¿Qué ha hecho Prohens con la masificación? Incumplimientos y deberes pendientes

PalmaHace más de dos años que el Gobierno prometió medidas “valientes” contra la saturación, pero la aplicación de los compromisos de la presidenta Marga Prohens ha sido desigual. El Ejecutivo ha desplegado medidas para regular el alquiler turístico, pero las iniciativas fiscales para la contención anunciadas esta legislatura –como el Impuesto de Turismo Sostenible, el canon del agua y de los coches de alquiler– no se han materializado. La contención que defiende el Ejecutivo no se refleja, de momento, en las cifras de llegadas: en 2025 se batió un nuevo récord con más de 19 millones de turistas en las Islas. “Entendemos el malestar”, dijo el vicepresidente primero, Antoni Costa, sobre la manifestación del domingo contra la saturación: “Se nos puede decir que las medidas son insuficientes (...), pero las hemos tomado”. ¿Qué promesas del Ejecutivo se han aplicado, cuáles han quedado a medias y cuáles no se han cumplido?

El no incremento del ecotasa

Uno de los principales anuncios para frenar la saturación turística que el Gobierno propuso en marzo de 2025 fue un incremento del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) en temporada alta. A pesar de que Vox se oponía, la izquierda le tendió la mano para sacarlo adelante. Pero menos de un año después, el Ejecutivo se retractó de su propia propuesta. El vicepresidente primero argumentó que, como el índice de presión humana en los meses de verano había quedado por debajo del 1% –aunque creció en invierno–, la medida ya no era “necesaria”.

Coches de alquiler, sin impuesto

El Gobierno también planteó gravar los coches de alquiler y los inscritos fuera de las Baleares con entre 30 y 80 euros en función de sus emisiones. La recaudación se debía destinar a fomentar el transporte público y descongestionar las carreteras. Finalmente, el Ejecutivo se echó atrás y el impuesto no entró en vigor.

No aumento del canon de agua

Prohens también anunció, durante el debate de política general de 2024, una subida del canon del agua (canon de saneamiento). La reforma, enfocada en los grandes consumidores y usuarios con un consumo excesivo, se aprobaría mediante un decreto ley antes de la primavera de 2025, pero este cambio normativo no se ha llegado a hacer.

El monitoreo de playas

Uno de los últimos anuncios del Gobierno para frenar la masificación tuvo lugar en Fitur el pasado mes de enero. Prohens aseguró que este verano pondría en marcha una aplicación para monitorizar la ocupación de las playas. La operación, consistente en colocar sensores en un centenar de puntos, apenas se puso en marcha este viernes. En un comunicado, la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación explicó que la aplicación está en formato beta y con pruebas internas.

En el marco del Gemelo Digital, una infraestructura de recogida de datos que se anunció en marzo, el Gobierno también habló de establecer sistemas de aparcamientos inteligentes, que tampoco se han instalado este verano, aunque fuentes del Gobierno explican que el proyecto piloto se completó y ya hay sensores en los aparcamientos de El Trenc y de El Amarador.

Por su parte, el Consell de Mallorca también anunció el monitoreo de la movilidad de las carreteras, pero de momento no se ha puesto en marcha. Consultado por el ARABalears, el departamento insular de Carreteras no ha dado información sobre cuándo se prevé que comience. Lo que sí ha arrancado es un plan piloto para que los residentes con carnet del TIB puedan reservar plaza en diversos autobuses en dirección a la sierra de Tramontana, una medida que quiere reducir las escenas de colapso del transporte público que afecta a los residentes de la zona.

Limitación de entrada de vehículos

El Parlament aprobó la limitación de la entrada de vehículos en Ibiza en octubre de 2024. Cinco meses después, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, anunció que presentaría una proposición de ley para regular la entrada de vehículos en Mallorca. Después de un largo tira y afloja con Vox –que se oponía–, finalmente el PP necesitó el apoyo de la izquierda para sacar adelante la iniciativa, que ahora se tramita en el Parlament, con la duda de si se aprobará antes de que acabe la legislatura (el PP asegura que sí). En Menorca tampoco se ha aplicado la limitación: el Consell ha dicho que no se podrá llevar a cabo hasta la temporada de 2027.

