el litoral puede determinar unas elecciones. En 23 años Formentera ha cambiado mucho. Pero la batalla por hacer dinero en el litoral y el conflicto en la gestión del territorio, no.