La Ley ómnibus también reduce el control de Recursos Hídricos sobre proyectos urbanísticos

PalmaEl Gobierno introdujo a última hora una modificación legal de la normativa de aguas para eximir algunas operaciones urbanísticas de la necesidad de conseguir la autorización de la Dirección General de Recursos Hídricos. Una disposición adicional de la Ley ómnibus aprobada por el PP y Vox permite evitar nuevos informes de suficiencia hídrica (disponibilidad de agua) en determinados casos, siempre que se considere que un determinado planeamiento o proyecto no supone un aumento de la demanda o que no hayan cambiado las circunstancias que justificaron informes anteriores.

La condición es que sean planeamientos de los que ya se haya informado y que no hayan aparecido nuevas demandas de recursos hídricos ni modificaciones relevantes respecto del escenario inicial en un nuevo trámite. Las voces críticas de algunos técnicos en materia urbanística consultados por el ARA Balears señalan que "se ha modificado una norma que establecía que cualquier plan urbanístico debía pasar por Recursos Hídricos, y ahora ya se hacen excepciones". "Por mucho que se diga formalmente que los nuevos crecimientos deben volver a autorizarse, deja la potestad de decisión en criterios municipales y, por lo tanto, aumenta la subjetividad, que es lo que interesa a quienes quieren crecer", afirma un especialista que pide el anonimato. "Alguien quiere quitar del medio la opinión de Recursos Hídricos", sentencian.

Será el ayuntamiento de turno quien, si decide no remitir el plan en cuestión a Recursos Hídricos, elabore una memoria técnica para acreditar la decisión. El ARA Balears ha intentado aclarar de dónde ha salido esta enmienda, ya que los técnicos de Recursos Hídricos consultados no tienen conocimiento de ella. Algunas fuentes apuntan a la presión que ha ejercido el alcalde de Palma, Jaime Martínez, para acelerar los pisos nuevos que se harán en los suelos urbanizables de Palma. La Conselleria de la Mar i el Cicle de l'Aigua ha declinado aportar información sobre esta enmienda, a pesar de ser de su competencia.

Palma ha aprobado nuevos crecimientos

La reforma llega en un momento especialmente sensible para Palma. Durante el último año y medio, el Ayuntamiento ha aprobado medidas para incrementar el aprovechamiento urbanístico de diversos sectores urbanizables amparándose en las medidas de emergencia de vivienda impulsadas por el Gobierno. Estas modificaciones permiten aumentar la edificabilidad y el número potencial de viviendas respecto a los escenarios que sirvieron de base para la planificación originalPalma prevé obtener más de 10 millones de litros adicionales El debate se produce después de que los informes técnicos de Recursos Hídricos pusieran reparos al Plan General de Palma por la falta de agua. El departamento concluyó que, durante la tramitación del Plan General del Pacte, la ciudad "no disponía de suficiente agua para asumir todo el crecimiento de vivienda previsto hasta 2038". Según la documentación analizada por este diario, los principales acuíferos que abastecen la ciudad presentan niveles de explotación muy elevados y algunos superan incluso los límites recomendados.

Ahora, los Proyectos estratégicos de transformación permiten aumentar hasta un 45% el aprovechamiento urbanístico, incrementar el número potencial de viviendas y acelerar el desarrollo de los sectores y elimina buena parte de las limitaciones temporales previstas inicialmente. Esta modificación de los parámetros urbanísticos ha abierto el debate sobre si los informes hídricos emitidos en el pasado continúan siendo válidos para unos escenarios de crecimiento que ya no coinciden con los que fueron objeto de evaluación. "Alguien busca un paraguas para no pasar por Recursos Hídricos", ha dicho el mismo técnico consultado por el ARA Balears.

Palma necesitará más agua

La planificación hidráulica municipal asume que el crecimiento urbano futuro exigirá incrementar la producción de agua. Tal como publicó el ARA Balears, Palma prevé obtener más de 10 millones de litros adicionales al día mediante nuevas fuentes de suministro, una previsión que incluye una mayor dependencia de la desalinización y de las captaciones disponibles.

Fuentes técnicas consultadas por el ARA Balears advierten que la nueva disposición podría generar interpretaciones diferentes durante la tramitación de los proyectos urbanísticos. Según estas fuentes, existe el riesgo de que algunos promotores o administraciones entiendan que ya no es necesario volver a consultar Recursos Hídricos cuando consideren que no hay una nueva demanda de agua o cuando el planeamiento superior ya haya sido informado favorablemente.

Pero estos expertos remarcan que la reforma no elimina las competencias de la administración hidráulica. A su parecer, la nueva redacción solo debería servir para evitar la repetición de informes sobre cuestiones ya analizadas, pero no para prescindir de los controles sectoriales cuando aparezcan nuevas "demandas o situaciones diferentes de las valoradas en el primer informe", explican.

Parte del Plan General de Barcelona, anulado por ignorar el agua

Mientras en Baleares se introduce esta flexibilización, una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha reforzado la importancia de los controles hidrológicos en la planificación urbanística. El tribunal ha declarado nula la modificación del Plan General Metropolitano del barrio de Gràcia, en Barcelona, porque durante la tramitación no se solicitó el informe de la Agencia Catalana del Agua a pesar de que el ámbito afectaba a ocho minas de agua subterránea.

La resolución rechaza que este análisis pueda aplazarse a fases posteriores y defiende que la protección de los recursos hídricos exige una visión global durante la fase de planeamiento. El tribunal considera que la supervisión de la autoridad hídrica no puede sustituirse por controles fragmentados proyecto por proyecto una vez las decisiones urbanísticas ya han sido adoptadas.

La sentencia catalana no analiza la legislación balear ni la nueva excepción aprobada por el Parlament. Aun así, pone de manifiesto la relevancia que los tribunales atribuyen a la intervención de los organismos competentes en materia de agua cuando los planes urbanísticos pueden alterar las necesidades futuras de recursos hídricos.