El Govern, sobre la cadena humana convocada por Madò Farta: "No se puede decir que no hemos tomado medidas"

PalmaLas protestas antimasificación no paran: el pasado miércoles fue la última cena contra la gentrificación de Brunzzit y, este sábado, Madò Farta vuelve a la carga. La activista ha convocado una cadena humana desde la plaza de España hasta el Consolat, en la que entregarán una lista de demandas al Gobierno. El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha dicho que respeta la manifestación, pero también ha defendido la gestión de la presidenta Marga Prohens. "No se puede decir que este Gobierno no ha tomado medidas: algunas de las que se pedían ya se han hecho", ha dicho.

Así, ha recordado iniciativas del Gobierno como la limitación de nuevas plazas de alquiler turístico en pisos plurifamiliares y la limitación de la entrada de vehículos. "Lo tenemos claro y, por descontado, continuaremos en esta línea", ha enfatizado. Costa ha expresado el "respeto a la libertad de expresión siempre que las manifestaciones se produzcan de manera pacífica". En la cadena humana del sábado, los manifestantes podrán trasladar en papel, a través de voluntarios de la organización, sus reclamaciones al Ejecutivo. El vicepresidente primero ha dicho que se leerán.

Por otro lado, Costa ha evitado valorar el informe elaborado por la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Baleares, que acusa a siete participantes en la protesta del 26 de julio contra la masificación turística de presuntos delitos de desórdenes públicos y daños. El vicepresidente ha considerado que es responsabilidad de la delegación del gobierno español valorar estos hechos. Este informe policial llega a los tribunales mientras continúa abierta la otra línea del caso: la relacionada con las actuaciones de los agentes durante las cargas. Un total de 25 personas anunciaron hace unas semanas acciones legales a través de Alerta Solidaria, que asume el acompañamiento jurídico de Menys Turisme, Més Vida. Los manifestantes aseguran haber recibido golpes de porra "sin justificación" y también denuncian que durante la intervención policial se dificultó la asistencia médica a los heridos. Según los datos aportados por las entidades, 16 de las 25 personas necesitaron asistencia médica.