Maria Joaquina Ferrer: “Todavía persiste la idea de hacer usos privativos en el litoral al margen de la norma”

PalmaNo le fue fácil a Marga Prohens encontrar un sustituto para Carlos Simarro en la Dirección General de Costas y Litoral. Quedaba poca legislatura, y el PP tenía pendiente un compromiso electoral un poco complicado, porque las competencias principales de la costa todavía son del Estado: arreglar las casetas de paseo marítimo, los embarcaderos y también otros negocios dentro del dominio público. Fue una apuesta electoral de Prohens, principalmente en Formentera y, por este motivo, está muy cerca de aprobarse un proyecto de ley del litoral que quiere evitar demoliciones. Maria Joanquina Ferrer es funcionaria de la CAIB desde 1996. Es licenciada en Derecho y, sobre todo, honesta: acaba de denunciar un intento de soborno, precisamente de un negocio litoral. En el momento de hacer esta entrevista, los hechos no se conocían.

En Baleares hay centenares de construcciones en dominio público sin autorización. ¿El traspaso parcial de competencias a comunidades como las Islas puede contribuir a una defensa más eficaz del dominio público?

— En Baleares, como en el resto del litoral estatal, existe un volumen importante de ocupaciones del dominio público marítimo-terrestre en situación irregular, sea por caducidad de concesiones o por falta de autorización. El traspaso parcial de competencias a la comunidad representa una oportunidad para mejorar la eficacia en la defensa del dominio público, gracias a la proximidad administrativa, que facilita un conocimiento mejor del territorio, refuerza la capacidad de inspección y permite una respuesta más ágil ante las infracciones. Ahora bien, también hay que ser claros: el traspaso no se hizo en las condiciones adecuadas. Solo se transfirieron 12 personas, y la comunidad ha tenido que ampliar el equipo hasta 46 para asumir las funciones. Además, no se transfirieron ni todas las competencias ni los medios necesarios, situación que implica un coste para la Comunidad. Todo esto mientras el Estado continúa ingresando el 100% del canon sin ninguna garantía de que se reinvierta en la protección del litoral. En todo caso, se trata de un proceso complejo que requiere coordinación constante con el Estado y un refuerzo sostenido de los recursos para alcanzar resultados plenos.

Demarcación de Costas siempre se ha quejado de falta de medios. Una parte se traspasó a la CAIB. ¿La CAIB ha aportado también medios propios para poder hacer mejor gestión?

— Históricamente, la gestión del litoral ha estado condicionada por una falta de medios materiales y humanos. Esta situación se agravó en el momento del traspaso de competencias, que no se produjo con la previsión necesaria, especialmente en lo que respecta a la dotación de personal. Esto dificultó asumir con garantías el volumen de expedientes acumulados. Actualmente, la Dirección General de Costas y Litoral dispone de un equipo de 46 personas, fruto tanto de los recursos traspasados como del esfuerzo del Gobierno para reforzar su estructura. Además, se han incorporado medios propios y perfiles técnicos para mejorar la capacidad de inspección, gestión y tramitación administrativa. Aun así, el volumen de expedientes y la complejidad del dominio público maritimoterrestre hacen necesario continuar reforzando los recursos. La línea de trabajo es consolidar el equipo, agilizar procedimientos y ganar eficacia en la respuesta administrativa.

¿Se está mejorando la gestión del litoral en términos de evitar abusos? ¿O es visto como un lugar para hacer negocio, aunque sea sin permiso, como pasa con el Bungalow?

— Se está avanzando en la gestión del litoral, especialmente en materia de control, inspección y tramitación de expedientes. Hay una voluntad clara de reforzar la disciplina y garantizar el cumplimiento de la normativa. Ahora bien, todavía persiste en algunos ámbitos la percepción de que el litoral puede ser objeto de usos privativos al margen de la normativa. Esta situación responde, en parte, a una herencia histórica de décadas de control insuficiente. El objetivo es revertir esta dinámica: actuar con más determinación, reducir los márgenes de impunidad y consolidar la idea de que el dominio público es un bien colectivo que se ha de proteger. En este sentido, es imprescindible encontrar un equilibrio entre las actividades económicas y la conservación del litoral. La falta de resolución de expedientes no solo genera inseguridad jurídica, sino que también puede acabar provocando el deterioro y el abandono de determinadas zonas de la costa.

¿Cómo contribuirá la nueva ley balear a mejorar su gestión? ¿Conseguirán legalizar las construcciones consideradas tradicionales? En otras comunidades no ha salido bien.

— La nueva ley balear nace con la voluntad de mejorar la gestión del litoral mediante más claridad normativa, herramientas más eficaces de control y una mejor ordenación de las situaciones existentes. Por lo que respecta a las construcciones consideradas tradicionales, se prevé un abordaje caso por caso, con el objetivo de dar respuesta a realidades históricas siempre dentro del marco legal y sin comprometer la integridad del dominio público. La experiencia de otras comunidades demuestra que son procesos complejos y requieren un equilibrio muy cuidadoso entre seguridad jurídica, protección ambiental e interés general.