La Policía Nacional señala a siete manifestantes como responsables de la violencia policial del 26-J pasado

PalmaLa Policía Nacional acusa a siete manifestantes de delitos de desorden público y daños por los disturbios que se produjeron al final de la manifestación contra la masificación turística del 26 de julio en Palma. Esta es la principal conclusión del informe elaborado por la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Baleares y remitido al juzgado que investiga los hechos, según han confirmado fuentes policiales.

El informe, encargado por el delegado del gobierno español en las Islas Baleares, Alfonso Rodríguez, al día siguiente de la protesta, recoge las incidencias que se produjeron durante la movilización y defiende la actuación de los agentes durante las cargas. La investigación policial se sustenta, entre otros elementos, en material audiovisual obtenido durante los incidentes, incluidas imágenes de drones, grabaciones policiales y vídeos de teléfonos móviles. La remisión de este informe al juzgado abre ahora una nueva fase judicial. El magistrado deberá valorar las pruebas aportadas por la Policía y decidir, entre otras cuestiones, si cita a declarar a las siete personas identificadas.

La Policía sitúa los altercados al final de la manifestación

Según el relato policial, la manifestación transcurrió con normalidad hasta llegar a las Voltes. En este punto, los agentes comunicaron a la responsable de la protesta que el recinto no tenía capacidad para acoger a todas las personas participantes durante la lectura del manifiesto. La Policía asegura que se propuso hacer el acto en el exterior y que, ante la insistencia por acceder a las Voltes, se establecieron tres filtros policiales para permitir una entrada progresiva.

Según el informe, la situación comenzó a tensarse cuando la promotora de la manifestación comunicó por megafonía que la Policía impedía el acceso. Posteriormente, siempre según la versión policial, se produjeron empujones a los agentes, que quedaron rodeados en la pasarela que conecta la avenida de Antoni Maura con las Voltes. El documento describe una "masa hostil" que habría rodeado a los policías y los habría empujado hacia la avenida de Antoni Maura.

Es en este punto donde la Policía sitúa la actuación del grupo de manifestantes que ahora acusa. Según el informe, las imágenes recopiladas permiten observar un grupo reducido de personas, algunas con la cara tapada, que habrían lanzado botellas, latas y piedras contra los agentes.

El documento también atribuye a algunos participantes patadas y empujones a los agentes y el uso del palo de una bandera. También recoge supuestos enfrentamientos con turistas que se encontraban cerca. La Policía justifica así las cargas que dejaron a varias personas heridas, entre ellas, varias en la cabeza y en la espalda. Todo ello, unos hechos que serían contrarios al protocolo interno de la Policía Nacional que establece que los agentes deben evitar golpear con la defensa en sentido vertical –de arriba abajo– y prohíbe expresamente impactar en la cabeza, el cuello, las clavículas y la columna vertebral por el riesgo de provocar lesiones graves.

El juzgado deberá investigar también las cargas

El informe policial llega a los tribunales mientras continúa abierta la otra línea del caso: la relacionada con las actuaciones de los agentes durante las cargas. Un total de 25 personas ya anunciaron que se han emprendido acciones legales a través de Alerta Solidària, que asume el acompañamiento jurídico de Menys Turisme, Més Vida. Los denunciantes aseguran haber recibido golpes de porra "sin justificación" y también han denunciado que durante la intervención policial se dificultó la asistencia médica a los heridos, dado que impedían que una ambulancia partiera del lugar durante al menos una hora.

Según los datos aportados por las entidades, 16 de las 25 personas necesitaron asistencia médica. La mayoría sufrieron hematomas y contusiones, mientras que dos personas sufrieron fracturas craneales. Una es el fotoperiodista Xavi Hurtado, que necesitó seis puntos de sutura; la otra quedó ingresada dos días después de que se le detectara una hemorragia interna. Las denuncias ya formalizadas se incorporan así al procedimiento judicial, que deberá abordar tanto las presuntas responsabilidades de los manifestantes identificados por la Policía como las actuaciones que los heridos atribuyen a los agentes.

Una investigación interna sobre los antidisturbios

Paralelamente, se ha abierto una investigación interna sobre la posible desproporcionalidad de la actuación policial. Los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) que intervinieron en Palma provenían del País Valenciano, motivo por el cual esta investigación se ha trasladado a la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Valencia.

Esta vía deberá determinar si los agentes se excedieron en el uso de la fuerza durante las cargas, incluido el caso del fotoperiodista herido en la cabeza, una actuación que quedó registrada en varios vídeos y fotografías. La investigación interna fue ordenada después de las fuertes críticas que provocaron las cargas, también por parte del mismo delegado del gobierno español, Alfonso Rodríguez, que las calificó de "violentas y desmesuradas". De esta manera, el caso judicial incorpora ahora dos líneas de responsabilidad diferentes: la que apunta a siete manifestantes como presuntos autores de desórdenes y daños y la que deberá esclarecer si la actuación de los agentes durante las cargas fue proporcional o si se produjeron agresiones policiales injustificadas.