Cinco medidas para que los isleños puedan tener casa

1.- Hacer 10.000 viviendas protegidas los próximos años

Las Baleares y Canarias comparten el dudoso honor de ser las comunidades autónomas con menos viviendas protegidas construidas los últimos 25 años. Hoy son dos de las comunidades con más problemas para atender la demanda de vivienda de buena parte de la población –por diferentes motivos, pero también por este. Una ínfima parte de las 300.000 casas y pisos construidos desde 1981 son de protección pública. Por todo ello, la primera medida para afrontar la crisis residencial en Baleares implica aumentar de manera decidida el parque público de vivienda, y hacerlo “de manera constante” reclaman expertos consultados, como el asesor inmobiliario Pedro García. “Los problemas no se resuelven ni en una ni en dos legislaturas”, asegura, y remarca que si no se hacen 10.000 pisos protegidos los próximos años, no se notará.

El Gobierno ya ha anunciado más de 1.200 viviendas públicas nuevas en planificación, repartidos en cerca de cincuenta promociones en las Baleares. El director general de Vivienda del Gobierno, José Francisco Reynés, defiende la medida y subraya que será “la mayor planificación de vivienda pública de la historia” y asegura que permitirá incrementar un 50% el parque público actual del Ibavi.

Esta apuesta también incluye mecanismos para acelerar su construcción. El Gobierno ha aprobado fórmulas extraordinarias de tramitación para considerar la vivienda pública una infraestructura esencial, equiparable a hospitales y centros educativos. Según el director general, el objetivo es “hacer más vivienda y más pronto” ante una emergencia de vivienda que hace años que se agrava y ante los reiterados anuncios de los ejecutivos que la realidad desmiente porque siempre se hace mucho menos de lo que se anuncia.

En esta línea, Pedro García también defiende que la Administración “identifique suelo público disponible” y lo ponga a disposición de promotores locales a precios asequibles para construir vivienda social. García considera que el coste del suelo es uno de los grandes obstáculos y plantea modelos mixtos: promociones con una parte destinada a vivienda asequible y otra a mercado libre.

2.- Prohibir y penalizar el uso especulativo de los pisos

Otra línea de actuación sería reducir el peso de la vivienda como producto de inversión –una tendencia que desde hace dos décadas se ha agravado en buena medida a causa del alquiler turístico de pisos y casas– y recuperar su función social. La geógrafa Sònia Vives plantea “una agenda de desfinanciarización de la vivienda” que permita “volverla a tratar como un lugar para vivir y no solo como un activo financiero”.

Entre las medidas que propone se encuentran impuestos crecientes según el número de propiedades acumuladas, recargos a las viviendas vacías y limitaciones a las ventajas fiscales de los grandes tenedores y las socimis (sociedades de inversión inmobiliaria). Según Vives, el mercado premia la acumulación y la especulación, y esto expulsa a residentes y dificulta el acceso a la vivienda a los trabajadores locales.

Pedro García también pone el foco en la presión inversora externa y defiende restringir la compra de viviendas a no residentes. El profesional inmobiliario apuesta porque el acceso a la primera residencia quede vinculado a más de 10 años de residencia fiscal en las Islas y que las segundas residencias tengan requisitos de uso real para evitar operaciones puramente especulativas. “Hay inversores que compran, no venden nunca y están quitando vivienda a los de aquí”, lamenta. En este sentido, recientemente el grupo parlamentario MÉSper Mallorca llevó a la Cámara un nuevo intento de limitar la compra de propiedades por parte de no residentes, pero no recibió apoyo de la mayoría de derechas.

3.- Reconvertir establecimientos turísticos en hogares

La tercera propuesta implica reutilizar parte del actual parque turístico, sobre todo el obsoleto, para destinarlo a vivienda residencial. La idea es aprovechar edificios, apartamentos y establecimientos turísticos en desuso o en venta para transformarlos en pisos asequibles para residentes. Pedro García considera que esta podría ser una de las medidas más rápidas para incrementar la oferta de vivienda. Según explica, “en las Islas se mueven cantidades ingentes de hoteles, apartamentos y pensiones a la venta” y la Administración debería intervenir para impulsar “el cambio de uso de turístico a residencial”. La propuesta incluye crear viviendas pequeñas, de entre 40 y 50 metros cuadrados, pensadas especialmente para jóvenes, personas solas y familias monoparentales.

Este planteamiento conecta también con el diagnóstico de Sònia Vives, que defiende quitar una parte de la vivienda “del mercado especulativo” y reforzar fórmulas alternativas como el parque público y las cooperativas de uso. Ambos coinciden en que una parte importante del problema de las Baleares es que la vivienda ha acabado subordinada a la rentabilidad turística y financiera.

4.- Prioridad a los residentes y alquileres de larga duración

La cuarta medida combina la prioridad residencial de las viviendas con los estímulos al alquiler estable, de larga duración. Tanto el Gobierno como los expertos coinciden en que es necesario reforzar el acceso de los residentes a la vivienda y recuperar pisos para el mercado de alquiler habitual.

El Gobierno balear ha introducido el requisito de cinco años de residencia continuada para acceder a vivienda de protección pública. El director general defiende que esta condición sirve para garantizar que las promociones públicas “vayan dirigidas a los residentes de las Islas Baleares”. García va aún más allá y apuesta por ampliar estas limitaciones también a la compra de viviendas.

En cuanto al alquiler, Sònia Vives rechaza las ayudas directas a los propietarios porque considera que “acaban convirtiéndose en una renta más para los arrendadores”. En cambio, defiende incentivos fiscales directes a los inquilinos para que puedan desgravarse el coste del alquiler de una manera mucho más potente que ahora.

Pedro García, por su parte, insiste en que el gran problema es el miedo de los pequeños propietarios a la morosidad y a la ocupación. “Hay mucha gente que tiene pisos cerrados por inseguridad jurídica”, afirma. Por eso reclama cambios legislativos que faciliten los desahucios rápidos en casos de impago y más garantías jurídicas para que los propietarios vuelvan a poner viviendas en el mercado de alquiler de larga duración.

5.- Nueva clasificación del suelo que diferencie el residencial del turístico

El economista menorquín Josep Sintes ha remitido a los grupos parlamentarios una propuesta llamada Marco Insular de Equilibrio Territorial (MIET), y que principalmente propone separar los usos en la planificación territorial entre el residencial “para los ciudadanos, para vivir” y el suelo “destinado a actividades turísticas y de ocio”, explica este especialista. Según Sintes, “no se prohíbe nada”. “Lo que planteo con mi trabajo es aprovechar la potestad que tienen los ayuntamientos para diferenciar el suelo donde solo podrá haber casas y pisos para vivir, y el suelo donde se hacen casas y pisos para alquilar turísticamente o para explotar con alquileres de temporada y fórmulas similares”. Por este motivo, Josep Sintes pide a los grupos parlamentarios una reforma de la normativa existente que “facilite a los ayuntamientos poder hacer un planeamiento urbanístico a favor de los residentes”. “Si no actuamos de esta manera y, tal como pasa ahora, se admiten los usos más especulativos de la vivienda, los isleños quedaremos definitivamente expulsados del mercado”, añade. “Se está regulando solo con criterios de capacidad de renta, y siempre habrá europeos con más opciones de adquirir las viviendas. Las reglas que sirven en otros lugares, aquí se deben matizar”, concluye el economista menorquín.