Entre el 'lawfare' y la posverdad
Desde que estalló el asunto Zapatero, casi cada día nos encontramos con una sorpresa nueva. Algunas, bastante surrealistas. La sensación de incredulidad es grande incluso entre aquellos que durante mucho tiempo pusimos el corazón y la cabeza en la lucha contra la corrupción. Pero es que aquí hay demasiados elementos que apuntan a eso que se ha venido a denominar lawfare, el uso de la ‘justicia’ para criminalizar y tumbar políticos, particularmente progresistas, a base de mucha intoxicación y poca prueba. Pasó con Lula en Brasil, y lo hemos visto en el Reino de España con los líderes del Procés, los compañeros de Podem, y hace un par de años, con el caso de la amiga Mónica Oltra, que ya nos avisó que todos podríamos ser, como ella, víctimas de maniobras infames para matar civilmente a quienes dan la cara para defender los valores progresistas.
El PSOE no le hizo mucho caso, y ahora parece que a Pedro Sánchez, a pesar de su loable capacidad para surfear líos, le han puesto contra las cuerdas. El principal partido progresista se ha ido debilitando comunidad por comunidad, quemando ministros-candidatos, y la derecha reaccionaria y el deep-state han aprovechado los resultados de las elecciones andaluzas, que reafirman la fortaleza electoral del tándem PP-Vox, la apuesta de las élites del país. Todavía esperamos aquel plan de regeneración democrática que El perro anunció después de sus cinco días de ir al rincón de pensar, ante el acoso político, mediático y judicial que sufría su pareja básicamente por ser su pareja. Recordemos que más allá de acusaciones sin fundamento, el nivel de intoxicación ha llegado hasta el punto de cuestionar su género, por cierto, con sentencia absolutoria para la trol que esparció la infamia. No es la primera pareja que sufre un acoso brutal y violento, y si no que se lo pregunten al tándem Montero-Iglesias.
Otras parejas tienen más suerte: hace meses que esperamos que un juez permita a la Benemérita acceder a las cuentas de la pareja de Ayuso, que mientras tanto continúa facturando a cuenta de la privatización del sistema de salud presidido por la admiradora de Hernán Cortés. Y es que el contraste entre cómo el sistema judicial aborda unas u otras causas dice mucho del sistema judicial, y lo que no están calibrando los jueces con ganas de hacer política –y resistentes a que se democratice el acceso a la carrera judicial– es que su actuación está acelerando la destrucción de la credibilidad del sistema para una buena parte de la población. Si quieren hablar de contrastes, hablemos del caso Kitchen: se está juzgando estos días y las pruebas que no interesan se aparcan arbitrariamente, sobre todo si son para incriminar a los máximos responsables de la trama de financiación del Partido Popular, en un caso en el que, por cierto, se usaron los resorts del Estado para espiar a los mismos miembros del PP para que la verdad no saliera a la luz. En tiempos de inteligencia artificial, los jueces tienen serios problemas para identificar quién es M. Rajoy en los apuntes de Bárcenas.
No entraré en el hecho de que en la mayoría de casos los actores que suelen protagonizar la denuncia son habitualmente chivatos de extrema derecha fanáticos, pero ya llama la atención el simple hecho de que haya señores con toga que lo admitan a trámite, o incluso algún juez que, para hacer méritos, se tira a la piscina por iniciativa propia, sin ni siquiera acusación fiscal. De las actuaciones de la UCO, ya mejor no hablar… Entre las joyas de Sonsoles y el registro en la sede del PSOE en Ferraz, que no era ni registro, y que un personaje sin poder como Leire Díez pueda comprar voluntades judiciales, en fin… Aquí me preocupan dos cosas: por un lado, la infiltración ultra en los cuerpos y fuerzas de seguridad, incluidos la mayoría de los sindicatos policiales, hecho que en Alemania ha llevado a diversos procesos de depuración que aquí ni están ni se les espera y Marlaska no ha hecho mucho respecto a este tema. La otra, los niveles de corrupción policial, que paradójicamente sitúan esta profesión como la que presenta unos niveles más altos de criminalidad: echen un vistazo a la categoría ‘Corrupción policial en España desde 1975’ y hablamos.
Finalmente, la posverdad también envuelve el ruido sobre el caso. Recordemos que este concepto hace referencia a la distorsión de la realidad hasta el punto de que verdad y mentira devienen indisolubles. Claro que hay cosas que se deben aclarar y por las cuales se deben dar cuentas, en la actuación de Zapatero y en las de todos los expresidentes que han aprovechado su paso por la política para favorecer intereses propios o ajenos. Igual que es necesaria una normativa clara respecto de esta cuestión, y que la ausencia de esta no es excusa para que no consideremos determinadas actuaciones éticamente reprobables.
En cualquier caso, y para resumirlo: cuando nos movemos entre el lawfare y la posverdad, es que se necesitan cambios grandes, y no más de lo mismo o peor. Necesitamos democratizar el Estado y no una oligarquía con elecciones, que es hacia donde camina todo occidente.
