MÉS por Mallorca llevará a la Fiscalía el desalojo de la acampada por la vivienda de Palma

PalmaMÉS per Mallorca presentará una denuncia ante la Fiscalía de las Islas Baleares por el desalojo de la Acampada por la Vivienda de la plaza de España, que la Policía Local de Palma ejecutó el pasado 4 de noviembre. La formación considera que la actuación del gobierno municipal del PP, encabezado por Jaime Martínez, podría haber vulnerado el derecho fundamental de reunión y reclama que se investigue si el Ayuntamiento actuó al margen de sus competencias para poner fin a una protesta pacífica.

El coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha señalado que los hechos podrían constituir delitos contra el derecho de reunión, coacciones, vulneración de derechos cívicos y prevaricación administrativa. "Ningún alcalde está por encima de la ley. No podemos permitir que un ayuntamiento utilice a la Policía Local para impedir el ejercicio de un derecho fundamental. Queremos saber quién ordenó esta actuación y si se cometieron delitos", ha afirmado.

La denuncia reclama que se identifiquen los responsables del operativo y que se aclare qué cobertura jurídica tenía la actuación policial y si se ordenó expresamente para impedir que continuara la concentración. En este sentido, MÉS solicita recuperar el expediente municipal, las comunicaciones entre el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno y las órdenes policiales. También pide preservar de manera urgente las grabaciones y los registros de la actuación. El candidato de MÉS por Palma a la alcaldía, David Pujol, ha advertido que, si se confirma que Martínez utilizó la Policía Local para impedir una protesta legítima, el alcalde deberá responder por sus decisiones. "Nadie está por encima de la ley", ha insistido.

La acampada no tenía ninguna orden de disolución

Uno de los argumentos de la formación es que la acampada, instalada en la plaza de España desde el 28 de septiembre, había sido comunicada a la Delegación del Gobierno español, la autoridad competente en materia del derecho de reunión. Según MÉS, no consta ninguna resolución de disolución dictada por esta institución y los participantes aseguran que tampoco recibieron ninguna notificación previa de desalojo.

"Una ordenanza municipal no puede sustituir las garantías constitucionales. La Fiscalía debe aclarar si se utilizó una competencia municipal para ejecutar una disolución encubierta", ha defendido Apesteguia. La formación también ha vinculado el desalojo con las prioridades políticas del gobierno municipal ante la crisis de la vivienda. Pujol ha acusado a Martínez de ponerse "al lado de los especuladores" y de actuar contra las personas que reclaman una vivienda digna. "Pueden retirar las tiendas, pero no harán desaparecer el problema. La vivienda es un derecho, no un privilegio. Y los derechos se garantizan, no se reprimen", ha concluido.