El Congreso mueve ficha para adaptar el complemento de insularidad al alto coste de la vida en las Baleares
La norma ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, que ha votado en contra
PalmaEl pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el Real decreto ley que obliga al gobierno español a revisar, en el plazo máximo de seis meses, las cuantías de la indemnización por residencia que percibe el personal de la Administración General del Estado destinado a las Illes Balears. El objetivo es adaptar este complemento al actual coste de la vida en el archipiélago y facilitar la cobertura de plazas en los servicios públicos.
La medida se incluye en el Real decreto ley 19/2026, aprobado el 29 de junio, que también regula la jubilación parcial anticipada del personal laboral de las administraciones públicas. La norma ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, que ha votado en contra, mientras que el PP y Junts se han abstenido.
El texto establece que el Ejecutivo deberá negociar previamente con los representantes de los trabajadores y aprobar una modificación de las cuantías en un plazo máximo de seis meses. Además, deja claro que la actualización no podrá comportar una reducción de los importes que perciben actualmente los empleados públicos por este concepto.
Según recoge el mismo decreto, la revisión responde al desajuste existente entre el coste real de vivir en Baleares y el actual complemento de residencia. El gobierno español considera que esta diferencia dificulta atraer y retener personal en la Administración General del Estado y pone en riesgo la cobertura de servicios públicos esenciales en las Islas.
La norma señala, entre las causas de esta situación, la insularidad, el elevado precio de la vivienda, el encarecimiento de los bienes y servicios y las dificultades de movilidad, factores que complican cubrir y estabilizar determinadas plazas, especialmente las que requieren personal cualificado o registran una elevada rotación.
El Gobierno defiende una medida "urgente"
Durante el debate en el Congreso, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, defendió que la actualización del complemento es una medida "urgente" para evitar que la Administración General del Estado continúe perdiendo capacidad para cubrir vacantes en Baleares debido al alto coste de la vida.
Por su parte, el Partido Popular criticó que el gobierno español haya recurrido a un decreto ley para regular aspectos relativos a la función pública y reclamó una reforma integral del sistema negociada con los representantes de los trabajadores.
