El GOB reclama a los ayuntamientos que hagan públicas las regulaciones en suelo rústico
La entidad ecologista vincula el cambio normativo del Gobierno con el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional y reclama transparencia sobre los posibles efectos de la regulación aprobada en 2024
PalmaEl GOB ha pedido este jueves a los ayuntamientos de Baleares que informen de cuántas construcciones en suelo rústico se han podido legalizar a través del mecanismo de silencio administrativo positivo, después de que el Govern haya eliminado esta vía con la nueva Ley de medidas urgentes para proyectos estratégicos.
La entidad ecologista vincula este cambio normativo con el recurso de inconstitucionalidad presentado contra el decreto ley aprobado por el Govern en mayo de 2024, que abría la puerta a regularizar edificaciones levantadas ilegalmente en suelo rústico. Según el GOB, una de las medidas más polémicas de aquella norma era precisamente la incorporación del silencio administrativo positivo.
Este mecanismo permitía que, si un ayuntamiento no resolvía en seis meses una solicitud de legalización, esta quedara automáticamente aprobada. El GOB considera que esto generaba un agravio comparativo, porque los propietarios de edificaciones legales continúan obligados a esperar una resolución expresa para hacer cualquier actuación.
La organización recuerda que ya impulsó un informe jurídico crítico con la norma y que, junto con otras entidades, lo trasladó a grupos parlamentarios del Congreso, que posteriormente presentaron el recurso ante el Tribunal Constitucional, admitido a trámite.
Con la modificación aprobada ahora por el Govern, el silencio administrativo pasa a ser negativo. Esto implica que la falta de respuesta de la Administración ya no supondrá la validación automática de ningún expediente. Según el GOB, este giro podría responder a la voluntad de evitar una futura anulación judicial del sistema anterior y las consecuencias legales derivadas.
Ante este escenario, el GOB ha instado a los grupos políticos con representación municipal a pedir datos sobre los expedientes que se hayan podido aprobar por esta vía y a identificar los casos más significativos, especialmente aquellos vinculados a grandes chalets construidos en suelo rústico.
