La amnistía en rústico pone cifras a la destrucción del campo

PalmaPollença tramita actualmente 360 expedientes para legalizar casas y elementos constructivos en suelo rústico. Sant Josep de sa Talaia (Eivissa) tiene 235 entre manos, aunque ha descartado 26 por incumplir los requisitos. No hay ninguna cifra global, porque los consells, a pesar de tener la obligación de velar por el suelo rústico, se han desentendido del proceso y no lo supervisan. “Lo hacen directamente los ayuntamientos”, han respondido a ARA Balears fuentes de los gobiernos insulares de Mallorca, Menorca y Eivissa. Pero, si dos municipios importantes suman más de 500 expedientes, queda claro que la amnistía en rústico que aprobó el Govern de Marga Prohens ha tenido una acogida muy importante. La medida ha servido para retratar la agonía del suelo rústico, y “el fracaso completo como sociedad”, en palabras del gerente de Urbanismo de Pollença, Tomeu Antich, a la hora de hacer cumplir la ley y la disciplina en el territorio rural, fundamental para la biodiversidad, la agricultura, la generación de paisaje y la preservación de la cultura.

En Pollença, la avalancha se veía venir por el largo historial de ilegalidades en rústico del término, que incluye algunas casas que durante años se han dedicado y se dedican al alquiler vacacional. El Ayuntamiento ha tenido que movilizar recursos y reforzar Urbanismo con un letrado y un arquitecto para hacer frente a unos expedientes que obligan a reconstruir la historia urbanística de cada propiedad: ir al archivo, comprobar qué se construyó y cuándo, y determinar qué ha prescrito y qué no. “Este es el elemento clave, especialmente en los suelos protegidos”, resume Antich.

Las últimas décadas se ha construido irregularmente no solo en suelo rústico común, sino en suelos de interés paisajístico y en los de alta protección. La avalancha ha sido mayor en Mallorca y las Pitiusas que en Menorca, donde desde el 2003 no se puede edificar en rústico y es más difícil colar una edificación en los sistemas de control.

ARA Balears ha podido constatar cómo algunos de los expedientes que tramita Sant Josep corresponden a casas de gran formato y con piscina. Un promotor inmobiliario tramita cuatro. “No son casetas de aperos construidas para ir a hacer una paella, como se ha querido decir por parte del Govern”, explica un funcionario que pide el anonimato. Muchas son chalets que se han consentido, especialmente por los ayuntamientos que no han cedido las competencias de disciplina al Consell, cosa que es lo que deberían hacer todos”.

En la misma línea, el gerente de Urbanismo de Pollença asegura que los 360 expedientes que tramitan no responden a un único perfil. “En Pollença hay viviendas enteras, pero también casas de los años 50 a las que posteriormente se han añadido ampliaciones, anexos y piscinas sin licencia. Las hay en suelo rústico protegido. Y también hay viviendas que se dedican a la actividad turística y disponen de licencia vacacional. “Aprovechan para ponerse en orden”, explica Antich.

La amnistía ha puesto de relieve lo que se puede comprobar paseando por el campo: si ahora entran cientos de expedientes de legalizaciones en determinados ayuntamientos, ¿cuánto se llegó a construir durante décadas al margen de la legalidad en suelo rústico?

De la caseta al chalet con piscina

El portavoz de Terraferida, Jaume Adrover, admite que la regularización extraordinaria puede tener sentido para una determinada tipología de edificaciones. “Aquella casa pequeña que hicieron los abuelos, que se hereda y no tiene papeles y tampoco se puede ampliar ni cambiar una viga”, pone como ejemplo. Construcciones de los años 70 y 80 que se hicieron irregularmente, y que hoy no se pueden derruir, porque la infracción ha prescrito, pero tampoco se pueden legalizar.

Según Adrover, el problema es que este perfil es minoritario entre lo que está aflorando. “Vemos entradas masivas de centenares de proyectos de legalización en cada ayuntamiento”. Entre los casos que conocen hay chalets, ampliaciones y piscinas. “El nivel de ilegalidad es lamentable”, añade.

