"La piscina de Pedro J. nos tiene que hacer pensar: hay que luchar contra las ilegalidades aunque las hagan poderosos"

La noticia avanzada en primicia por el ARA Balears sobre la autorización del Gobierno para demoler la piscina ilegal de Pedro J. Ramírez cogió por sorpresa al denunciante del caso, Jaume Sastre. "Mi abogado está de viaje y no sé si nos lo han notificado. Evidentemente cuando lo leí me alegré porque son muchos años de lucha, y es un paso más", admite.

Empero, Sastre no quiere celebrar nada porque este importante hito no es el final todavía: "Esto es una maratón contra los poderosos y las ilegalidades, y todos aquellos que dan lecciones a los demás y no cumplen la normativa, y hasta que no hayamos cruzado la meta no pienso cantar victoria. Es importante porque el gobierno autonómico ahora sí que ha admitido la situación y hace cumplir una sentencia que, no lo olvidemos, es de 2021. Ya creo que empieza a ser hora de poner orden en el litoral", concluye Sastre.

El actual presidente de la Assemblea Sobiranista e histórico activista mallorquín recuerda que fue en el año 2004 cuando tuvo el primer 'encuentro' con la piscina y con sus usuarios. "Sabíamos que era irregular, y que estaba en dominio público. Por tanto, acudimos al lugar bordeando el litoral, sin entrar en ninguna propiedad privada, y pedimos acceder a la piscina. Hice venir a un notario, que constató cómo se nos cerró el paso. Y por tanto, de uso público nada. Se hacía un uso privativo de la costa con una autorización que no permitía eso", asegura.

Con esta constatación, Sastre pidió el expediente a Costas, entonces competencia totalmente en manos del Estado, "y por supuesto no nos contestaron. Pero el silencio administrativo me permitió interponer un contencioso administrativo que fue el germen del primer episodio judicial, y que acabaría el año 2015 en el Supremo. Conseguimos una victoria moral, pero malauradament el Tribunal no entró en el fondo de todos los aspectos y por eso no pudimos reclamar la demolición", recuerda.

El informe "ridículo" del conseller de Jaume Matas

En aquel momento, ya se sabían los pasos que había dado el Gobierno del PP, con Jaume Matas al frente, emitiendo un informe que el demandante considera "ridículo", en el que el entonces consejero de Educación, Tito Fiol, afirmaba por escrito que la piscina era un recurso educativo para los alumnos de Son Servera.

Pero fue después de la sentencia del Supremo cuando una entrevista a Pedro J. Ramírez volvió a poner en alerta a Jaume Sastre: "Afirmó por Televisión que ya tenía la piscina legalizada. Y yo dije esto es imposible, es mentira, aquí ha pasado algo. Me dije a mí mismo que había que volver a investigar todo el expediente, y lo pedí", explica. Cuando tuvo el expediente, Sastre descubrió que el Estado había recuperado el dominio de la piscina, la escalera y la terraza ilegales en un momento dado, "porque la viuda del anterior propietario no había pagado el canon. Esto fue un primer elemento importante para volver a armar un caso judicial y descubrimos que Matas había vuelto a meter mano para intentar simular carta de legalidad a todo ello", dice el activista.

Una multa de Medio Ambiente

En la investigación que reabrió Jaume Sastre, también pudo constatar cómo "el primer Gobierno de Francesc Antich había sido valiente en parte, ya que la consejera de Medio Ambiente Margalida Rosselló había puesto una multa importante. Curiosamente, no se había reclamado el pago, y el consejero Joan Mesquida salió diciendo que se había extraviado. Todo ello demostraba la influencia y el poder que tenía Pedro J.", relata.

Pero Sastre no se rindió "no lo puedes hacer, y menos ante los poderosos si tienes la razón. La piscina era ilegal, no podía estar en dominio público, no tenía autorización y solo se trataba de tener paciencia y constancia. Hemos ido aportando toda la documentación que se nos ha pedido, y evidentemente, llega un momento en que las injusticias no se pueden aguantar más por parte de la administración, porque entonces ellos mismos entran en una situación delicada", afirma.

Ahora, Sastre tiene muy claro que aún queda un último escollo: la licencia municipal que debe otorgar el Ayuntamiento de Son Servera, municipio al que pertenece la Costa de los Pinos donde se encuentra la piscina ilegal. "En parte no debería ser ningún problema porque estamos ante el cumplimiento de una sentencia de la Audiencia Nacional, ratificada y bendecida ahora por el Gobierno. Pero no nos engañemos, aquí todo el mundo tiene miedo. Tendremos que pedir al consistorio que haga su trabajo y haga restablecer la legalidad", concluye.