El Pacto por la sostenibilidad

La presidenta presentó el Pacto por la sostenibilidad para abrir un proceso de diálogo con instituciones, agentes económicos y sociales y, finalmente, hacer propuestas concretas de contención turística. Sin embargo, desde el comienzo numerosas entidades de la sociedad civil y los partidos de izquierdas expresaron descontento con su funcionamiento –consideraban, entre otras cuestiones, que la representación de actores en las reuniones no era paritaria–, hasta el punto de que acabaron desistiendo de participar. El documento final del Pacto ofreció un diagnóstico general sobre la masificación, pero no aportó datos concretos. En el mismo sentido, muchas de las propuestas que se debatieron no se han traducido en medidas efectivas. El portavoz del Foro de la Sociedad Civil, Jaume Garau, es crítico con los resultados. “Dijimos que no jugaríamos, porque se tomaban acuerdos fuera del Pacto, y la mesa no era paritaria, mientras que el documento final y las propuestas ya se habían planteado en años anteriores”, dice. “Se inventaron el concepto de ‘contención’ para no hablar de decrecimiento”, continúa: “El grado de incumplimiento del Gobierno es tan profundo que nos encontramos en una situación de emergencia nunca vista”.

De reducción a ‘contención’

El Gobierno rechaza el decrecimiento. Aunque critica al anterior Ejecutivo de Francina Armengol por haber otorgado “115.000 plazas turísticas nuevas” –en palabras de Costa el pasado jueves–, no las ha reducido. La normativa sobre plazas turísticas ha pasado de una moratoria y un sistema de intercambio de dos plazas por una (2x1) fijado en la Ley 3/2022 a un modelo basado en el intercambio de una por una (1x1). Si inicialmente, para muchas altas nuevas o ampliaciones, la normativa establecía que había que aportar el doble de plazas de las que se pretendía comercializar, el nuevo marco establece que por cada plaza activada nueva se debe dar una de baja definitiva, para garantizar un crecimiento cero de la oferta. De hecho, en la exposición de motivos, el Decreto ley 4/2025 se presenta como una solución para la “supresión ex lege” (automática) de plazas que había previsto la normativa del 2022 para el 2026. A través de esta norma también se crean dos bolsas temporales de plazas que se nutren de las bajas que se producen, sin aumentar el techo global, mientras los consejos insulares determinan la capacidad de carga de cada isla. “Han levantado la moratoria de plazas, han quitado el intercambio de 2x1, que provocaba un decrecimiento progresivo, y ahora es del 1x1 y, además, han creado una bolsa de plazas nueva que incluye el alquiler turístico”, critica el exconsejero de Turismo y portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela.

Lucha contra el alquiler ilegal

Prohens reforzó las herramientas de los consejos insulares para luchar contra el alquiler turístico ilegal con la Ley contra la oferta ilegal, que endurece significativamente las sanciones a los infractores. El Consell de Mallorca ha reforzado la inspección y reivindica avances, como la retirada de cerca de 8.000 anuncios de Airbnb. Ibiza ha sido pionera en esta batalla y ha impuesto multas importantes a viviendas sin licencia. Menorca, por su parte, también ha puesto más inspectores para hacer frente a la oferta turística irregular. Aun así, estos pasos no han dado una solución definitiva al problema. Una inspectora del Consell de Mallorca explicó a ARA Balears que, según su opinión sobre el terreno, erradicar el alquiler turístico ilegal es “imposible”, porque los propietarios esquivan los controles y es muy difícil reunir pruebas suficientes.

El turismo de excesos

El Gobierno cambió el nombre del decreto de excesos por el de ‘turismo responsable’ en el Decreto ley 2/2024. Este texto modificó la zonificación del anterior decreto: redujo la superficie de la de Calvià y modificó los límites territoriales de la de Llucmajor, mientras que las de Palma y Sant Antoni de Portmany quedaron igual. Esta delimitación sirve para regular y aplicar restricciones al turismo de gatera en zonas maduras.

Limitación de cruceros

El Gobierno ha mantenido el pacto que el Ejecutivo de Armengol firmó en 2021 con las navieras y lo ha renegociado con una reducción del límite medio de pasajeros. El acuerdo establece que solo pueden coincidir tres cruceros al día en el puerto de Palma, y solo uno de estos tres puede ser un megacrucero –de más de 5.000 pasajeros. Además, se ha fijado una media diaria máxima de cruceristas en temporada alta de 7.500 pasajeros en cómputo semanal, mientras que antes eran 8.500.

El alquiler turístico en plurifamiliares

Aunque no elimina las plazas ya habilitadas legalmente, el Decreto ley 4/2025 sí prohíbe la creación de plazas turísticas nuevas en edificios plurifamiliares en todas las Islas, con el objetivo de proteger el uso residencial de la vivienda. Esta prohibición supone un cambio de rumbo respecto de la normativa anterior. La Ley 6/2017 abrió la puerta a la comercialización turística en edificios plurifamiliares por primera vez y, ahora, se vuelve a cerrar esta opción para altas nuevas.