Las cifras del Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares dan una idea de la magnitud. A mediados de 2025 se habían visado 1.040 proyectos de legalización extraordinaria, 571 de los cuales eran viviendas. Las legalizaciones fueron uno de los principales factores del aumento de la actividad visada de los arquitectos.

Los expedientes continúan entrando. A los 360 de Pollença y los 235 de Sant Josep se añaden 85 en Inca desde el último trimestre de 2025, 43 en Calvià –5 ya tienen licencia– y 60 en Alcúdia.

La legalización extraordinaria solo es posible cuando ha prescrito la infracción. Esto conduce inevitablemente a otra pregunta: ¿cómo es posible que tantas obras llegaran a prescribir sin que la Administración actuara?

“No debería haber ido así”, dice Antich. Según el gerente de Urbanismo de Pollença, la regularización debería ir acompañada de un compromiso con el futuro: “Si ponemos el contador a cero, que no vuelva a pasar nada más en suelo rústico”. “No hay ninguna garantía de que esto sea así. Al contrario, ya hubo una regularización hace años, y estas medidas transmiten la idea de que, si puedes evitar la ley, mejor. Alguien vendrá a legalizarte”, dice Adrover.

Los técnicos municipales consultados señalan una debilidad del sistema: que la disciplina urbanística esté en manos de los ayuntamientos. Mallorca dispone de la Agencia de Defensa del Territorio (ADT), que puede asumir por delegación municipal la inspección, la sanción y el restablecimiento de la legalidad en rústico, pero esta delegación es voluntaria. “La Agencia debería llevar la disciplina de todos los ayuntamientos, porque la proximidad con el administrado nunca va bien”, observa Antich. El responsable de Urbanismo de Alcúdia, Rafel Ferrer (PP), coincide: “Cuesta ir contra un vecino”. Y admite que “los ayuntamientos deberían haber sido más diligentes en el asunto de la disciplina”.

A la proximidad se añade la falta de recursos. Pollença tiene retrasos y falta de personal técnico, y ahora debe absorber cientos de legalizaciones. “Se legisla desde arriba, pero sin tener en cuenta la falta de recursos que tenemos”, lamenta Antich.

Centrar el problema del rústico solo en la ilegalidad sería engañoso. Mientras surten cientos de edificaciones irregulares, la transformación legal del campo tampoco se ha detenido. Los últimos datos de Terraferida indican que solo entre 2021 y 2024 se artificializaron 546 hectáreas de suelo agrario y forestal de Mallorca. El 57% corresponde a viviendas residenciales y turísticas: 846 chalets construidos o ampliados en cuatro años, prácticamente cinco cada semana. Una cuarta parte corresponde a instalaciones fotovoltaicas.

Un chalet en rústico no ocupa solo la superficie de la casa. Implica caminos de acceso, aparcamientos, vehículos, cerramientos, jardines, consumo de agua y, a menudo, una piscina. Entre 2015 y 2021 se construyeron 1.765 piscinas nuevas en suelo rústico en Mallorca. Antich explica que en Pollença lo notan en los caminos: se ha disparado la intensidad de uso y también las quejas. Es la consecuencia de convertir progresivamente un territorio agrario en un espacio residencial disperso.

El Colegio de Arquitectos ha advertido del problema. El decano, Bernat Nadal, ha defendido en diversos encuentros profesionales y empresariales que el territorio rural “nunca ha de perder la protección” y también ha reclamado empezar a limitar la construcción. Si no se protege el territorio, advierte, las Islas se pueden convertir en “un decorado de cartón piedra”. Según entidades como el GOB_Mallorca, “hay que aprender de quien lo ha hecho bien”. “En Menorca en 2003 se decretó el suelo rústico como inedificable. Es la medida que requerimos, aunque ni la izquierda la aplicó”, dice la vicepresidenta de la entidad, Tonina Siquier.