Más allá de Pedro J: las otras piscinas ilegales en las Baleares

PalmaEl mes de marzo pasado, la Conselleria del Ciclo del Agua y del Mar firmó la autorización para llevar a cabo la demolición de la piscina de Pedro J. Ramírez en la Costa de los Pinos, después de una larga batalla judicial desde el 2004. El caso era muy conocido por quien era el propietario (ahora lo es Agatha Ruiz de la Prada), pero en las Islas Baleares hay decenas de otras piscinas en dominio público marítimo-terrestre. Y no solo eso: también se han hecho hoteles, restaurantes y –por supuesto– chalets, algunos directamente sobre la playa. Todos estos usos están prohibidos porque el dominio público es una franja que ocupa los primeros metros de la costa y que se adentra hasta donde llega una playa, sistema dunar o zona húmeda. Algunas de estas construcciones consiguieron concesiones temporales en el pasado, pero la mayoría ya han caducado. En total, se calcula que hay más de 2.000 construcciones irregulares, muchas de las cuales con orden de demolición. La falta de recursos de la Demarcación de Costas del Estado ha permitido que el cemento ocupe ilegalmente la primera línea durante décadas. Uno de los casos más llamativos es el del Bungalow, en Palma, un restaurante que nunca ni siquiera ha tenido concesión y que continúa en activo a pesar de las órdenes de demolición.

Bendición

Piscina privada. Concesió caducada

Una de las imágenes más habituales de los litorales isleños es la de construir una piscina completamente dentro del dominio público. Esta, en Bendinat, es uno de los casos más significativos de Palma. Se encuentra íntegramente en zona maritimoterrestre y ya no dispone de ninguna autorización para ocupar la primera línea. A pesar de la orden de caducidad dictada por Costas, los propietarios, como suele ser habitual, han recurrido para intentar alargar el procedimiento. En principio, según la normativa vigente, estas instalaciones no son legalizables. Algunos propietarios, además, les barren el paso por la costa, cosa que también es ilegal dentro del dominio público.

Cala Sant Esteve (es Castell)

Casetas de acera. Orden de demolición

La Demarcación de Costas ha ido resolviendo las alegaciones presentadas por los propietarios de pequeñas casas situadas en primera línea de mar en la Cala Sant Esteve, en el Castell, después de que se denegara la prórroga de las concesiones caducadas en 2018. Se trata de edificaciones que en Menorca se denominan ‘casetas de acera’ y que tienen una cierta tipología tradicional constructiva. Con este argumento, propietarios y a menudo también la administración local o insular intentan dar cobertura a lo que es una ilegalidad. Costas ha ordenado el derribo de al menos cinco inmuebles porque ya hace ocho años que no disponen de ninguna autorización para ocupar el dominio público. La Demarcación argumenta que el uso residencial no es compatible con este tipo de espacios y deja muy claro que estas edificaciones obstaculizan el paso. Si no se ejecuta voluntariamente el derribo dentro del plazo fijado, será la misma Administración que lo ejecutará de manera subsidiaria, para restituir el litoral público libre.

Talamanca

Hotel y terraza. Orden de demolición desde el 2021

No solo terrazas y piscinas. En Baleares, incluso se pueden encontrar hoteles dentro del dominio público, como es el caso de la playa de Talamanca en Ibiza. Todo tiene una explicación, y es la permisividad que hacia los años 50 del siglo pasado había en materia de ordenación del territorio. Los años 1959 y 1968, los propietarios de los terrenos consiguieron concesiones temporales para explotar un alojamiento y un solárium dentro de la franja estrictamente literal. Estas autorizaciones siempre son caducas cuando ocupan la primera línea del mar, si se levantan total o parcialmente dentro del dominio público. A pesar de la posterior transmisión de la empresa entre sociedades, la actual titular, Hotelera Torres Ramon, no ha conseguido legalizar la situación y, por lo tanto, desde el año 2021 tiene una denegación total de esta ocupación y una orden de demolición. En su escrito, Costas lamenta literalmente que la falta de medios haya permitido alargar tanto una situación que aún dura.

Cala Pregonda

Chalet sobre la arena. Concesión caducada en 2018

Aunque con menor medida que Mallorca y las Pitiusas, Menorca también ha escrito algunas páginas destacadas en la historia de las ocupaciones irregulares del dominio público marítimo-terrestre. Es el caso de Cala Pregonda, donde algunos expertos siempre se han preguntado cómo un chalet sobre la arena pudo conseguir una concesión de uso. La Ley de costas, sin embargo, es muy clara: no se puede autorizar dentro del dominio público ninguna actividad que se pueda hacer en otro lugar, y el caso de los chalets es evidente que no reúne ningún condicionante para estar ahí. Es por este motivo que, desde el año 2018, cuando acabó la concesión de que disponía, esta casa, que también tiene terraza y rampa, ya no tiene ningún derecho a ocupar la primera línea del mar. En la imagen se puede apreciar claramente cómo la propiedad, que inicialmente era de Cecilia Moysi y ahora es de la familia Recolons Bouffard, con una concesión de 1968 caducada, está en dominio público y, por tanto, no tiene posibilidad de legalizarse.

Restaurante Illetes en el Camp de Mar

Cafetería y restaurante sobre el islote. Concesión caducada, pendiente de renovación

El restaurante Illetes, en el Camp de Mar, es otro reducto de un tiempo donde la permisividad urbanística llegaba a extremos como el de permitir ocupar un islote con un negocio turístico. Se encuentra completamente dentro del dominio público marítimo-terrestre. La Demarcación de Costas no ha resuelto de momento el intento de renovación de la concesión que han tramitado los propietarios, que desde hace unos años intentan evitar quedarse sin negocio. En concreto, en el año 2018 la concesión quedó agotada y, por tanto, ante esta situación la ley establece que, o se consigue una renovación, o el propietario deberá hacer frente al derribo del edificio y la retirada de los escombros para devolver los terrenos “a su estado original”. El restaurante Illetes se llena cada verano de clientes que disfrutan de una vista privilegiada del Camp de Mar. De momento, sin embargo, la actividad puede continuar hasta que Costas determine si renueva la concesión o ordena el derribo.